Indígenas denuncian a Evo ante la ONU por incendios y normas pro chaqueo

La líder de San José de Uchupiamonas, Ruth Alípaz, dijo que el modelo de agronegocio y ganadería causó la deforestación de 5 millones de ha de bosques. Fue uno de los informes más contundentes, según el Cedib.
miércoles, 09 de octubre de 2019 · 01:14

Verónica Zapana S.  / La Paz

 Indígenas de Bolivia denunciaron  ayer ante la   Organización de Naciones Unidas (ONU) al gobierno del presidente Evo Morales por  llevar adelante  un modelo económico de agronegocio y   ganadería, que ha ocasionado    deforestación e  incendios, que ya  arrasaron  más de cinco millones de hectáreas de bosques en la Amazonia boliviana. Solicitaron  al organismo que  recomiende la derogación de  normas en favor del chaqueo.

“Hemos presentado el informe ante las misiones permanentes, que son las representaciones de los Estados miembros de la ONU, para que conozcan la realidad de Bolivia y luego den    recomendaciones al país para que proteja el medioambiente de actividades altamente contaminantes, que actualmente se realizan”, dijo a Página Siete el investigador y ciencia política del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib)  Marco Gandarillas.

Resaltó que  es la primera vez que se realiza una denuncia “tan contundente sobre la temática del medio ambiente” en la pre sesión   del Examen Periódico Universal  (EPU),   ya que en  dos anteriores audiencias  no se abordó   sobre este tema.   

En su discurso ante   la  audiencia instalada en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza),  la líder indígena de la comunidad amazónica de San José de Uchupiamonas, Ruth Alípaz,   presentó la denuncia.  “Como mujer indígena, tengo la responsabilidad de hacerles conocer que las políticas económicas para promover el agronegocio y ganadería están ocasionando la deforestación e incendio de más de cinco millones de hectáreas de bosques de la Amazonia boliviana”, dijo.

Gandarillas sostuvo  que  los  incendios que se registraron  por 70 días en la Chiquitania  afectaron no sólo al medioambiente,  sino a la población, “ya que no ejercieron   el pleno disfrute de los derechos humanos porque fruto de estas quemas se enfermaron, no tienen agua ni alimentos”. 

 Indicó  que se solicitó a la ONU que  recomiende al Estado boliviano   que “se revise, modifique o abrogue   normas como el Decreto Supremo 3973 (que avala el chaqueo controlado en Beni y Santa Cruz)”.

Aseguró que  los indígenas no sólo denunciaron  sobre los incendios, sino también  sobre  la vulneración de derechos del medioambiente.

  Alípaz -representante  de la coalición de 50 organizaciones defensoras y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios Campesinas y Áreas Protegidas de Bolivia Contiocap-   resaltó que  hay  “28 millones de hectáreas, que representan el 25% del territorio de  Bolivia, que fueron  reservadas para exploración y explotación hidrocarburífera”. “Esto compromete al 38% de los territorios indígenas titulados, poniendo en riesgo de exterminio a nuestros pueblos”, lamentó.

Destacó que no niega que el Estado boliviano tuvo avances, como la existencia de    un reconocimiento constitucional de los derechos al medioambiente saludable y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas,   incluso  recientemente se ha   ratificado mediante Ley   1182 del 3 junio de 2019 el Acuerdo de Escazú. Pero -aseguró-   el Gobierno no    da cumplimiento a esas normas.

Según  Alípaz,  la gravedad de la situación radica en  que no guarda relación con las recomendaciones que Bolivia ha recibido en los dos anteriores ciclos de evaluación (2010-2014).

 

 En ese marco, Alípaz  solicitó ante la ONU su apoyo.  “Para mejorar esta situación y no sea invisibilizada por el Estado; especialmente en la comunidad internacional”, dijo. Añadió que las disposiciones constitucionales de protección y conservación del medioambiente son incumplidas por normas que  promueven actividades extractivas  dentro de  áreas protegidas y  territorios indígenas.

Gandarillas resaltó que la evaluación al Estado boliviano se realizará la primera semana de  noviembre y los resultados se darán a conocer en febrero del 2020. “Puede aceptar algunas recomendaciones y otras no. Eso es  voluntario”, puntualizó

Eso sí -aclaró-  que Bolivia estará en la mira del resto de los países.  “La sociedad civil también presionará”, sostuvo.
 

 

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