Áreas protegidas en riesgo e indígenas cercados en 2018

Contaminación en áreas protegidas, amenazas a pueblos indígenas y explotación de empresas chinas sin control marcaron la gestión. Lo positivo fue la primera sentencia a traficantes de jaguares.
miércoles, 02 de enero de 2019 · 00:04

Miriam Telma Jemio /  Mongabay Latam

La deforestación, el tráfico de fauna silvestre, la explotación ilegal de oro en ríos de la Amazonia por empresas chinas y el inicio de proyectos en áreas protegidas y territorios indígenas marcaron  2018. En el lado positivo, se sentó precedente con la primera sentencia contra traficantes de jaguares, los indígenas chimanes recuperaron parte de su territorio ancestral y el gobierno boliviano firmó el Acuerdo de Escazú.

En el año que acaba de terminar se confirmaron varias de las principales preocupaciones que expertos, activistas y pueblos indígenas tenían sobre el futuro de la gestión ambiental en Bolivia. Un ejemplo claro ha sido el reciente rechazo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de pobladores y legisladores contra cuatro leyes que permiten la exploración y explotación de hidrocarburos en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

Este es uno de varios proyectos de extracción de los recursos naturales insertos en la política económica del gobierno de Evo Morales, el cual, en los últimos años, le ha abierto las puertas a las actividades hidrocarburíferas, mineras y agrícolas dentro de las áreas protegidas y de los territorios indígenas. 

A esto se suma la cuestionada participación de empresas chinas en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, que van desde carreteras hasta hidroeléctricas, la presencia de cultivos ilegales de hoja de coca en seis áreas protegidas de Bolivia, los actos de corrupción detrás del tráfico de madera y las nuevas mafias que le arrancan los colmillos a los jaguares.

La reserva de Tariquía  se caracteriza por su enorme biodiversidad.

Lo malo: las áreas protegidas en la  mira

La política económica boliviana ha puesto en jaque a algunas de las áreas protegidas más biodiversas del país y los críticos no se han quedado callados. El investigador y experto en temas indígenas Leonardo Tamburini sostiene que el Estado ha diseñado una arquitectura jurídica, entre 2012 y 2015, para intervenir en territorios indígenas y áreas protegidas con el fin de realizar actividades extractivas y ampliar la frontera agrícola.

Entre las normas a las que se refiere Tamburini figuran, en primer lugar, los decretos supremos 2298 y  2366, ambos publicados el año 2015, que, según los expertos, reducen la consulta previa a un simple trámite administrativo y permiten la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas.

En la misma línea está la Ley 969, que permitirá la construcción de infraestructura en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) y que da luz verde para la construcción de hidroeléctricas que afectan por lo menos a seis áreas protegidas bolivianas.

Otro de los peligros de la política extractiva boliviana es que este año se ha expandido la frontera petrolera a otros territorios. “Las operaciones ya no están sólo focalizadas en el Chaco, sino que han ingresado a la zona andina y amazónica del país”, dice la  investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Silvia Molina.

Para la investigadora, esto tendrá un fuerte impacto en la zona (Amazonia) porque toda actividad petrolera demanda la construcción de infraestructura, mientras que la minería transforma el territorio y contamina con mercurio el agua y los suelos.

“La política económica del gobierno se dirige cada vez más a profundizar la explotación de la riqueza natural del país, porque requiere de contar con mayores ingresos económicos para mantener el gasto público –dice Molina–, por eso incursiona más en áreas protegidas y territorios indígenas, con condiciones favorables para las empresas extranjeras”.

En este escenario –sostiene la especialista– el rol del Ministerio de Medio Ambiente y de la Autoridad de la Madre Tierra ha sido decepcionante pues,  primero, avala las acciones del gobierno y,  segundo,  presenta, en espacios internacionales, la gestión  como la de un Estado que respeta el medioambiente, cuando en la práctica no lo hace.

La irrupción de actividades extractivas en áreas protegidas también pone en serio peligro la conservación de la biodiversidad. De hecho, Vincent Vos, biólogo e investigador del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), menciona un estudio que estima que en las próximas décadas la flora y fauna de la Amazonia boliviana se reducirá en un 40 %, sin que se instalen proyectos extractivos.

Las áreas protegidas son claves para conservar refugios para la vida silvestre, “intervenirlas, sin duda, provocará un aumento en las tasas de pérdida de biodiversidad e incluso la extinción de especies”, remarca Vos.

Por eso la aprobación de la exploración hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en Tarija, ha sido mal recibida por un sector de la población boliviana. Los comunarios han rechazado el ingreso de las empresas YPFB Chaco y Petrobras a San Telmo Norte y al Área Astillero, y denuncian que incluso el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) habría cambiado la zonificación del área protegida para facilitar la obtención de las licencias ambientales que dan luz verde al inicio de la exploración.

Pero otra fracción de comunarios apoya el proyecto recientemente firmó un convenio con el Gobierno. “Este convenio con el Distrito 11, tiene el objetivo de velar por las fuentes laborales locales, permitiendo el desarrollo y la protección de nuestra naturaleza”, afirmó el viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero, Carlos Quispe.

Quispe desmintió que la empresa operadora haya ejecutado actividades en la zona núcleo de Tariquía; resaltó que la consulta pública se realizó en junio.

Trabajadores de BGP Bolivia en los trabajos de exploración en la Amazonia.

Lo preocupante: la arremetida de las hidroeléctricas

En su búsqueda por convertir a Bolivia en el centro energético de la región, el Gobierno también ha sacado adelante, a pesar del rechazo de las comunidades, tres proyectos. El primero ha sido la construcción de las represas El Chepete y El Bala, que pondrían en peligro al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (La Paz) y la Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas (Beni). 

El segundo proyecto polémico ha sido la construcción de la hidroeléctrica Rositas, que, se prevé, impactará al Área Natural de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños (ANMI), al Parque Nacional, a ANMI Serranía del Iñao y al Área Protegida Municipal Parabanó. Finalmente, la construcción de la hidroeléctrica Ivirizu  ya ha deforestado alrededor de 500 hectáreas dentro del Parque Nacional Carrasco (Cochabamba), como  denunció Mongabay Latam.

“El gobierno nos está despojando de nuestros recursos de vida con la ejecución de proyectos de carreteras e hidroeléctricas en territorios indígenas y áreas protegidas, para facilitar el más perverso extractivismo, como son la minería, las exploraciones petroleras, la deforestación para monocultivos y transgénicos como la coca, la soya y la caña de azúcar”, denuncia la indígena uchupiamona Ruth Alipaz.

Los efectos han sido denunciados por los pueblos indígenas: pérdida de fuentes de agua y alimentos y envenenamiento de ríos,  aire y  suelo con mercurio.

Alipaz ve al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como un brazo operativo del Gobierno para despojar a los uchupiamonas de sus tierras. Ellos culpan a esta institución de autorizar asentamientos de colonos de manera irregular en los territorios indígenas, como sucedió en las OTC del pueblo tacana  de La Paz.

Para Silvia Molina del CEDLA, en 12 años de gobierno “los indígenas están peor que antes, sus derechos están violados como

nunca, sus territorios están afectados como nunca”. El Gobierno –señala la investigadora– está llevando a estos pueblos a emigrar a los cinturones de pobreza de las ciudades. “Ellos requieren la protección del Estado para resguardar la riqueza que representan para el país, no se atienden sus verdaderas necesidades, se les impone una visión de futuro y desarrollo”, lamenta.

La reacción del presidente  Morales suele ser categórica cuando alguna de estas decisiones es cuestionada.  Frente a la denuncia presentada por líderes indígenas bolivianos en abril, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, el mandatario boliviano reaccionó advirtiendo que se llevaría las inversiones a otro lado.

“Esos proyectos como Rositas son el pedido del departamento de Santa Cruz, sin embargo, algunos hermanos, repito, bajo la influencia de algunas empresas u ONG, protestan. Yo decía, si no quieren, no hay problema, hay otros departamentos que quieren y han consensuado, vamos a trasladar esa inversión a otros departamentos”, dijo Evo en un acto público.

Además de las hidroeléctricas, el plan energético del Gobierno ha sumado  nuevos proyectos como los agrocombustibles.  El 1 de noviembre se inició la comercialización del etanol, una iniciativa público-privada que para Morales aportará energía limpia a la matriz energética, permitirá incrementar en un 1 % el PIB y reducirá la subvención e importación de combustibles líquidos. Se prevé una inversión privada en el sector agrícola y agroindustrial de 1.600 millones de dólares y el incremento gradual de la productividad y la variedad de cultivos.

Aunque el Gobierno afirma que el etanol es un combustible verde, Miguel Crespo, director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), remarca que en realidad se ampliará la  frontera agrícola y aumentará la importación de alimentos. Para Marco Gandarillas, del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), el bioetanol “es un estímulo directo para la ampliación de la frontera agrícola para plantar caña, lo que implica más deforestación”.

Lo imparable: el aumento de la deforestación

La pérdida de bosques se ha incrementado en las últimas décadas por la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, la adjudicación de tierras del Estado a comunidades campesinas, interculturales e indígenas, el desarrollo de actividades extractivas y las políticas dirigidas a garantizar la seguridad alimentaria.

La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) calcula que entre los años 2016 y 2017 se deforestaron en Bolivia más de 554.000 hectáreas. Y aunque la institución estatal sostiene que la deforestación ilegal bajó en un 26% en 2017, la legal se elevó en un 1%, manteniendo su tendencia al alza desde hace cuatro años. La deforestación ilegal representa el 57% y la legal, el 43%.

Pablo Solón Romero, analista y director de la Fundación Solón, critica que la ABT hable de una disminución de la tala ilegal cuando, en la práctica, lo ilegal se está volviendo legal. “No se está reduciendo la deforestación, eso muestran los datos de la ABT. El impacto en términos ambientales es el mismo, ya sea legal o ilegal la deforestación”, puntualiza.

Además, señala Solón, exembajador del actual Gobierno, si se contrastan los datos de deforestación con los focos de calor registrados –las quemas que realizan los agricultores para habilitar sus tierras– se puede concluir que la superficie deforestada podría ser mayor y que pasaría incluso de las 300.000 hectáreas.

Las áreas protegidas, por otro lado, siguen siendo el blanco de los traficantes de madera. “La tala indiscriminada e ilegal de árboles dentro de las áreas protegidas y fuera de ellas es permanente. Las denuncias que recibimos de las comunidades son constantes”, sostiene Abel Mamani, director del Sernap. Los traficantes falsifican los certificados emitidos por la ABT para transportar la madera, como lo denunció Mongabay Latam, junto a seis medios periodísticos en el especial Madera sucia.

Por otro lado, la deforestación en algunas áreas protegidas también está vinculada al avance de los cultivos ilegales de hoja de coca. El informe anual de Monitoreo de Coca de 2017 de la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC) confirma que existen por lo menos 253 hectáreas tomadas por esta actividad ilegal y que las áreas protegidas más amenazadas son el TIPNIS y Carrasco en Cochabamba; Amboró en Santa Cruz; y Apolobamba, Madidi y Cotapata en La Paz.

El Parque Nacional Carrasco es el más golpeado por este cultivo ilegal: pasó de tener 95 hectáreas en  2016 a 117 en  2017. Le sigue los pasos el TIPNIS, que tiene 33 hectáreas sembradas.

Lo feo: inversiones chinas sin control

La incursión de las empresas chinas en Bolivia se ha convertido en una seria preocupación para diferentes instituciones ligadas a la investigación y a los derechos humanos y ambientales.

“Es el tema que más nos preocupa, porque el desempeño ambiental de las empresas chinas es el más bajo que hemos visto hasta ahora, y están en las áreas más sensibles y frágiles”, puntualiza Marco Gandarillas del CEDIB.

Para el investigador es de “extrema preocupación’’ que el Estado aplique un modelo de flexibilización ambiental con estas empresas y que permita la impunidad para los delitos que cometen en el país. El tráfico de colmillos y partes de jaguar es uno de los problemas más conocidos, pero hay otros que se han denunciado y que están relacionados con la construcción de hidroeléctricas, carreteras, la incursión petrolera y, una de las más sonadas en el país, la participación de ciudadanos chinos en la minería ilegal de oro.

Una investigación de Gandarillas develó que las empresas chinas están presentes en todos los sectores. En lo formal, están inscritas como proveedoras del Estado de manera individual o formando sociedades accidentales. en  el ámbito de la informalidad, han buscado asociarse con cooperativas que desarrollan la minería ilegal en ríos de la Amazonia.

 “Extraen el oro con las dragas y, ahora, estamos viendo los ‘dragones’, que son muchos más grandes. Están amalgamando con mercurio para extraer la mayor cantidad de oro’’, lamenta Gandarillas. Y argumenta: la contaminación con mercurio, de ríos y suelos, es incontrolable.

Gandarillas menciona, en el ámbito de lo formal, otro caso muy sonado en Bolivia y que involucra a la empresa china BGP. Ésta

firmó un contrato con la petrolera estatal YPFB, en abril de 2015, para realizar la exploración sísmica en el bloque petrolero Nueva Esperanza, en la cuenca del Río Madre de Dios, al norte del departamento de La Paz. Como resultado de este trabajo, BGP fue acusada -por organizaciones del sector ambiental y de derechos humanos- de generar un impacto ambiental en el área y poner en riesgo el territorio indígena Tacana, así como la vida del pueblo indígena no contactado Toromona. 

Esto se detalla en el informe Impactos de empresas chinas en los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina, elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA).

Para Gandarillas situaciones como esa se producen  por la debilidad de las entidades como el SERNAP, cuya función es controlar pero no tiene la capacidad para hacerlo.

¿A cuánto asciende hoy la deuda externa que tiene Bolivia con China? El embajador Liang Yu confirmó en marzo de este año, en una entrevista concedida a un medio local, que la cifra bordea los 609 millones de dólares y no los 7.000 millones como, señaló, han publicado algunos medios. También reveló un dato que hasta ese momento no se tenía tan claro: que actualmente “60  empresas chinas operan en Bolivia, y el valor de contrato de los proyectos alcanza  casi 7.000 millones de dólares”. ¿De dónde proviene el dinero? Según Liang Yu, “la fuente de financiamiento de dichos contratos proviene del Gobierno boliviano, las instituciones financieras internacionales, privadas, etcétera”.

Para el investigador de CEDIB, por lo tanto, es necesario empezar a observar bajo qué condiciones se están firmando los contratos, porque presume que existen acuerdos expresos que allanan el camino a las empresas chinas. “Se adjudican obras, megaobras, sin cumplir los procedimientos, licitaciones, fiscalización. Se flexibiliza su tipo de funcionamiento’’, señala Gandarillas.

Silvia Molina del CEDLA coincide con Gandarillas y resalta la falta de transparencia que existe en los acuerdos de financiamiento celebrados entre ambos gobiernos. “No sabemos en qué condiciones se dan, hay una total pasividad de las autoridades nacionales cuando se denuncia violación de los derechos”, indica. El CEDLA sistematizó 250 denuncias contra empresas de origen chino, entre 2015 y 2018, la mayoría por la vulneración de derechos laborales.

La investigación del CEDLA establece también que con el financiamiento de China y los contratos llave en mano, resultado de la flexibilización, cambiaron los procesos de inversión pública, la adjudicación de contratos y se abrió el país a la llegada de más de 60 empresas chinas.

Inédito  juicio  que dio por resultado la   primera sentencia contra traficantes de jaguares.
Foto: Mongabay

Lo bueno: sentencia esperada, territorio recuperado

En noviembre pasado, tras ser suspendida la audiencia en 13 oportunidades, los ciudadanos chinos Ying Lan   y Ming Ly fueron sentenciados a tres y cuatro años de prisión respectivamente por traficar  partes de jaguar. Esta decisión judicial fue un logro para las autoridades ambientales, activistas y profesionales, quienes  vigilaron de cerca el caso y que estuvieron presentes a lo largo del proceso.

Hoy, a pesar que los abogados de la defensa preparan la apelación, la sentencia constituye un precedente y envía un mensaje contundente a aquellas personas que forman parte de estas mafias que trafican animales silvestres.

La asesora legal de la Direna de Santa Cruz señala que si bien es un logro la sentencia, en la práctica es muy difícil conseguir que los jueces y fiscales entiendan la magnitud del problema porque, básicamente, no están especializados en los delitos ambientales.

Pero en lo que sí coinciden la mayoría de bolivianos es en reconocer el papel que jugó la sociedad civil a lo largo del juicio. “Se generó un movimiento sin precedentes, que permitió romper la impunidad. Fue sobre todo gracias a un grupo pequeño de activistas fuertemente comprometidos, pero también por algunos actores públicos que mostraron la efectividad de los cambios normativos e institucionales”, explica  Vincent Vos.

Para el biólogo la prensa  tuvo un papel clave. “El periodismo de investigación de alta calidad provocó una fuerte reacción del público en general, que   fue el respaldo para los abogados y activistas en el caso de los colmillos”, evalúa.

La firma del Acuerdo de Escazú por el Gobierno boliviano es considerada otro avance. Este acuerdo, en el que participan países de América Latina y el Caribe, permitirá asegurar el acceso a la información de manera oportuna, promoverá la participación de la población en las decisiones que afecten sus vidas y, sobre todo, permitirá proteger a los defensores ambientales. 

Por eso, Marco Gandarillas considera positivo que Bolivia lo haya firmado. “Es un acuerdo muy claro, muy bien detallado, el cual da muy poco margen para que los Estados puedan dilatar su implementación”, remarca.

Si bien Solón y Tamburini consideran también que la firma del tratado es una buena noticia, temen que el Estado boliviano no respete los compromisos.

Otro hecho que llamó, en buen sentido, la atención de los bolivianos fue la recuperación del territorio indígena chimán. 

El 28 de noviembre funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), junto a los dirigentes del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), realizaron el desalojo, destrucción y confiscación de bienes de los madereros ilegales, asentados ilegalmente en el bosque chimán, ubicado en el Beni. Pablo Solón Romero resalta este hecho como positivo, porque después de casi tres décadas se logró recuperar las tierras que por ley les pertenecen a los chimanes.

El año 2019 será un año electoral y los analistas y expertos aún no tienen claro cuál será la estrategia del gobierno para enfrentarse a  todos estos graves problemas ambientales.

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