El Alto: obligan a marchar bajo el control de libretas escolares y servicios básicos

No rendir cuentas, quitar los puestos de venta o quedarse en la presidencia de juntas escolares por 15 años son algunas de las irregularidades contra las bases. Controlan también el acceso a servicios básicos.
domingo, 22 de diciembre de 2019 · 00:04

Página Siete  / El Alto

“La multa normal es 30 bolivianos, pero esa vez era 100 bolivianos”.  Así, Verónica recordó la jornada del  14 de febrero del año 2016, cuando  fue obligada a marchar por la junta de padres de familia del colegio   donde estudiaba su hijo en la ciudad de El Alto.  La protesta concluyó en la quema de la Alcaldía  y dejó  seis muertos.

En El Alto varios padres de familia, vecinos y gremiales contaron que en muchos casos  son obligados a marchar  bajo el control de la entrega de libretas escolares y el acceso a los servicios básicos.

“Si uno no cumple, a fin de año no te dan la libreta escolar”,  indicó  Verónica.

Denunciaron también  que   hay dirigentes que imponen castigos a los afiliados,  hacen cobros ilegales  y  no  rinden cuentas; además, muchos se quedan en los cargos  hasta por 15 años. En el caso de los barrios  alejados, los dirigentes  dan el visto bueno para las conexiones.  

Según la  concejala de El Alto  Rebeca Cruz,  las juntas, en especial  de las organizadas por los vecinos,   deben trabajar en el control social, la vigilancia de  las obras y  el reclamo de las demandas. Pero -explicó Cruz- algunos dirigentes han establecido una suerte de dictadura porque no realizan la  rotación de cargos  e imponen  fuertes multas a costa de los derechos de los ciudadanos.

La libreta escolar

Verónica es madre de familia de un colegio que se encuentra cerca de la zona  El Paraíso. “Ahí las juntas escolares son muy activas”, dijo y explicó  que los dirigentes controlan las inscripciones de los estudiantes.  

Según la vecina,  el colegio es de convenio y la directiva recibe aportes obligatorios, pero desde hace un par de años no hace rendiciones de cuentas.

En las unidades educativas  fiscales y de convenio, las juntas escolares se encargan de ver las necesidades de los niños. Para Marco Vera, director de Educación de El Alto, las federaciones ayudan a la gestión porque informan sobre  las obras o trámites;  además, controlan las necesidades que se tienen en las más de 400 unidades.

“Como trabajo y soy mamá soltera, no  puedo asistir a los trabajos comunitarios que dependen de la antigüedad. Si  eres mamá nueva (kínder, primero y segundo básico), para el próximo año tienes que hacer  ocho trabajos comunitarios. La multa por la inasistencia es de 30 bolivianos  y por asamblea es de 50”, dijo  Verónica.

Recordó que  la marcha que concluyó con la quema de la Alcaldía fue organizada porque   supuestamente faltaban obras en  las escuelas de la urbe.

Además de la cartilla con los sellos de asistencia a las marchas y las protestas, los padres de familia  pagan  20 bolivianos por cada acto cívico y los padres deben participar en todos los actos.  “Si  uno no asiste,  la multa es de 25 bolivianos”, dijo. “Si tienes la tarjeta vacía te toca regularizar las cuentas. Si no llegas a cancelar las  multas ya no puedes inscribir a  tu  hijo al  siguiente año. Esa es una sanción, pero además  en el colegio no te  entregan la libreta escolar”, reveló. 

En coordinación con la dirección, la junta escolar  da el visto bueno para la entrega de libretas a los  padres de familia. 

Ante estas denuncias, Vera sostuvo   que el Ministerio de Educación o las direcciones distritales deben  regularizar las situaciones.

Manejos de  servicios básicos

Según  las denuncias,  las dirigencias utilizan  el acceso a los servicios básicos    para exigir que los vecinos asistan a las marchas y las movilizaciones.

En los distritos alejados  de la urbe donde aún no hay agua y luz,  los dirigentes acompañan a los funcionarios de las empresas de agua y luz para aprobar o no  las conexiones.

La situación era peor en años anteriores. “Antes, para sacar una  planimetría, la junta tenía que pagar un monto por vecino a la Fejuve (Federación de Juntas Vecinales). Eso es violar un derecho establecido  en la Constitución”, explicó  Rebeca Cruz.

“En las zonas alejadas hay manipulación de compañeros vecinos.  Les dicen ‘tenemos que bajar a tal persona, tenemos que marchar, caso contrario   habrá multas’. Los que más necesitan  son  los que más sacan (dinero)”, afirmó la concejala.

Una de las irregularidades que encontró  Cruz, cuando dirigió la Comisión de Infraestructura Pública y Control Ambiental, fueron las planimetrías.  “Cuando estaba en la comisión de Cipca había una ley que ponía una  traba  y exigía la firma  de la Fejuve para la entrega de la   planimetría. Y la (dirigencia)  cobraba un monto por vecinos. Hay que destacar que la planimetría  permite el acceso a luz y agua, es lo básico para hacer trámites. Nuestra Constitución dice vivir dignamente, pero eso no era vivir dignamente”, lamentó.

La Fejuve aclaró  que los deberes de las juntas son importantes para el desarrollo de la zona. “El presidente es elegido por méritos, para que pueda trabajar en función de la Constitución Política del Estado. Sus atribuciones son varias, tiene  la responsabilidad de llamar a reuniones, velar por el desarrollo de la urbanización”, dijo  Néstor Yujra, presidente de una de las  Fejuve de El Alto.  

No hay rendición de cuentas

Otra madre contó que cuando reclaman una rendición de cuentas o se cuestiona   sobre alguna actividad,  los dirigentes se enojan. “La mayoría de los padres de familia se quedan callados.  En mi colegio   no hay un reglamento para cambiar a  las juntas”,  dijo. 

Lucy, otra madre, contó que en el colegio donde  estudian sus hijas, el presidente de la junta se mantiene desde hace 15 años.

El poder de los gremiales

“Había dirigencias que cambiaban a su gusto  y sin consultar el nombre de los propietarios”, contó  Luis Terceros, director de la unidad de ferias y mercados de El Alto. Para el funcionario, este sector es uno de los más complejos de la ciudad.

De acuerdo con Terceros, en   la ciudad de El Alto hay  un monopolio respecto al  tema gremial y poco a poco la Alcaldía descubrió muchos casos de maltrato.  “Hay siete federaciones, excepto una o dos que  son radicales”, contó. 

Hay asociaciones que  fuera de  la normativa  exigen montos de dinero, pero  también hay dirigencias que trabajan de acuerdo con  las normas, explicó.

Según Terceros,  el cambio de  nombre de los dueños de  puestos de ventas que realiza la dirigencia es uno de los actos más irregulares que  realizan los dirigentes contra las bases.  “Hay un porcentaje del 15 o 20%, cuando llegué el año pasado vi ese problema. Muchas asociaciones y  dirigentes realizaban  cambio de nombre  en recaudaciones, es decir sin avisar. (Entonces) las bases seguían en su puesto, pero el lugar  ya estaba a nombre de otra persona. Lo cambiaban por no pagar la multa o por no asistir”, expuso.

Abigail es una comerciante que atiende su puesto de venta los jueves y domingos, en la Feria 16 de Julio. Contó que cada asociación tiene su propio reglamento interno. “Depende de las asociaciones. En mi caso no te obligan, las multas no son altas, lo máximo que pagan son 50 bolivianos y te quitan el puesto si   no sales por tres meses de manera consecutiva”, contó.

Hay dos sindicatos vitalicios de choferes

El director de la Secretaría Municipal de Transportes, Fernando Flores, contó que en la ciudad de El Alto hay 56 sindicatos de  transporte urbano. Estos sectores están afiliados a la Federación Andina de Choferes y de Transporte de El Alto.

“De los sindicatos que existen, hay dos o tres que se han  quedado  en sus cargos, son vitalicios. Los demás, que son 80 u 85%, sí hacen sus elecciones”, sostuvo.  

Recordó el caso de la Federación Andina de Choferes que recibió denuncias por ratificarse en diversas gestiones. Por ejemplo,  el 4 de abril  de este año se registró un enfrentamiento entre los miembros de la Federación Andina y choferes del sindicato Eduardo Avaroa.  En la ocasión el segundo pidió que  el primero rinda cuentas del dinero recaudado en el peaje La Paz-El Alto. 

El último conflicto protagonizado por el sector transporte fue  en agosto por las rutas de los buses  PumaKatari. 

Según Flores, cada gestión es de dos años  y  hay  dirigentes que iniciaron una especie de “carrera sindical” empezando a ser parte de la Confederación Única de Transporte y la Federación Andina. 

Los mayores conflictos que enfrentan los choferes de la ciudad son denuncias de avasallamientos, quejas  de los vecinos por el mal servicio  y el constante pedido del aumento de la tarifa. 

“El tema de transporte es complejo en la ciudad. Algunos choferes reclaman que la tarifa es más barata. Ellos hacen notar muchos aspectos, pero tratamos de contener”, explicó.

Fejuve: Dirigentes  no pueden prohibir acceso a servicios básicos 

Néstor Yujra, presidente de una de las  Fejuve de El Alto,  dijo que  las directivas no pueden prohibir  los servicios básicos porque son derechos humanos. Aseguró que las personas que incumplen este tema se someten  a la comisión de honor de la  federación.

Explicó que hay proyectos que son totalmente pagados por el Estado,  también hay otras obras  que deben tener contraparte de los vecinos.

“Cuando hay un proyecto que está financiado totalmente, el dirigente no puede coartar  el derecho humano. Son muchos temas internos que se establecen en un  acta para hacer la vida organizada como corresponde. Algunos distritos hacen este tipo de acciones, pero no están autorizados”, informó. 

Yujra contó  además que hay dirigentes suspendidos y expulsados por anormalidades que se cometieron. Solicitó  que si los vecinos ven este tipo de anormalidades, presenten sus denuncias a la  Fejuve para que  los dirigentes sean sancionados. 

“Han sido más de 10  presidentes suspendidos y cinco expulsados, entre ellos está Raúl Canaza. Ha incurrido en actos denunciados por sus mismos vecinos. Ahora el tribunal de honor está revisando otros procesos”, dijo.

“Ayúdennos, por favor”, el pedido de los gremiales a la Alcaldesa

La alcaldesa alteña, Soledad Chapetón, no olvida  el día cuando  una gremial se  acercó y le susurró  al oído:  “Ayúdennos, por favor”. “No pedía licencias u otros beneficios, sólo garantías para trabajar. En esta urbe el 80% de la población se dedica al comercio”, comentó.  

La concejala  Rebeca Cruz conoce muy bien la situación de los gremiales. Ella forma parte de este sector y vende  plantillas para zapatos en la Feria 16 de Julio. Alguna vez ella fue parte de la mesa directiva de los “ambulantes”.  “Hay sanciones. Si uno no sale por mucho tiempo o si  hay peleas”, comentó. 

En febrero de 2016, aunque el conflicto se inició con una protesta escolar, uno de los principales acusados fue el dirigente  gremial Braulio Rocha. Desde el año  2003,  el dirigente arrastraba procesos por ataques a otros, de ejercer violencia política a sus adversarios sindicales.

 Según Luis Terceros, director de la unidad de ferias y mercados de El Alto,  los gremiales  incumplen las normativas en tema de espacios y   cantidad de afiliados. 

Por ejemplo,  los ambulantes deben pagar un monto a la dirigencia. Mientras que las juntas   escolares  autorizan asentamientos en las escuelas de manera adversaria.

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