En Bolivia, niños venezolanos están expuestos a la mendicidad

Según los defensores, los pequeños no acceden a derechos fundamentales, como identidad, salud y educación. Cada día, 15 familias ingresan al país de forma ilegal.
miércoles, 16 de octubre de 2019 · 01:52

Verónica Zapana S.  / La Paz

“Ven acá, chamaca, y siéntate. No me hacen caso”, dice una migrante venezolana, mientras jala a sus dos pequeñas  y las obliga a sentarse a su lado. Cansada  y con ojeras, la mujer pide limosna en la avenida Camacho de La Paz. Minutos antes, las pequeñas de tres y dos años  corrían por la acera sin zapatos y no  escuchaban las  órdenes de su mamá, sólo querían jugar. Pero poco a poco  se dieron cuenta de que debían ayudar a su familia y  comenzaron a pedir dinero.

“Hemos llegado hace una semana. Con mi esposo y mis hijas entramos de forma ilegal  por Desaguadero. La situación en mi país está grave y por eso decidimos migrar.  En Venezuela no teníamos qué comer. Aquí con la ayuda de la gente ya podemos dar algo de alimentos  a mis niñas”,  cuenta   la mujer de 23 años.

No es  el único caso. En  las calles del Centro y la zona Sur de La Paz varios migrantes venezolanos con sus  hijos  venden dulces y piden limosna. Según el responsable del Derecho Internacional de la Coalición Boliviana por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Carlos Zárate,   la situación  de  estos  menores de edad es muy crítica en el país porque  están expuestos a la mendicidad y no acceden a derechos fundamentales: salud y educación.  

“Los niños, al acompañar a sus papás que venden billetes, dulces y piden limosna, se encuentran en una situación de mendicidad y son víctimas potenciales de que se violen sus derechos”, dice  Zárate. Añade que los pequeños  están en riesgo y pueden ser víctimas de “trata, tráfico, violencia sexual y comercial”.  “Es una gran preocupación”, dice.

Ante esa situación, la organización solicita  a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales generar  planes y políticas de emergencia para el acogimiento y la protección de la niñez migrante.  

Según miembros de la  coalición,  esta población infantil, al estar en  condición ilegal,  tiene vulnerado el “derecho llave”:  de la identidad y, en consecuencia,  otros, como el del acceso a la educación, salud y  protección integral. “¿Qué pasa con la  salud de estos niños si se enferman?  Habrá  otros que  se quedarán  y  no podrán estudiar”, lamenta.

Tal es el caso de  Luisana, quien por su  embarazo no concluyó la secundaria en su país y  cuyo  futuro, ahora en Bolivia, es incierto. La joven  llegó hace una semana a La Paz  junto a su pareja y su  bebé. Los tres subsisten con la venta de dulces. “Mi sueño es ser profesional y trabajar”, dice la joven de 18 años.  Relata  que   cuando llegaron  a la sede de Gobierno, su retoño   se enfermó. “Tenía fiebre y diarrea, no sabía qué hacer. Lo llevé a un centro de salud, pero me indicaron  que no  podían atenderle porque no tenía los papeles en orden, caminé llorando en busca de ayuda hasta que me enviaron a Caritas, donde me colaboraron  y mi hijo fue revisado por el médico.  Ahora mi chamaco se recupera”, sostiene. 

Zárate solicita a las autoridades “cierta flexibilidad” para los  venezolanos que ingresaron al país   de forma irregular con sus hijos. Pide que los migrantes  reciban ayuda  para regularizar sus documentos y, de esa manera,  sus niños tengan acceso a todos sus derechos, como plantea la Constitución Política del Estado, el Código Niño, Niña y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño.

 
“Venimos a Bolivia, desde Maracay porque allá no hay comida, alimentos, medicina y educación, no hay nada. El sueldo mensual de un profesional es de un dólar y eso no alcanza para nada”, cuenta  Mauricio, y asegura  que  hace dos semanas vive en el país. Ahora vende dulces  en el Centro paceño y aunque  no pierde la esperanza de volver a ser ese comerciante próspero de carne,  por el momento en lo único que piensa es en su esposa, una ingeniera civil que no consigue trabajo por falta de documentos,  y en sus tres hijos de 10, siete y tres años. “Pido solidaridad  y que no haya xenofobia”.

Según datos de la coalición, cada día ingresan al menos 15 familias de forma ilegal al país. Sus principales destinos son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

 

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