Protestas en Chile terminan con incendios y saqueo a una iglesia

La casa patrimonial de la Universidad Pedro de Valdivia, construida en 1915, ardió luego de que encapuchados se enfrentaran con un grupo antimotines.
sábado, 09 de noviembre de 2019 · 00:11

EFE / Ginebra y Santiago

Una multitudinaria marcha pacífica en Santiago terminó en incidentes que provocaron un incendio en una universidad y saqueos en una iglesia para quemar su mobiliario en una barricada, entre otros incidentes en Chile, que luce perplejo ante un descalabro social que cumplió tres semanas, ayer.

Decenas de miles de manifestantes asistieron a la llamada tercera “marcha más grande de Chile”, en la céntrica Plaza Italia de Santiago, donde a pocos metros y en medio de disturbios se quemó parte de la sede de la privada Universidad Pedro de Valdivia, que alberga las oficinas de la rectoría de la institución.

La casa patrimonial, construida en 1915, comenzó a arder por el techo cuando manifestantes encapuchados se enfrentaron con agentes antimotines que habían encendido barricadas en los alrededores, indicaron testigos a medios locales. 

Lo primero que se vio arder fue el techo de madera de la edificación donde los carros de bomberos tuvieron problemas para desplegarse por la presencia de manifestantes, informaron fuentes de la Intendencia de Santiago. Muy cerca de la universidad siniestrada, un grupo de encapuchados saqueó una iglesia histórica, la Parroquia de La Asunción construida en 1876, y utilizó parte del mobiliario para encender barricadas.


Una marea humana se reunió por tercer viernes seguido portando banderas chilenas, silbatos y máscaras de distintos personajes junto a carteles con mensajes contra el gobierno de Sebastián Piñera. 

La tercera marcha, convocada en redes sociales, buscaba igualar una del 25 de octubre que reunió 1,2 millones de personas.


“Desafortunadamente las necesidades de la gente están siendo el Caballo de Troya para todo lo malo que está pasando en la calle”, dijo Hernán, un conserje de un edificio de Santiago.


Veinte muertos y más de mil heridos han dejado las manifestaciones con disturbios que han golpeado a pequeños y medianos empresarios de una de las economías más estables de América Latina. Felipe Berríos, sacerdote jesuita y referente de opinión pública, dijo a la AFP que cree que el gobierno de Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos de la región, ha sido muy lento para reaccionar.

“Hay cosas urgentes como el tema de las pensiones, el sueldo mínimo (de 418 dólares). Eso es para calmar la fiebre, pero para terminar con la enfermedad se requiere hacer un cambio de Constitución, ya que tenemos una que protege el privilegio de algunos, entonces es un desafío mayor y por eso es que hay tanta tensión”, indicó Berríos.

Una reforma a la carta magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), parece ser la clave para salir de una crisis que el gobierno se empeña en tratar como un tema de desorden público.

Expertos de la ONU en derechos humanos condenaron  el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

“La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas. El elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parecen indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad”, señalaron en una declaración escrita. Asimismo, expresaron su profunda preocupación por las denuncias recibidas sobre el uso excesivo de la fuerza contra personas antes de ser detenidas y abusos contra menores de edad, incluidos maltratos y golpes que podrían considerarse tortura.

Los expertos afirmaron que, además, hay información sobre casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y adolescentes, que incluyen prácticas como desnudamientos forzados, tocamientos y violaciones durante la detención. 

“Las mujeres y los niños han participado activamente en las protestas en curso y el Estado debe abordar sus preocupaciones específicas en materia de protección”, reclamaron los expertos, quienes son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y desempeñan sus funciones en la entidad de forma independiente.


 

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