70 EPSAS fiscalizadas prestan servicio al 70% de la población

La cobertura de agua potable en Bolivia llega al 90% de la población: el 70% recibe el servicio de EPSAS y el 20% de cooperativas y comités. Hubo 401 quejas.
lunes, 16 de abril de 2018 · 00:08

Leny Chuquimia  /  La Paz 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) fiscaliza a  70 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSAS)  que  prestan servicios al 70,74% de la población. Otro 20% es cubierto por cooperativas, comités de agua y similares. 

Entre el  2012 y 2017, el número de  suministradoras de agua  potable  reguladas   subió de 28 a 70.  “En la actualidad, la AAPS fiscaliza a 70 EPSAS importantes en el país.    En 2012   hemos comenzado con 28”, informó el director ejecutivo  de la APPS, Víctor  Rico. Calificó el servicio de estas entidades como “óptimo”.

La mayoría de las EPSAS  está en Santa Cruz. La más grande, en La Paz. “Las 37  suministradoras reguladas de Santa Cruz obviamente no son de las más grandes. La Paz, El Alto y sus alrededores tienen a la mayor operadora  de Bolivia, que es la Empresa Pública Social de Agua Potable y Saneamiento Epsas SA”, sostuvo.   

En Cochabamba hay siete empresas reguladas; en Oruro, tres; en Beni, cinco; en Chuquisaca, tres; en Tarija, cuatro; en Potosí, cinco; y en Pando solo hay una.

Comités y cooperativas

De acuerdo a datos oficiales, la cobertura de agua potable en Bolivia llega al 90% de la población. De ese porcentaje el 70% recibe el servicio de   EPSAS y el 20% de otras   2.368  entidades vinculadas con la fiscalizadora. De éstas, 212 operan con licencia; 2.150 con registro y  seis con   autorización transitoria. Comités de agua y  entidades originarias que administran sus recursos hídricos  son parte de este grupo.

Asimismo operan los Sistemas de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos (SARH). Por ejemplo, en El Alto -área de servicio asignada a EPSAS SA- hay pozos perforados  por empresas como Coca-Cola, Vascal, Tusexis y otras; que   son sujetos a control de servicio y de facturación. 

Aunque son catalogados como de uso industrial, su tarifa es  más reducida. “Se reconoce  que  han invertido sus propios recursos  en la perforación y habilitación de las fuentes de provisión”.

La fiscalización

Para el director ejecutivo  de la APPS,  la importancia  de regular a las entidades suministradoras de agua potable radica en las  mejoras de la prestación de servicios y en la planificación y preparación ante posibles crisis, como la ocurrida en 2015 cuando 74 barrios de la sede de Gobierno se quedaron sin agua. 

Por ello cada una de estas 70 EPSAS deben presentar, de forma anual, un diagnóstico  que tome en cuenta los niveles almacenados en sus embalses  durante la época de lluvias y las previsiones para el estiaje.  Este año, 58   presentaron estos planes de contingencia y 43  fueron aprobados.

  “La AAPS debe hacer seguimiento y motivar a  las operadoras para que hagan sus planes de contingencia, dado que el cambio climático es uno de los factores que generan escenarios que pueden dar sorpresas o situaciones extremas de sequía,  desabastecimiento y racionamiento en las regiones”, explicó Rico en referencia a la escasez que  entre 2016 y 2017 afectó La Paz,  Chuquisaca, Potosí,  y Cochabamba. Algunos  de esos problemas aún no han sido resueltos  totalmente.  

El pasado lunes 9 de abril, la AAPS cumplió nueve años de funcionamiento. Antes de su creación la fiscalización estaba en manos de los Sistemas de Regulación Sectorial dirigidos a un sector principalmente privado. 

“Prueba de ello es que la creación de la antecesora Sisat, coincide con la contratación y concesión a Aguas del Illimani. La AAPS se creó bajo una nueva visión. Más allá de hacer un seguimiento, control y fiscalización del desempeño de las  empresas operadoras, asume una nueva visión del servicio basada fundamentalmente en criterios de conservación, medio ambiente, accesibilidad y protección de los derechos de los usuarios”, manifestó el director de la AAPS.

 
La calidad del agua se analiza con cientos de muestras.

Calidad del agua es buena; los datos no son públicos

Según directivos  de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), la calidad del agua potable en el país “es muy buena”. Los parámetros que evidencian esa situación, no obstante,  no son de acceso público.

“La calidad del agua es óptima y cumple con todos los parámetros, según  los reportes -semestrales y anuales-  de las 70 operadoras de agua. Pero, también hacemos inspecciones de campo para contrastar y verificar los resultados, no sólo ante denuncias sino de forma permanente.  Tenemos todos los resultados pero no en una base abierta o una publicación. Pero si atendemos esas solicitudes a requerimiento”, aseguró el director  de Estrategias Regulatorias de la AAPS, Genaro Camargo.

La Norma Boliviana 512 de agua potable  establece responsabilidades, derechos y parámetros de calidad; pero    no indica si éstos deben ser públicos. El acceso a los estudios especializados sobre la calidad del recurso también es limitado ya que en el país  sólo hay 20 laboratorios cuyos análisis de agua están acreditados. Nueve de ellos pertenecen a las propias EPSAS.

“Esta gestión se  ha pedido a las operadoras  la acreditación de IBMETRO justamente para que los resultados sean más confiables. EPSAS SA  es la única operadora  que tiene aval en más de 22 parámetros”, dijo Camargo.

Señaló que todo ciudadano tiene  derecho a solicitar esta información  y tener una respuesta de las operadores. La negativa de dar la información es  sancionada.

AAPS  atendió  401 reclamos en 2017

Durante  2017, al AAPS atendió 401  reclamaciones administrativas que llegaron a esta instancia porque algún usuario no  recibió una respuesta satisfactoria  de las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable (EPSA). La cifra más alta de los últimos 10 años, con 512 quejas, se registró en 2014.

 “Desde entonces vemos una evolución que esperamos  sea un reflejo de que este tipo de problemas se están solucionando dentro de las mismas operadoras para que los usuarios  no tengan que recurrir al ente regulador, que es un mediador en casos de conflicto”, dijo el director ejecutivo de  la AAPS, Víctor Rico.

Según la memoria institucional de 2016 de la AAPS, el 72% de  estos reclamos son de tipo comercial. Es decir, por facturación elevada, cobros indebidos, recategorización, falta de atención a la solicitud de servicio, incumplimiento de contratos   y cortes injustificados del suministro. El 82% de casos se registraron en La Paz.

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