Seis puntos polémicos de la Ley de Libertad Religiosa

Además del pago de impuestos, el proyecto de ley establece que los trabajadores administrativos de las iglesias deben estar amparados en la Ley General del Trabajo.
jueves, 21 de marzo de 2019 · 12:53

María Carballo / La Paz

El proyecto de Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y de Creencias Espirituales, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, tiene al menos seis puntos polémicos detectados por el Consejo Nacional Cristiano, cuyo representante es el pastor Luis Aruquipa.

El primero encuentra en la parte de exposición de motivos, donde se destaca la libertad de culto definida en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado. En el documento se lee: “toda actividad religiosa y espiritual de las bolivianas y bolivianos y sus organizaciones religiosas y de creencias espirituales se constituye en una fuerza viva del proceso de cambio”.

Aruquipa señaló que este aspecto demuestra que el Gobierno pretende quitar la identidad de las iglesias evangélicas y convertirlas en una “organización social más”.

La segunda observación es el inciso D del artículo 5, que señala que el Estado y las organizaciones religiosas deben mantener una “relación armónica” a través de la suscripción de convenios. Para el pastor, esto pone en riesgo la autonomía de las iglesias.

El tercer punto tiene que ver con el inciso E del artículo 7 de la propuesta normativa, que también es cuestionado por el Consejo Nacional Cristiano. En este punto, la norma determina que las iglesias tienen el deber de informar al Estado sobre sus actividades financieras, administrativas, legales y sociales que realicen en el país.

Una cuarta observación se refiere al artículo 12 en el parágrafo III, que determina que los servidores religiosos o espirituales, a efectos de seguridad social, “pueden aportar al Sistema Integral de Pensiones y afiliarse a la Seguridad Social de Corto Plazo”.

De igual manera, Aruquipa cuestionó, como quinta observación, el parágrafo IV del mismo artículo que define que los trabajadores administrativos de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales estarán sujetos a la Ley General del Trabajo.

“Estaríamos hablando de pastores y trabajadores con sueldos y jubilaciones y eso no es así, las iglesias entrarán una crisis económica”, afirmó ayer Aruquipa.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas de Bolivia y proyectista de la norma, Munir Chiquie, estos dos puntos harán que las iglesias evangélicas sean visibles y reconocidas como entes que “aportan al país”.

El sexto y último punto cuestionado por Aruquipa es el artículo 14, que determina que las iglesias paguen impuestos al Estado. El punto cita: “Las organizaciones religiosas y de creencias espirituales, se sujetarán a la normativa vigente. La importación de mercancías donadas a favor de organizaciones religiosas y de creencias espirituales, se regirá por la normativa vigente”.

Según Chiquie, este artículo no se aplicará a los diezmos y ofrendas, sólo a las actividades que generen recursos en las iglesias, como ONG, colegios o medios de comunicación.

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