Procesan a 4 ambientalistas que defendían un árbol de motoyoé

Una abogada, un psicólogo, una jubilada y un botánico son acusados de allanar un predio donde se iba a talar un motoyoé con un permiso irregular.
lunes, 16 de abril de 2018 · 02:14

Carolina Méndez / Santa Cruz

Hace seis años en Santa Cruz de la Sierra surgió una voz que canaliza el susurro de los árboles. Y no es metáfora.  Es el Colectivo Árbol, un grupo sin fines de lucro compuesto por voluntarios de todas las edades, que ha conseguido posicionarse como plataforma ciudadana de referencia ambiental. Hoy, sin embargo, enfrentan vientos difíciles  que les retan a demostrar(se) que sus raíces son profundas.

Cuatro activistas del Colectivo son acusados de allanar un predio donde se iba a talar un árbol de motoyoé con un permiso irregular. El demandante sostiene que actuaron con violencia. Los procesados, que el inédito proceso evidencia la criminalización del ambientalismo. 

Con un toborochi en el corazón 

El 6 de noviembre de 2012,  voluntarios se autoconvocaron a través de las redes sociales, alertados por la tala de árboles que estaba realizando el Gobierno Autónomo Municipal tras la ampliación de la calzada del tercer anillo. El lugar de encuentro fue la plaza 24 de Septiembre. Allí se conocieron y se reconocieron. Todos estaban movidos por el mismo estímulo: la defensa del árbol urbano. Eran 19 y  reclamaban por los casi 500 árboles talados debido a la ampliación edil. 

Se denominaron Colectivo Árbol porque ese nombre resume lo que representan: un grupo de ciudadanos y ciudadanas movilizados en defensa del patrimonio arbóreo. Escogieron como símbolo el toborochi, especie nativa de la zona que tiene espinas y florece. Este árbol está impreso en sus poleras verdes.

En 2013, el Colegio de Ingenieros Ambientales  publicó una investigación  que  evidenciaba que en los últimos 25 años, el municipio de Santa Cruz  había perdido el 70% de su cobertura arbórea. Es decir, que la consecuencia del boom de la construcción urbana   era la tala indiscriminada.

“Estamos en la era de la construcción. Se construye a cada paso, hay edificios por todos lados y eso conlleva a un mal llamado desarrollo que no está incorporando la variable ambiental, que es  fundamental para las ciudades sustentables y para la calidad de vida de los ciudadanos. Como Colectivo Árbol empezamos a demandar al municipio que construya una ciudad a escala humana y de la mano del ciudadano. Nos constituimos en permanente control social de toda la variable ambiental que venía desarrollando el municipio y todas sus políticas públicas en esta materia”, asegura Eliana Torrico, integrante del Colectivo.

Después de seis años de existencia de Árbol, sus integrantes cuentan varios episodios complicados que les ha tocado vivir por defender la flora. Algunos, inclusive de enfrentamientos violentos que intentaron mellar su convicción.

“Hemos tenido muchos, pero muchos enfrentamientos con el municipio en estos años. Uno de ellos, el más connotado, fue cuando nos opusimos a un edificio administrativo llamado Quinta Municipal. La Alcaldía promovió y construyó el inmueble en el parque Autonómico de la Juventud que está dentro del cordón ecológico. En ese terreno no estaba permitida la construcción pero la Alcaldía cambió el uso de suelo y construyó un edificio administrativo. Nosotros como Colectivo llevamos a los estrados judiciales al municipio: al Alcalde, a los 11 concejales y al Gobernador y a sus asambleístas. Interpusimos una acción popular por motivo de afectación ambiental”, relata Torrico.

A pesar de los intentos de paralizar la obra, denunciando el impacto que tendría para el cordón ecológico, la justicia dio la razón a las autoridades y el edificio se llegó a construir. No sin que antes se registrara un enfrentamiento violento  con los voluntarios que mantenían  vigilia en el lugar. 

“Hicimos una actividad de pintado de manos y de plantar en el parque. Cuando estábamos ahí, llegaron funcionarios municipales que nos agredieron, nos golpearon. Terminamos en el hospital con varios días de impedimento”, recuerda.

A pesar de estos impases que refieren, los activistas reconocen que su lucha también ha dado frutos, uno de ellos -el que consideran su mayor logro- es posicionar en agenda pública la variable ambiental y conseguir “el empoderamiento ciudadano que hoy concibe como patrimonio el arbolado urbano”.

La ley del Árbol

Otra cosecha  de estos años es la influencia que tuvo el Colectivo en la realización de la Ley Municipal del Árbol  210/2015. Esa norma instituye  la defensa de los árboles e insta a evitar la tala como una obligación de cualquier persona natural o jurídica. 

Esta ley contempla sanciones, por ejemplo, por talar un árbol nativo con saña, sin ningún permiso, la multa puede llegar hasta a siete salarios mínimos. Y  también incorpora la variable de remediación: el infractor está obligado a plantar tres plantines por cada árbol talado en un lugar que le es asignado por la Alcaldía.

Este marco normativo instruye que solamente será posible la tala de árboles sustentada en un permiso que otorgue la Secretaría Municipal de Medio Ambiente sólo si se demuestra con inspección técnica que el árbol que se cortará ya cumplió su ciclo de vida, está muy enfermo o se constituye en una amenaza porque está a punto de caerse. 

Eliana Torrico , activista y fundadora del Colectivo Árbol.

El Colectivo Árbol ha denunciado  que   estas causales fueron utilizadas alegremente para justificar cualquier tala, mintiendo sobre el estado real de los árboles.  “Hecha la ley, hecha la trampa”.

“Empezaron a generarse ciertas irregularidades en 2016; llegábamos a algunos lugares a denuncia de los vecinos y veíamos que había un predio con 15 árboles que tenía autorización para sacar los 15 con el argumento de que  estaban enfermos pero eso era falso. Así que otra vez empezamos a tener roces con la Alcaldía y también con otro actor importante, la directiva del Colegio de Ingenieros Forestales que de un tiempo a esta parte ha estado emitiendo informes que habilitan la tala. Cuando reclamábamos al municipio nos decían que había un informe del ente colegiado”, explica Torrico. 

El motoyoé y la  demanda 

Una abogada, un psicólogo, una jubilada y un botánico son los demandados por “allanamiento de morada”. El hecho ocurrió el 12 de octubre pasado, cuando estos voluntarios se presentaron a un lote luego de una denuncia de  la tala de un motoyoé. Según el testimonio de Alejandro Angulo, activista del Colectivo, la acción judicial les sorprendió  ya que no hubo  ataque  de ninguna de las partes.

“A través de nuestro grupo se pedía ir a ver la tala denunciada. Ante la insistencia fui en mi bicicleta hasta el predio. Llegué a las 16:00 y estaban tres voluntarios fuera. Toqué la puerta y salió un señor, le pregunté: ‘¿puedo ver su motoyoé?’ Me dijo que sí, no me puso ninguna traba. Él abrió la puerta y le pidió carnet a uno de mis amigos. En ningún momento se portaron mal con nosotros, ni los trabajadores ni el arquitecto que llegó después. No hubo agresividad ni de ellos, ni de nosotros”, cuenta Angulo.

El propietario del inmueble les mostró la documentación que autorizaba la tala. Según la abogada y activista Eliana Torrico, ese permiso carecía de firma y sello. 

Los activistas decidieron develar la irregularidad ante la Secretaría de Medio Ambiente y se dirigieron a esa oficina  junto al arquitecto  que representaba al dueño del predio. Luego de una reunión de casi tres horas no se consiguieron aclarar el  porqué había una autorización  irregular, 

“Fue en vano porque básicamente nos dijeron que es necesaria la reglamentación de la ley para que no haya vacíos, pero nada más. Y mientras, el árbol estaba siendo talado”, relata Torrico.

Después de esa reunión, los activistas desestimaron volver al predio pues el árbol ya había sido cortado. Aparentemente allí terminaba el caso; sin embargo, un mes después  les llegó una notificación por allanamiento. 

El motoyoé, cuya tala desató la polémica, en 2017.

“Llegué a mi domicilio y me encontré a tres policías con un abogado que me dice ‘venimos a notificarla por allanamiento’. Les digo: ‘señores, se han equivocado, yo nunca he entrado a violentar ninguna casa’. Luego veo que al abogado del denunciante había sido el asesor legal del Colegio de Ingenieros Forestales. Cuando le encaré ‘¿acaso usted no es asesor legal del Colegio?, ¿qué hace aquí denunciándome?’. ‘Yo también tengo derecho a trabajar por mi cuenta’, me respondió”, cuenta Torrico.

 El hecho de que el abogado del demandante tenga vínculos con un ente que ha tenido  diferencias con el Colectivo despertó la desconfianza de los activistas, no sólo de esta plataforma, sino de  otros grupos activistas. Hoy alertan sobre  un “intento de criminalizar el activismo a través de la persecución de los integrantes de colectivos”.

El demandante, Guery Flores Rivas, rechaza la versión del Colectivo Árbol. Asegura que lo que ocurrió fue un episodio violento en el que se le intimidó. Descarta cualquier vínculo con el Colegio de Ingenieros Forestales. Es una mera coincidencia  que el abogado que lleva su caso tenga relación con el ente colegiado, dice.

El mismo árbol  hoy. Fue talado en octubre  pasado.

“Ellos mienten al decir que no vinieron de manera prepotente. Yo he tramitado un año de permisos para estar en regla así que fue un abuso que vengan a cuestionarme. Deberían haber venido al menos con otro tono, no que se ponen una capa y creen que van a ser impunes. Ni siquiera me han pedido disculpas hasta la fecha. Y en cuanto al abogado, fue una coincidencia, no hay ningún afán político o de maniobra por detrás como ellos creen”, explica Flores.

Este caso moviliza a varias plataformas activistas en Santa Cruz. Los demandados están a la espera de sus audiencias cautelares que ya han sido suspendidas en varias oportunidades por ausencia del Ministerio Público. 

El Colectivo Árbol ha denunciado varias irregularidades en el proceso, entre ellas la desaparición de  las pruebas presentadas como descargos, como el video del día cuando los voluntarios fueron a ver el motoyoé.

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