Harvard: En Bolivia no hay instrumentos básicos para investigar los feminicidios

El estudio, que será presentado el viernes en la UMSA, halló tres falencias: las barreras en la investigación, en el proceso judicial y la discriminación. Las víctimas afirman que no tienen ni traductor.
jueves, 21 de marzo de 2019 · 02:04

Verónica Zapana S.  / La Paz

Cuando la hermana de Paola fue víctima de feminicidio, además de sufrir la pérdida de  un ser querido, tuvo que encargarse de comprar bolsas plásticas e hisopos para  que un médico forense realice la autopsia de ley.  Y es que los investigadores no contaban con el material básico. 
 
 Esa experiencia “amarga” no es la única, sino es  una vivencia muy recurrente en el país. De acuerdo con una investigación que hizo la  Clínica de Derechos Humanos (   DDHH) de la Universidad de  Harvard,   en Bolivia faltan recursos y no hay instrumentos básicos para  realizar los procesos de investigación de los casos de feminicidios. Por esa razón,    los familiares de las  víctimas deben comprar materiales para la investigación y las autopsias,   como hisopos, bolsas para los cadáveres y  cámaras fotográficas,  entre otros. Y así garantizar que  los investigadores por lo menos  hagan un trabajo regular. 

El estudio indica que los familiares de las víctimas  deben lidiar todo un vía crucis para que se realice el proceso judicial,  además  tropiezan con la dilación de los casos  y  la falta de traductores.
 
De acuerdo con el  abogado de la Clínica de DDHH de la Universidad de  Harvard, Thomas Becker,  la investigación se hizo  durante siete meses,  desde septiembre  hasta la fecha. Se observó  además que “la situación en Bolivia es realmente grave, muy grave”.

“Nuestra intención no es venir y atacar o hallar culpables, no somos jueces.  Estamos aquí para identificar fallas  en el proceso y trabajar con la sociedad civil, el Gobierno, las activistas  y así erradicar el feminicidio”, aseguró el investigador. 

Becker explicó que de los 200 casos analizados por la Clínica,   se escogieron ocho casos de feminicidios: Verónica Chino, María  Pillco, Andrea Aramayo, Yesenia Fuentes, Betty Mamani, Daniela Tapia, Magda Choque y Verónica Quintana. 

Según  otra jurista de la Clínica e investigadora,  Fabiola Avelais, los casos que se seleccionaron  “son de diferentes estratos sociales y estatus económicos”. “Creemos que los casos que escogimos representaban estas facetas de la sociedad”, aseguró.

Avelais resaltó que el estudio identificó al menos tres barreras principales  en la resolución de los casos de feminicidios en Bolivia:  la investigación, el proceso judicial y la  discriminación institucional.

Según la  investigadora y la abogada, a veces faltan recursos, entrenamiento  y  voluntad, además hay negligencia. “Por eso, es un problema donde hay diferentes  huecos que debemos tapar”, comentó.

Las tres barreras

De acuerdo con la jurista, la barrera en la investigación se refiere fundamentalmente al hecho de que existe una  falta de recursos económicos en ese proceso.

 “Uno de los problemas que encontramos es que las autopsias no se hacían o no se hacían completas”, puntualizó Avelais. 

Explicó que en esos casos, la autopsia se debe realizar cuando se colecta la evidencia, pero ese aún “es un obstáculo grave”.

 Becker, quien también es abogado de las víctimas de Octubre de 2003, mencionó que eso en algunos casos se presenta por la falta de interés de los investigadores, pero también por la falta de recursos. “Entendemos que Bolivia es un país pobre, pero el país tiene la responsabilidad legal de ofrecer los materiales básicos”, dijo. Lamentó que existan algunos investigadores  que se compren las computadoras para trabajar e investigar los casos.

Indicó que   “las familias  compran cámaras  y otros instrumentos para  las investigaciones de los casos”. “ Nos parece grave que la familia compre equipos para saber si la víctima fue violada”.

 Avelais dijo  que las familias no sólo sufren por la pérdida del familiar, sino también tienen  un gasto económico para pagar estas cosas. “Es muy traumático pasar por esto. No me lo imagino”.

Respecto a las barreras en el proceso judicial, Avelais resaltó que  los familiares deben lidiar con la dilación en las autopsias.

Becker   dijo  que la mayoría de los casos no tienen una sentencia y demoran más de los  tres años,  cuando deberían concluir los casos.  Ante ello, Avelais dijo que “duplican  ese tiempo. 

Según los expertos, “para las familias de las víctimas  continuar   esa  lucha por conseguir justicia  es muy doloroso y se traduce en un gran gasto económico”.

 En relación con  la barrera de discriminación, en la mayoría de los casos,  los jueces no son preparados para atender estos casos. “Necesitan capacitarse”.  “No existe ni siquiera traductor”, añadió.

Doña Teodora contó que en el proceso del caso de  feminicidio de  su hija, escuchaba todo lo que decían    los investigadores y el juez, pero a ella   no la entendían porque su idioma madre es el aymara.

Este estudio, que fue impulsado por el movimiento Mujeres Creando, será presentado el viernes, a las 19:00, en el paraninfo de la UMSA.

   Para Helen Álvarez, madre de una de las víctimas, el trabajo que realizó  la Clínica de DDHH constata algo que ya  denunciaron. “La impunidad está en todos los casos de  feminicidio”.

 

Hay impunidad en todos los casos


Andrea Aramayo Álvarez murió  en 2015 a causa de un supuesto  feminicidio, cuyo proceso está en curso. 
Para la mamá de la víctima,  Helen Álvarez,  hay impunidad no sólo en el caso de su hija, sino en todos. Sostuvo  que  hay leyes, pero  no se  cumplen y por eso Bolivia se convierte en un país  peligroso. 

No hay justicia para Vero Quintana

“A mi hermana le quitaron la vida en agosto de 2013. Desde que se hizo el levantamiento del cadáver hasta  la autopsia no estaba presente el fiscal”, contó Paola  Quintana. Dijo que   estos hechos estancaron el proceso penal que se sigue hasta ahora. “No se puede avanzar en el proceso”.

 Seis años y no hay justicia para Vero


“Hace seis años a mi hija  Verónica Chino,  estudiante de Agronomía, la encontraron muerta. Dijeron que se suicidó, pero me engañaron. Para mi hija  no hay justicia”, contó  doña Teodora Mendoza viuda de Chino. Explicó  que no entiende todo lo que hablan  (las autoridades judiciales) porque habla aymara.

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