Ocho razones que revelan cómo la Ley de Abreviación Penal beneficia a feminicidas

Esta normativa -según la institución- provoca la violación de los derechos de las víctimas más vulnerables: las mujeres y los niños. Sugieren la derogación de varios de los artículos de la norma.
lunes, 02 de diciembre de 2019 · 00:04

Página Siete  / La Paz

El Observatorio de Justicia para las mujeres y niños de la Fundación Voces Libres   alerta que la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal   vulnera principios del debido proceso y los estándares internacionales de la debida diligencia. Esta  norma -según la institución-  provoca la violación de los  derechos de las víctimas más vulnerables: las mujeres y los niños.

¿Por qué hay riesgos? Según la representante legal de  la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez,  la ley 1173 establece que la detención preventiva de un agresor durará como máximo de seis meses, cuando un proceso de violencia dura actualmente  entre dos y tres años.  

 Ante esa situación, el Observatorio de Justicia solicita que esta norma no sea aplicada en su totalidad y más bien algunos de sus artículos sean derogados y otros sean objeto de una complementación.  La Ley 1173 entró en vigencia  el 5 de noviembre  en Bolivia.

“El Observatorio de Justicia advierte que una aplicación plena de la Ley 1173 significará que feminicidas, violadores sexuales y autores de violencia intrafamiliar no entrarán a los centros penitenciarios”, se lee en el manifiesto de la institución. 

La institución sugiere que  deben derogarse  los  artículos 231,   233,  234, 235,  236 y  239. La entidad solicita complementar el artículo 389 de aplicación, referido a las medidas de protección. 

 ¿Cómo vulnera los derechos de las víctimas? El Observatorio de Justicia  de la Fundación Voces Libres presenta ocho respuestas.
 
1. Con la anterior Ley 1970, el imputado por un delito de violencia tenía la obligación de acreditar con prueba idónea los elementos arraigadores. Esto quiere decir que   debía demostrar que cuenta con familia, domicilio, trabajo y que no se dará a la fuga mientras dure la investigación.  Con la nueva Ley 1173, quien debe demostrar de “forma idónea y no bajo presunciones” que un imputado no tiene casa, familia, trabajo, y que podría escaparse, es la Fiscalía o Ministerio Público.

 Es de conocimiento general que los fiscales, y especialmente los que dirigen investigaciones por violencia de género, tienen una gran recarga laboral, por la cantidad de procesos que llevan (un promedio de 850 casos). Los investigadores policiales, que son el brazo técnico de la investigación, también tienen múltiples casos por atender. Es así que, en los hechos, si la Ley 1173 se aplica, toda la carga del impulso procesal recaerá sobre las víctimas y, además, se sumarán sus gastos.

 2.  En los casos de flagrancia (cuando los agresores sean aprehendidos en plena comisión del delito) las dificultades suman en desmedro de las víctimas porque no  se ha previsto un tiempo suficiente para conseguir información objetiva y verificable, lo que impedirá que se configuren los riesgos procesales previstos en los numerales I  (familia, trabajo, casa) y II  (facilidades para abandonar el país o permanecer ocultos) del artículo 234 del Código de Procedimiento Penal de Bolivia. En la actualidad, estos numerales son considerados los “candados” más importantes para garantizar la detención preventiva de un agresor. Con la Ley 1173 no se podrá colocar esos candados, por falta de tiempo.

3. La detención preventiva de un agresor durará un máximo de seis meses.  El justificativo para aplicar la Ley 1173 es que se acortarán los procedimientos, pero, en las mismas y precarias condiciones de desgaste y colapso en las que está sumido el sistema judicial boliviano. 

Según el Observatorio, al ordenar que la detención preventiva de un agresor debe durar un máximo de seis  meses, es el Ministerio Público quien deberá justificar el plazo de cada detención para desarrollar una serie de actuados e investigaciones. Por ejemplo, si pide dos meses de detención, deberá describir cómo usará ese plazo para las pesquisas. Y es el juez quien tendrá la última palabra sobre la duración de la detención preventiva. De acuerdo a las especialistas y juristas, un proceso de violencia dura actualmente entre dos y tres años.  Algunos más, por la complejidad del caso.  Si bien en este periodo no existía una sentencia ejecutoriada, la detención preventiva de los agresores les daba una sensación de justicia a las víctimas.

Con la Ley 1173, el plazo máximo de detención preventiva para agresores podría derivar en la reincidencia en contra de las víctimas y en una fuga en el caso de los imputados por feminicidio.  En los casos de los antiguos agresores, ya detenidos preventivamente antes de la Ley 1173, el Ministerio Público tendrá que fijar un plazo para los actuados que falten y, al concluir el mismo se procederá a liberar a estos agresores, dejando en estado de gran vulnerabilidad a las víctimas.

4.  Han despedido a los oficiales de diligencia, pero no hay oficina gestora. Según el Observatorio, cuando entró en vigencia la Ley 1173, el 5 de noviembre de 2019, se emitieron memorandos de despido a los Oficiales de Diligencia ampliándoles sus contratos solamente hasta el 5 de diciembre, lo que dejará un vacío que afectará el debido proceso porque aún no se ha creado una Oficina Gestora, la misma que será implementada “paulatinamente”, según la modificación que realiza la Ley 1226 a la Ley 1173.

5. Hay contradicciones en torno a las medidas de protección.   El artículo 247 de la Ley 1173 establece que una de las causales de revocatoria de las medidas sustitutivas de un agresor será el incumplimiento de las medidas de protección, lo  que permitiría aplicar una medida más gravosa e incluso la detención preventiva, pero el artículo de la misma ley, señala que ante el incumplimiento de las medidas de protección (aplicables en los casos en los que las víctimas son mujeres o niños) se instruirá una detención de tres días  como mínimo y seis días,  como máximo.

6. No existe autoridad  ni ente que esté a cargo  del seguimiento  de las medidas de protección.   El artículo 389, 389, bis, 389 ter, de la Ley 1173, regula las medidas de protección en favor de las víctimas, pero, en ninguno de sus acápites se preocupa por designar una entidad del Estado que se encargue del seguimiento de las mismas. En la actualidad, ya es un problema latente que las medidas de protección están escritas en el papel, pero no significan ninguna garantía real para las víctimas.
  
7. La  ley 1173 se aplicará con carácter retroactivo y muchos detenidos ya están obteniendo su libertad sin que existan dispositivos electrónicos que impidan su huida. La Ley 1226 que modifica a la Ley 1173 establece que el funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia y rastreo entrará en vigencia “de forma progresiva”, según la disponibilidad del Ministerio de Gobierno, pero no menciona plazos para contar con los dispositivos y suspende de esta tarea al funcionario policial.

8. No hay protocolos de actuación. Antes de la aplicación efectiva de la Ley 1173, el Tribunal Supremo de Justicia debió emitir distintos protocolos para efectivizar la ley, pero no ha cumplido con esta función y cada juez interpreta la norma a su manera y, desde nuestra óptica, en algunos casos de manera errónea.

 

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