¿Qué relación tienen Los Kjarkas con la urbanización que amenaza al Tunari?

Las construcciones están dentro de la franja de recarga acuífera de la Llajta. Los dueños dicen que compraron los terrenos de allegados a los Hermosa; ellos lo niegan.
domingo, 30 de septiembre de 2018 · 00:10

Leny Chuquimia / Cochabamba

¿Qué relación tiene la agrupación folklórica Los Kjarkas con la urbanización del mismo nombre que crece sobre la cota 2.750 y que amenaza al Parque Nacional Tunari? El líder del grupo musical, Gonzalo Hermosa, sostiene que ninguna y asegura que las 13 hectáreas que posee su familia en Chillimarca no están dentro del área protegida.

Los propietarios de los predios cuestionados dicen que los compraron hace años de allegados a los artistas. Ambientalistas y autoridades reafirman que son infraestructuras ilegales, pues están dentro de la franja de seguridad ecológica del Tunari.

En 2015 , Los Kjarkas ofrecieron al Gobierno terrenos de su hacienda La Elvira -en el Parque Nacional Tunari (PNT)- para la construcción de un “megateatro”. Ese proyecto no se concretó, pues implicaba riesgo ecológico al estar en un área acuífera; pero reactivó el interés inmobiliario en la zona cochabambina.

“Hemos llegado hasta el lugar reiteradas veces para denunciar la proliferación de construcciones que están por encima del límite urbanizable”, sostiene el asambleísta departamental de Cochabamba, Freddy Gonzales (UD).

Se refiere a un área ubicada en el municipio de Tiquipaya, a menos de una hora de la ciudad de Cochabamba, y que es conocida como Chillimarca. Allí se levantan al menos tres nuevos asentamientos urbanos que implican riesgo: Las Retamas, Barrio Lindo y Kjarkas.

“No es nuestra urbanización. En nuestros predios apenas hay unas cinco casas antiguas y abandonadas. Esa tierra la hemos comprado hace más de 20 años, mucho antes de la ampliación de los límites del llamado Parque Nacional Tunari”, explica Hermosa al referirse a la hacienda La Elvira.

“Propiedad privada, prohibido el paso. Hay cámaras de seguridad” advierte un letrero en el ingreso a este predio ubicado sobre la avenida Chillimarca. Ese terreno, aseguran los lugareños, rodea y es parte de las cuatro hectáreas en las que debió construirse el “megacoliseo”.

La urbanización Kjarkas cuenta con al menos 30 viviendas. Hay bolsas de cemento y ladrillos almacenados en patios y habitaciones a medio construir.

“Estos asentamientos ni siquiera están en el límite del parque, sino en la cota 2.850, que de acuerdo con informes del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) es ‘zona 2’, de alta recarga acuífera”, afirma el asambleísta Gonzales.

Ley 1262, promulgada en 1991, fija la cota 2.750 como el nuevo límite para el área urbana aledaña al Parque Tunari, hito que antes se encontraba en la avenida Circunvalación. Instruye la “expropiación” de los terrenos que están dentro de la ampliación, excluyendo a las tierras cultivadas o con instalaciones industriales.

Si bien la familia Hermosa adquirió los terrenos mucho antes de la ley, obtuvo el título ejecutorial del INRA en 2013. Ese documento corresponde a 13 hectáreas de tierras “de vocación agrícola y ganadera”.


En la urbanización Kjarkas se levanta una treintena de casas.

Gonzalo Hermosa dice que esta función se cumple, pues la hacienda tiene cultivos de maíz, árboles frutales y parcelas de flores que son las que más se comercializan. “Hay tierras descansando porque vienen desde que eran parte de la hacienda de Salamanca”, afirma.

“Nuestro ganado es mínimo porque los animales han muerto por comer bolsas y por plagas del bicho ‘palito’”, manifiesta el músico. Añade que nunca hubo expropiación de los predios y, por tanto, él tiene “todo el derecho de trabajar y construir”.

El 17 de agosto pasado, el director del SERNAP, Abel Mamani, anunció una investigación de las edificaciones en el sector.

Página Siete visitó la zona hace una semana. Evidenció que las construcciones en toda la franja ecológica del Tunari avanzan. Los árboles son talados y casas de lujo se levantan en su lugar.

Peligro para el Tunari y 11 municipios aledaños

En febrero pasado una riada causó la muerte de cuatro personas en el municipio de Tiquipaya. Los afluentes del río Taquiña, que bajan desde el Tunari, arrastraron toda la tierra suelta a su paso y generaron una mazamorra que cubrió casas enteras. Hasta hoy una capa de lodo seco cubre la zona de desastre.

“Se está avasallando la franja de seguridad, las torrenteras y la zona de recarga acuífera que ocasionan grandes problemas. Ya en 2016 el emplazamiento de la urbanización Los Lirios del Tunari ocasionó una riada con tres víctimas y este año nos volvió a ocurrir en la cuenca del Taquiña. Es un peligro para el parque y los mismos habitantes”, afirmó el asambleísta departamental de Cochabamba Freddy Gonzales.


El portón que señalan los pobladores cuando se pregunta por la urbanización Kjarkas.

El Parque Nacional Tunari se extiende a lo largo de 328.478 hectáreas compartidas por 11 municipios. Alberga a 29 cuencas hídricas y tiene más de 600 afluentes. Para cubrir toda la superficie el SERNAP apenas cuenta con 13 funcionarios y sólo ocho de ellos son guardaparques.

Hasta 2016 esta instancia encargada del manejo del Parque Tunari había iniciado 48 procesos por construcciones ilegales; pero por falta de personal en los últimos dos años el control fue insuficiente. Las urbanizaciones avanzan a ritmo acelerado, deforestando la zona, asfixiando los ríos y generando terrenos vulnerables.

Tras el desastre de febrero, la Gobernación de Cochabamba identificó a las construcciones de las torrenteras como detonante de la mazamorra. La Dirección de la Madre Tierra anunció entonces un plan de reforestación.

Pero los problemas no sólo se deben a la estabilidad de suelos. Ambientalistas y especialistas de la Universidad Mayor de San Simón han advertido del peligro de urbanizar la principal fuente de suministro de agua de la Llajta. Las construcciones impermeabilizan el suelo evitando la recarga de los acuíferos, lo que genera escasez. También generan riesgo de contaminación por las aguas servidas que producen los asentamientos.

“Solo nos acordamos del Tunari cuando hay un incendio forestal, riadas o inundaciones. Hay competencias compartidas entre todos los niveles del Estado, pero se está deslindando responsabilidades”, dijo Gonzales.


Hay edificaciones de varios pisos en Chillimarca.

Buscan legalizar todos los asentamientos

Poco después de la tragedia en Tiquipaya, el diputado cochabambino Víctor Gutiérrez repuso el proyecto de ley que había presentado en 2016 para legalizar las construcciones que se encuentran por encima de la cota 2.750 en el Parque Nacional Tunari.

Aunque cualquier emplazamiento en el área protegida está prohibido, los dueños de los terrenos se dan modos para sanear las construcciones. En reiteradas ocasiones, en la Asamblea Departamental de Cochabamba se ha denunciado “una intención maliciosa del INRA” para sanear tierras dentro del Parque Tunari.

“En algunos casos, estas construcciones llegan con postes de energía eléctrica. Hemos preguntado cómo hacen esto y resulta que la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC) es la que ofrece hacer también las fichas ambientales. Vamos a pedir una explicación al respecto”, dijo el asambleísta Freddy Gonzales.

Página Siete tuvo acceso a una “Guía Ambiental” dirigida a organizaciones sociales territoriales y predios particulares que se encuentran en la franca ecológica del Tunari. Gonzales señaló que documento aún está en socialización pero que causa preocupación pues sería parte de la regularización.

La guía tiene por objeto establecer las bases, condiciones y directrices técnicas para la gestión ambiental de predios existentes sobre la cota 2.750. Advierte que esa gestión es obligatoria y se aplicará de por única vez. El plazo de implementación es de dos años; después, el predio que no obtenga la aprobación sera declarado ilegal.

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