Ministra cree que la protesta de discapacitados es política

El dirigente cruceño Juan José Barrera denunció que los beneficios para las personas con discapacidad no llegan a todo su sector, sino sólo a partidarios.
lunes, 11 de abril de 2016 · 00:00
Página Siete / La Paz
 
La ministra de Salud, Ariana Campero, cree que la protesta de los discapacitados tiene  "un matiz político”  tras romperse el diálogo entre el Gobierno y los marchistas que vienen a La Paz de Cochabamba. Calificó de intransigente la postura del sector  movilizado.  

"Nos hacen pensar que hay un matiz político en la movilización, que hay  intencionalidad de desestabilizar y generar una imagen de Gobierno en la  que somos insensibles y que no accedemos a darles un  bono”, sostuvo la Ministra en el programa El pueblo es noticia de Bolivia TV.
 
Hace 21 días, alrededor de 200 personas con discapacidad  iniciaron una marcha desde Cochabamba hacia la ciudad de La Paz en demanda de un bono mensual de 500 bolivianos. El viernes, una comisión gubernamental de "alto nivel” se reunió con el sector movilizado en  Caracollo, Oruro, pero no  llegaron a un acuerdo.
 
Según Campero, en la primera reunión los dirigentes de las personas con discapacidad   tocaron temas   políticos y   atacaron   a autoridades nacionales. Reprochó que  los marchistas no muestren interés en dialogar por otros beneficios para su sector.
 
"Nosotros fuimos para   tratar el tema de la movilización, una atención integral para personas con discapacidad. Rompieron el diálogo bajo la consigna ‘renta o muerte’.  En un diálogo ambas partes tienen que ser flexibles”, sostuvo Campero.
 
Aseguró  que hubo  avances en  el área productiva que benefician a las personas con discapacidad en el área de salud, educación y economía. Calificó como "sospechoso y preocupante” el hecho de que los marchistas evadan temas  en beneficio de su sector.
 
Al respecto, el dirigente cruceño Juan José Barrera denunció que los beneficios no llegan a todas las personas con discapacidad. Aseguró que los beneficios de los que habla Campero no se cumplen, sólo alcanzan a sectores afines  al   Gobierno.
 
"Lamentablemente ellos tampoco cumplen la Ley 18477. Todavía no tenemos trabajo y no hay salud”, dijo el representante  en el programa Siempre en Domingo de radio Panamericana.
 
Según Barrera, el Ejecutivo pretende imponerles el debate  de temas  comprendidos dentro de la ley. Adelantó que tratarán otras demandas cuando se acepte su pedido de renta. 
 
Los marchistas además  demandan que   el carnet de  discapacidad sea indefinido y que se forme un grupo de peritos para designar el grado de discapacidad en las personas. "Se manipula el grado para que no reciban beneficios”, aseguró Barrera. La marcha llegó a Vila Vila la madrugada de ayer.
 
Gobierno: Sector demandante rechaza instalar una mesa técnica
 
El viceministro de Tesoro y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, informó que las personas con  discapacidad  que marchan hacia La Paz  rechazaron instituir la mesa técnica para buscar una salida alternativa a sus demandas.
 
Aseguró que otras personas de otras asociaciones sí   aprobaron la propuesta estatal.

"El grupo que se moviliza es el único que se niega a dialogar con el Gobierno para formar una mesa técnica de análisis, cuyo objetivo es buscar alternativas de solución a su principal demanda”, indicó el Ministro en una entrevista del programa el Pueblo es Noticia de Bolivia TV.
 
Según Durán, los sectores que accedieron al diálogo son de La Paz, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro; éstos aprobaron la propuesta  en las mesas departamentales.
 
"El viernes, ellos abandonaron el diálogo y dejaron a la comisión con toda la intención de buscar alternativas, como es la característica del Gobierno, y mostraron una actitud cerrada y reacia”, deploró el Viceministro.  
 
Al respecto, la ministra de Salud, Ariana Campero, enfatizó  en que la demanda económica de los discapacitados no se puede aplicar por ser demasiado alta. Explicó que eso  significaría un presupuesto similar al designado actualmente. 
 
"Necesitamos que comprendan que la demanda que ellos plantean   no es viable. Sería como aumentar un décimo departamento a Bolivia”, dijo Campero.
 
La Ministra puntualizó que este sector de  la población ya se beneficia con la renta Solidaria de 1.000 bolivianos que se paga con los recursos que antes se financiaba a los partidos políticos y que suma 40 millones de bolivianos año.     Este dinero, agregó, se divide en dos partes, el 50% para la política asistencialista y el resto destinado a los proyectos. Dijo que la demanda  significaría un incremento del 500% .
 
"Es una demanda impensable. En el caso de las discapacidades  graves y muy graves son tan sólo 22.112. Incorporando las  moderadas, como demandan, no exceden  las 52.000 personas, ni  con las leves  son más 62.000”, explicó la Ministra. Agregó que se debe cuidar el presupuesto nacional para otros sectores.

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