Senkata: familias de víctimas y Gobierno aún no se reúnen

Vecinos contaron que hay heridos que aún requieren de atención. Cuestionaron el cambio del representante de DDHH de El Alto.
jueves, 19 de diciembre de 2019 · 00:00

Página Siete  / El Alto

Cuando hoy se recuerda    un mes de los hechos que dejaron 10  muertos en Senkata de la ciudad de El Alto, los familiares de las víctimas   y el Gobierno aún   no se reunieron para  acordar los alcances de una  indemnización.

“Nos enteramos que el representante  de  Derechos Humanos en El Alto, David Inca, fue dado de baja.  Mañana (hoy) nos reuniremos  en la iglesia de Senkata. Hasta ahora no hemos recibido nada ni un positivo para heridos ni fallecidos”, dijo  Gloria Quisbert,   representante de las familias de las víctimas de  Senkata.

Quisbert explicó que la reunión se realizará con los familiares de 10 fallecidos y 25 heridos. Ahí tratarán su preocupación sobre el cambio del representante de la Asamblea  Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca. Explicó  que hay heridos que aún no acceden a una  atención médica. “Algunos heridos siguen con la bala en el pie y  en el brazo (...) Hay un joven que tiene una bala en el pie”, detalló.

Otra de las preocupaciones de los familiares de las víctimas  es la detención a los jóvenes que pegaban carteles en la Ceja  para promocionar  una kermés por las víctimas de Senkata.

 “Los jóvenes de la UPEA que nos han ayudado con la kermés fueron detenidos, ellos se solidarizaron con jugos y  comida. Ese tema más hablaremos  mañana (hoy)”, adelantó. 

El pasado 6 de diciembre,  el Gobierno firmó el Decreto Supremo 4100 que dispone una indemnización económica para las víctimas de la violencia poselectoral. Sin embargo, esta norma fue rechazada por los vecinos, quienes observaron que un artículo  del decreto establece una condición para que no  reclamen una  investigación y  no pidan justicia ante instancias internacionales.

Otra de las observaciones al decreto  fue que el resarcimiento económico no está destinado para las personas que resultaron heridas durante los conflictos que estallaron  después de las elecciones presidenciales.  

En la ocasión, Inca  señaló a que solicitarán que diferentes organizaciones internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y  Naciones Unidas,  sean mediadores en una mesa de diálogo. El objetivo de este pedido es mejorar la  norma.

La carta de rechazo al decreto fue   enviada a la presidenta Añez  y en la misiva se destacan ocho puntos: Sanción a los responsables,  renta o bono vitalicio (sobre la base del salario mínimo), facilidades en becas a los hijos de las víctimas, la  facilidad en reprogramar  o  cancelar las deudas bancarias, entre otros.