EPSAS adeuda una millonaria indemnización a exempleados

Uno de los beneficiarios es el dirigente que denunció corrupción en una de las intervenciones de la empresa de agua y que también fue denunciado por extorsión.
lunes, 1 de octubre de 2018 · 00:08

Leny Chuquimia / La Paz

Más de 1,6 millones de bolivianos es el monto que la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) SA adeuda por pago de quinquenios e indemnizaciones a exempleados. Los beneficiarios son dos dirigentes que denunciaron despidos e irregularidades en la operadora de agua, durante la intervención de que empezó en 2013 y que debía durar seis meses pero, tras seis extensiones, aún continúa.

“Denuncia en contra del interventor de EPSAS Marcel Humberto Claure Quezada y el señor Víctor Hugo Rico Arancibia por daño millonario debido a la mala administración de la empresa”, es el título de un documento que fue enviado al ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño; al alcalde de La Paz y presidente del directorio de Samapa, Luis Revilla; y a la concejala Cecilia Chacón, el 21 de septiembre.

El escrito al que tuvo acceso Página Siete señala que la operadora de agua potable tiene una millonaria deuda por dos procesos laborales seguidos por los señores Lorenzo Quisberth y Pedro Castro. Ambos, exmiembros del sindicato de los trabajadores de la aún intervenida EPSAS.

La denuncia señala que Quisberth, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de EPSAS hasta el 2013, fue destituido de su puesto de forma injustificada y sin respetar el fuero sindical por denunciar los despidos injustificados y presuntas irregularidades por parte del primer interventor Andrés Zegada (actual funcionario de Samapa).

En este caso, el 27 de junio de 2018 el Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo 135/2018 que ratifica la sentencia que instruye a EPSAS la reincorporación del afectado con el pago de todos sus haberes devengados y otros beneficios. Ese monto asciende a 1.500.000 bolivianos.

“De igual manera el señor Pedro Castro acude a la Judicatura Laboral en demanda de sus quinquenios no pagados”, señala la denuncia firmada por el abogado Marco Ramos.

Según argumenta el documento, el beneficio correspondiente a 10 años no fue cancelado como “venganza” a las denuncias hechas por Castro en contra de la administración de Víctor Rico en 2011. Ese año, los trabajadores cumplieron varios días de paro que terminaron con la renuncia irrevocable de Rico, ahora director de la Autoridad de Fiscalización y control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS).

El total de los quinquenios impagos de Pedro Castro alcanza la suma de 90.721,50 bolivianos. La sentencia determina que este monto debe ser cancelado.


Los paceños aprendieron el valor del agua durante la crisis.
Archivo Página Siete

En 2012, Castro enfrentó una querella penal en su contra, interpuesta por el secretario de Hacienda de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CTFB), León Cuevas, por falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado.

Cuevas sostuvo que el acusado le exigió el pago de 5.000 bolivianos por una conexión clandestina. El abogado Ramos, en contraparte, dijo que la única prueba del supuesto delito era una fotocopia de factura y que el fin de ese proceso era la extorsión a Castro.

Quisberth también enfrenta una demanda penal -injustificada, según el jurista- por parte de EPSAS por el delito de contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público. Una imputación por la que el exfuncionario cumple detención domiciliaria.

Según su abogado, el proceso no corresponde ya que EPSAS nunca pasó a ser una empresa pública sino que se mantiene como Sociedad Anónima tal como lo establece el Informe Jurídico MMAyA/DGAJ/UGJ 2020/2013 elaborado luego de la ampliación de la primera intervención.

Página Siete, solicitó una entrevista a la operadora de agua. No obtuvo respuesta.

Intervención de seis meses se extiende por más de 5 años

Por una “ineficiente gestión que llevó al colapso”, el lunes 1 de abril de 2013 el presidente Evo Morales anunció la intervención de Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS). La medida que inicialmente debió durar seis meses se extiende hasta la fecha y ha sido ampliada en seis ocasiones.

En este tiempo cuatro gerentes interventores fracasaron en las tareas trazadas para heredera de Samapa y Aguas del Illimani. Andrés Zegada fue el primero.

Esa primera intervención, fijada para seis meses, tenía tres misiones: auditar y convertir a EPSAS en una institución pública; garantizar la gestión para su sostenibilidad económica y operativa; y, por último, diseñar una nueva empresa metropolitana.

Desde entonces el plazo de la intervención fue ampliado en seis ocasiones. Pese a que la Paz y El Alto trabajaron en una propuesta conjunta para la creación de una nueva empresa de suministro de agua, en 2017 se anunció una nueva ampliación bajo el argumento de la falta de un proyecto metropolitano.


Marcel Claure actual interventor de EPSAS.
Archivo Página Siete

Desde el 2013, EPSAS ha estado bajo la gerencia de cuatro interventores: Andrés Zegada, Humberto Claure, Hugo Gómez y Rudy Rojas. Este último apenas cumplía su tercer mes de gestión cuando fue destituido, el 16 de noviembre de 2016, por la crisis de agua que causó el desabastecimiento del servicio en 94 barrios de La Paz.

En su lugar fue reposesionado Claure, el segundo interventor. En su primera gestión asumió el cargo tras la dimisión de Zegada, que no logró concretar la municipalización de EPSAS por falta de propuestas de las alcaldías. “Tengo seis meses para cumplir con el traspaso del servicio a una empresa municipal metropolitana”, dijo hace dos años.

La crisis del agua

  • Sequía En 2016 el fenómeno del Niño llegó al país con la peor sequía. De la noche a la mañana, 94 barrios de la ladera Este y zona Sur de la sede de Gobierno se quedaron sin suministro de agua. Las represas estaban vacías. Lo mismo ocurría en Potosí, Sucre y Cochabamba.
  • Destituciones Vecinos, autoridades y la misma EPSAS iniciaron demandas que hasta la fecha están en investigación. Fueron destituidos los gerentes de EPSAS y la AAPS. Horas antes de ser interpelada en la Asamblea Plurinacional, la ministra del Medio Ambiente, Alexandra Moreira, renunció.

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