Por asilados del MAS, refuerzan seguridad en residencia de México y piden recursos

La residencia tiene unos seis dormitorios y otros espacios donde los 20 alojados están hacinados. La Embajadora solicitó recursos a México. El viernes un vehículo sin placas intentó ingresar, hubo movimiento policial.
domingo, 08 de diciembre de 2019 · 00:04

Ivone Juárez  /  La Paz

El radiotaxi para en el ingreso a la urbanización cerrada y exclusiva donde se encuentra la residencia de la  Embajada de México. Un policía activa la barrera automática de estacionamiento para que ésta se levante y abra el paso. El uniformado se acerca y pregunta con voz de mando: “¿A dónde se dirige?”. Cuando recibe la respuesta inmediatamente indica: “Llame a la persona que la recibirá para que la deje pasar”.

El uniformado hace  guardia en el lugar durante el día. Hace tres semanas se sumó a la seguridad  rutinaria que tenía la urbanización. Pero no es el único policía en el lugar. “Arriba hay muchos más, cerca de la residencia, pero nadie dice nada”, comenta una mujer que sale del lugar a pie. A menos de una  cuadra del ingreso a la urbanización  se ve una patrulla policial. 

La mujer trabaja en una de las viviendas de la urbanización, donde también vive la Canciller de Bolivia. El lugar  está prácticamente rodeado  de montañas y  envuelto en un silencio que sólo es  interrumpido por  el paso de algún vehículo.

Pero, el viernes, esa paz se volvió a alterar ante un nuevo gran movimiento policial en el ingreso de la urbanización. De acuerdo a los vecinos, un vehículo sin placa intentó ingresar  y fue detenido por  los uniformados, que obligaron al conductor a estacionar el automóvil a un lado de la calle. En tanto, unas cuadras más abajo se producía un choque entre vehículos, que aunque  de pequeña intensidad provocó una gran confusión y tensionó nuevamente el ambiente. 

“Seguro que  el vehículo iba a entrar sin placas y salir con una diplomática, y sacaría a algunos de los asilados”, comentó uno de los vecinos.

Minutos antes se conocía que el exministro de Economía Luis Arce, uno de los 20 masistas  asilados en la  residencia, salía de Bolivia en avión rumbo a México, después de haber obtenido su salvoconducto.

El  incidente del viernes no es el único que advierten los vecinos de la urbanización donde se encuentran los asilados del MAS. El domingo pasado, cerca de las 19:00, y luego, en la madrugada del lunes, fueron testigos de un intenso operativo de seguridad con “policías de élite”, contaron algunos.  

20  asilados hacinados

Desde  el 10 de noviembre  al menos 20 funcionarios del anterior gobierno están asilados en la residencia de México. De acuerdo a versiones a las que tuvo acceso este medio, la vivienda diplomática   cuenta con unos seis dormitorios y otros  ambientes en los que los 20 asilados tienen que acomodarse como pueden.

El experto en seguridad Samuel Montaño considera que en esas condiciones “es de esperar que   estén pasando un mal momento, como todos los asilados”.  “Las embajadas y residencias tienen un límite;  es diferente atender a un embajadora y de pronto a 20 asilados más, eso implica un presupuesto extra. Tengo entendido que la residencia de México tiene capacidad para brindar servicios de higiene a cinco o seis personas, no a 20”, comenta Montaño.

Y lo que el experto señala se ve de manera evidente. La embajadora Teresa Mercado solicitó a su país mayores recursos para velar por el bienestar de sus huéspedes, según  reportó el 15 de noviembre el periódico La Reforma de México. Mercado hizo  la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de su país.

Entonces, de acuerdo a las versiones del diario, en la residencia de México se tenían a 30 asilados. “La Embajada de México en Bolivia tiene problemas para mantener a los 30 legisladores del MAS  y exfuncionarios del gobierno de Evo Morales a los que dio asilo. La Embajadora solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores más recursos para garantizar el bienestar de los 30 refugiados”, dice la nota de prensa.

 Pero estos asilados también precisan seguridad, afirma Samuel Montaño, sobre todo después de las marchas en su contra que se registraron en las puertas de la Embajada de México. En ese contexto, afirma que la embajadora  Mercado puede solicitar colaboración al gobierno de Bolivia.

“Cuando las embajadas reciben  refugiados    y su capacidad para mantenerlos en alimentación, higiene o darles seguridad es limitada; entonces, están en el derecho de pedir al Gobierno, en este caso boliviano, el acceso a diferentes insumos; si el Gobierno se niega, se trataría de una especie de prisión, algo que no se puede hacer”, señala.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría,  afirma que no conoce de ningún requerimiento al respecto que hubiese realizado la Embajada de México al Gobierno de Bolivia. Sin embargo, en los últimos días, tanto en la residencia como en la Embajada de México se observó un gran movimiento policial que intranquilizó a algunos vecinos. Santamaría asegura que se trata de un dispositivo de seguridad normal que se brinda a todas las oficinas diplomáticas.

“Es parte del Acuerdo de Viena sobre la presencia de delegaciones en el mundo y estamos cumpliendo el acuerdo”, dice.

En la Embajada de México desde hace un par de semanas, más de una docena de policías   resguardan el lugar, en dos turnos, montados en un par de vagonetas. “Hubo manifestaciones y queremos preservar la seguridad”, comenta uno de los  uniformados. 

Mandamientos de apremios

Entre las personas refugiadas en la residencia de México están    Juan Ramón Quintana,  Héctor Arce, Nélida Sifuentes, César Navarro, Javier Zavaleta, Wilma Alanoca, Óscar Coca,  el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez,  Nicolás Laguna,  exdirector de Agetic, y  Sergio Martínez,   asesor del Tribunal Supremo Electoral, quienes solicitaron   salvoconducto para salir de Bolivia.    

El Gobierno emitió mandamientos de apremio contra Quintana, Alanoca, Vásquez  y para Laguna y Martínez. El primero  está acusado terrorismo, sedición y otros; mientras que sobre Alanoca pesa un denuncia por la tenencia de bombas molotov en dependencias del Ministerio de Culturas.   Laguna y Martínez están involucrados en el fraude electoral del 20 de octubre.

Juan R. Quintana,  exministro de la Presidencia, acusado de terrorismo, sedición y otros delitos.

Wilma Alanoca,  exministra de  Culturas, acusa de guardar   bombas molotov en el Ministerio.

Nicolás Laguna,  exdirector de Agetic, acusado de delitos electorales.

Víctor H. Vásquez,  exgobernador de Oruro,  acusdo de uso indebido de bienes del Estado.

Sergio Martínez,  asesor del TSE, acusado del fraude electoral del 20 de octubre.

Sugieren no convertir a Quintana en un Roger Pinto

El experto en seguridad Samuel Montaño sugirió al Gobierno poner límites a la persecución contra funcionarios del anterior gobierno para no aumentar el número de asilados y no terminar ganando la imagen que tenía el régimen de Evo Morales. En ese contexto recomendó no convertir al exministro  Juan Ramón Quintana “en un Roger Pinto”, uno de los perseguidos políticos del régimen de Evo  que  estuvo asilado más un año en un espacio reducido de la Embajada de Brasil en Bolivia.

Aclaró que el mandamiento de apremio contra Quintana no tiene efecto porque fue emitido antes de que la exautoridad pidiera asilo. “Se tendrá que hacer un trámite largo ante la justicia de México para demostrar por qué corresponde el mismo, tiempo en el que Quintana podrá mostrarse como un perseguido político. No lo conviertan en Roger Pinto.  Es un problema de imagen, de estatus, tener refugiados”, dijo.

Montaño sostuvo que Pinto  cometió el error de refugiarse en la Embajada y no acudir a la residencia de Brasil.

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