Este mes detuvieron a siete mujeres acusadas de abortar

El Pacto de Despenalización del Aborto denuncia una persecución “moralista”. Médicos, que son mayormente los denunciantes, dicen que cumplen la ley.
lunes, 28 de agosto de 2017 · 02:40
Liliana Carrillo V. / La Paz

Sólo durante este agosto  fueron detenidas siete mujeres acusadas de  abortar en cinco ciudades del país; la cifra triplica los dos casos registrados en los pasados siete meses.  El Pacto de Despenalización del Aborto denuncia  una persecución "moralista”  que amedrenta y atenta contra las mujeres. Médicos, que son los denunciantes en la mayoría de los casos, dicen que  cumplen  la ley.

  "Estamos ante una campaña feroz e inhumana que condena a las mujeres. Son los propios proveedores de salud los que, en lugar de respetar la privacidad de la paciente, la denuncian para que vaya presa. Eso crea temor y resistencia a la atención médica”, denuncia la representante del Pacto de Despenalización del Aborto, Guadalupe Pérez.

 El Código Penal boliviano  castiga el aborto hasta con seis años de cárcel, salvo casos de violación, incesto o  en los que la vida de la madre corra peligro. El  proyecto de ley de modificación del código, aún en debate, amplía las causales del aborto impune. 

Es decir, se plantea que la mujer no sea penalizada  si interrumpe un embarazo durante las primeras ocho semanas si encuentra en situación de pobreza extrema; si no cuenta con recursos para la manutención de su familia; o si es estudiante.

     "Acatamos la ley”, asegura el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea. "Ante un caso de aborto provocado, el médico debe denunciar este acto que es penado por  el código penal.
 
Por lo tanto, si no se denuncia se estaría obrando como cómplice de este delito”, argumenta.

  Detenidas y cómplices

Durante este mes que termina se produjeron más aprehensiones de mujeres que en todo lo que va de la gestión.  "Muchos de esos casos no se hacen públicos pero son al menos 10 en lo que va del año y la mayoría en las últimas semanas”, asegura Pérez. 

Un recuento de Página Siete a nivel nacional establece que hay al menos siete casos documentados de mujeres que fueron detenidas y procesadas por  abortar. Otras cinco personas también fueron aprehendidas en calidad de cómplices en los ilícitos.     

El 2 de agosto, en el barrio cruceño  Pampa de la Isla, Lizbeth B.  fue hospitalizada a raíz de un aborto clandestino con   pastillas que le causó una grave hemorragia. La mujer, de 28 años, y madre de dos niños de 1 y 2 años fue atendida bajo custodia policial. 

Además fue detenido el exmarido de la mujer que admitió en su declaración  que había obligado a abortar a Lizbeth por razones económicas. La prima de este hombre también  fue aprehendida acusada de complicidad.

  El 4 de agosto, en la ciudad tarijeña de Bermejo, Reyna C., de 20 años, fue detenida junto a su novio, acusada de provocarse un aborto con pastillas en la habitación de un motel. Tras la atención de la joven, pesa sobre ella y su pareja una querella.

El 16 de agosto, en la ciudad de Sucre, una joven de 21 años fue  aprehendida en la clínica donde la atendían por interrupción de su embarazo. De acuerdo a los médicos denunciantes, hallaron restos de químicos abortivos en su organismo. 
 
El 20 de agosto,  en el barrio cruceño Los Tusequis, una mujer fue denunciada por médicos de provocar suspensión de su embarazo de cinco meses. Fue sometida a un legrado de emergencia para luego pasar a custodia policial antes de su detención. Su  esposo también fue  aprehendido  y ambos están a disposición del Ministerio Público.
 
El 21 de agosto, en la sede de Gobierno, la  Policía aprehendió a una  adolescente, de 16 años, acusada de abortar. Fue denunciada por  personal de Hospital La Paz, donde acudió con una profusa hemorragia y declaró que tomó la decisión debido al rechazo de sus padres a su embarazo. 

"El Ministerio Público ordenó la aprehensión de la joven que  habría causado un aborto a través de pastillas, incluso poniendo en riesgo su propia vida”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Johnny Aguilera.

 Además de estos casos, que se hicieron públicos mediante la prensa, el Pacto  de Despenalización del Aborto tiene el registro de otras dos detenciones de mujeres acusadas de abortar en Cochabamba y Santa Cruz. Una de ellas fue enmanillada a la cama de un  hospital.

Hasta el año pasado, aunque hubo más de 700 procesos, sólo dos mujeres fueron a la cárcel por abortar. Una  permaneció ocho meses en Palmasola en 2012 y la otra, tres días en El Alto, en 2016. 

 La polémica
  
"La misión de los médicos es brindar atención de  calidad, resguardar la vida. El riesgo es que amedrenten a las mujeres que precisan atención. No pueden imponer su moral en un país laico”, opina Patricia Brañez, coordinadora de la campaña 28 de Septiembre, miembro del Pacto pro Despenalización. 

En contraparte, la Plataforma por la Vida -declarada en emergencia desde que se presentó el proyecto de modificación del Código Penal- ha realizado varias  y masivas manifestaciones en todo el  país en contra de la propuesta que plantea ampliar las causales de   aborto.  
 
Para los médicos, se trata de cumplir la ley. "Mañana los familiares pueden denunciar que en el Centro de Salud no le han salvado la vida a la mujer que se provocó el aborto o que fue el cómplice al callar este hecho”, sostiene el doctor Larrea.

Reconoce, sin embargo, que es  complicado para un profesional  establecer si un aborto en proceso fue provocado. "Si una gestante se presenta con hemorragia, un médico debe actuar y si el embarazo es inviable,  inmediatamente  realizar un legrado intrauterino para preservar la vida de la paciente”, dice Larrea.

Para las activistas, otro de los problemas es que con el argumento de la "objeción de conciencia”, muchos médicos se oponen a practicar el aborto impune, cuando éste se aplica. "Que permitan que otro profesional cumpla la ley”, dicen.

"Lamentablemente no se cumple la sentencia  constitucional que instruye el aborto impune en caso de violación, incesto o  en los que la vida de la madre corre peligro. Las jóvenes son sometidas a consejerías en las que se les inducen a aceptar su maternidad en lugar de hacer cumplir la norma”, opina  Brañez.
 
Leonor, 9 meses de una pesadilla judicial 

Desde hace nueve meses pesan sobre Leonor T.P. medidas cautelares por una acusación de oficio de la Fiscalía. La comerciante alteña de 40 años fue detenida durante tres días el año pasado acusada de provocarse un aborto, por denuncia del médico que la atendió. La madre de dos niños asegura que es inocente y que se violan sus derechos "una y otra vez”.

"Del hospital me llevaron a la cárcel cuando estaba con fuertes escalofríos. Yo nunca hice nada para provocarme un aborto”, refirió a Página Siete  la comerciante sobre la que aún pesan medidas cautelares.
 
"Nunca pensé que en vez de apoyarme en ese momento que había perdido a mi hijo me iban a detener, ¿cómo pueden ser tan inhumanos”, lamentó. 

Pese a la contrademanda que interpuso contra sus denunciantes, su proceso da para largo. La señora debe presentarse cada semana en la Fiscalía, como parte de las medidas impuestas. 

"No tengo una parte contraria, pero pese a eso estoy yendo cada semana para firmar el biométrico, tengo medidas sustitutivas. Tengo que ir hasta que termine el proceso, pero no sé cuando será eso.
 
Es una pesadilla bien larga”, reclamó.

El caso de Leonor se suma a los  775 procesos por abortos ilegales presentados en Bolivia entre 2008 y 2013, según un estudio de la organización no gubernamental  IPAS. De ellos, uno acabó con sentencia de ocho meses de cárcel.

Esa  única condena por aborto en los últimos años en Bolivia corresponde a una guaraní que estuvo ocho meses en la cárcel cruceña de Palmasola en 2012. Entonces, ella  tenía 28 años y había quedado embarazada a causa de una violación, establece el informe de IPAS.

 Helena (nombre ficticio) no presentó  denuncia por la violación y no pidió autorización judicial para el aborto. Durante su vigésima tercera semana de embarazo tomó misoprostol, sufrió graves complicaciones y fue a la Maternidad Percy Boland para recibir atención. Luego del aborto, fue esposada y detenida mientras estaba en el hospital. 

 "Helena estuvo vigilada por dos policías durante su estadía de 10 días en el hospital, mientras que la unidad de homicidios investigaba su caso. La Defensoría de la Niñez de Santa Cruz la denunció por el delito de aborto”.

 El 3 de febrero de 2012, Helena fue acusada oficialmente y puesta bajo detención preventiva en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. Allí permaneció  ocho meses.

 El 6 de junio de 2012, Helena se declaró culpable  y así aceleró su caso para regresar a su hija. La sentenciaron a dos años en prisión, que cumplió fuera de prisión.

No hay  datos oficiales sobre detenciones de mujeres acusadas de abortar. 

 El aborto es la tercera causa de mortalidad femenina
 
Complicaciones a causa de abortos inseguros son la tercera causa de mortalidad femenina en Bolivia, de acuerdo a datos oficiales. El último caso se registró en la ciudad de El Alto.

 El pasado 10 de agosto, una mujer de  33 años  murió en su casa a consecuencia de un aborto auto provocado mediante  la ingesta de  pastillas y hierbas. Dejó en la orfandad a tres niños de cuatro, 12 y 15 años.

"La señora de 33 años identificada como G.M.M. intentó realizarse un aborto ingiriendo pastillas y hierbas, pero falleció. Ella tenía tres hijos y estaba esperando un cuarto. El tiempo del embarazo era de cuatro meses aproximadamente. El esposo fue quien la encontró en su cama y la trasladó a un centro médico de Villa Adela donde vivían”, informó  el Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Jaldiveck Escóbar.

Según la investigación policial, la mujer habría adquirido las pastillas de una farmacia de la zona donde vivía y las hierbas del centro de La Paz. El esposo, en su declaración a la FELCC, dijo que desconocía la intención de su pareja, pero aclaró que sí sabía del embarazo. 

En Bolivia el aborto es ilegal y castigado con prisión, salvo  si es resultado de violación o incesto, si pone en peligro la vida de la madre, según estableció la sentencia constitucional 206/2014. 

  El  proyecto de ley de modificación de Código Penal, que está aún en debate, propone ampliar las causales de la despenalización de la interrupción del embarazo por una vez a la extrema pobreza, la responsabilidad de mantener la casa o la situación de estudiante de la mujer.


 
 
 

 

 


   

79
45