Trabas de abogados de agresores, la principal causa de la impunidad

Según las autoridades, estos juristas buscan extinguir los casos y conseguir que los acusados salgan en libertad después de tres años de detención preventiva.
domingo, 20 de octubre de 2019 · 00:04

Verónica Zapana S.  / La Paz

Las  trabas que ponen los abogados que defienden a los acusados de feminicidios  retrasan los  procesos judiciales. Esta situación es una de las principales preocupaciones de  la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, entidad  que recorre el país para investigar y acelerar los casos de violencia contra la mujer.  

Según las asambleístas, estos juristas realizan todo tipo de acciones con la finalidad  de extinguir los casos y conseguir que los acusados de feminicidios   salgan  en libertad después de tres años de detención preventiva.

  La presidenta de  esta comisión, Sonia Brito, explicó que se identificaron muchas dificultades que  provocan la retardación de justicia de los casos de feminicidio;  sin embargo,  uno de los motivos principales está relacionado  con  los abogados de la contraparte, es decir de  los agresores o feminicidas. 

“Si bien tienen que hacer su trabajo, en el marco del debido proceso, lamentablemente vemos que los abogados (de los acusados) son chicaneros porque van dilatando los procesos”, dijo Brito y añadió que de esa manera buscan que pasen “los tres años   para que se extinga la acción”, indicó.

“No importa si tienen o no razón, lo único que logran es retrasar el proceso, hacer cansar a los familiares de las víctimas y hacer más caro el seguimiento”, sostuvo la legisladora.  “Muchos familiares dejan los casos por esta causa”, agregó. 

Ante esa situación, Brito espera que con la nueva Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, la retardación de justicia en  el país  se pueda revolver por completo.

En septiembre, los familiares de víctimas de feminicidios  contaron que gastan hasta 40.000 dólares en  los procesos judiciales   que duran  hasta más de seis años. Ante este panorama, muchos recurren a préstamos u  otros abandonan los casos.

Desde enero hasta la fecha, en Bolivia ya se reportaron 94 feminicidios. En el 92% de los casos, los   agresores ya tenían  antecedentes e incluso ingresaron  a la cárcel  por denuncias de violencia, según un registro elaborado por Página Siete.

Ante el incremento de casos, el Gobierno creó la Comisión Mixta  para investigar los casos de violencia contra la mujer.  Esta instancia ya tiene más de 20 días de trabajo de los 90 que cuenta como plazo para presentar conclusiones  y emitir recomendaciones a los operadores de justicia sobre “las trabas de botella en los procesos judiciales”.

Según Brito, durante este tiempo,  la comisión realizó 10 sesiones  y contó con la participación de  familiares de víctimas de feminicidio de La Paz, Tarija, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz.  Se reunió además con  ONG,  la sociedad civil, el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización y  el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). 

 De acuerdo con la asambleísta, se  espera para este  próximo martes una reunión con el Fiscal General, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y  el presidente del Consejo de la Magistratura. Luego,  para el miércoles,  se tiene previsto un encuentro con los ministros de Justicia y de Gobierno.

Brito adelantó que  en las primeras 10 reuniones ya lograron identificar “bastantes falencias” y añadió que los  familiares identificaron los principales problemas en las etapas preparatoria  y preliminar. “Son dos fases donde  hay demoras para obtener las pruebas, que muchas veces no están bien trabajadas y en el proceso no son debidamente presentadas”, explicó. 

La asambleísta dijo que además existe una carga procesal muy grande en los juzgados. Indicó que en algunos lugares un solo  juez atiende casos de feminicidio, pero también tiene casos de corrupción.

Otra de las preocupaciones de la comisión es la falta de  digitalización de la información y de presupuesto de varias de las  instituciones que se encargan de atender los casos de violencia  y feminicidios en el país.

Los albergues  

  • Refugios De  339 municipios del país, sólo   19 tienen albergues públicos para atender  a las mujeres víctimas de violencia. De estos refugios, que están bajo tuición de las alcaldías y las gobernaciones,  nueve funcionan sin autorización, según un informe de la  Defensoría del Pueblo. La creación de estos  refugios es una disposición de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. No obstante, pocos gobiernos locales cumplen con su implementación.
  •  Preocupación Este año, la Defensoría presentó el informe  Estado de cumplimiento de las medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia luego   de inspeccionar los albergues. Según  la investigación,    de las 19 casas de acogida identificadas,  sólo nueve   cuentan con autorización, de una no hay  datos y las otras nueve son ilegales.      
  •  Olvido En lugares como Bermejo (Tarija), por ejemplo, el refugio temporal cuenta con dos servidores públicos (coordinadora y sereno)  para atender a las víctimas de violencia. Este sitio tiene capacidad para recibir a ocho personas. 
  •  Riesgo El informe señala que  estos espacios no cuentan con un servicio de protección que brinde las medidas de seguridad a las  víctimas y a sus familias. “Sólo 11 casas de acogida reportan la existencia de un sereno, un policía, seguridad pública y  privada”, añade.   Indica que  sólo tres cuentan con personal de seguridad.
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