Cientos de quejas por acoso y falta de pago muestran indefensión de funcionarios

Acoso laboral, falta o retraso de pago de salarios y suspensiones ilegales son las vulneraciones más frecuentes a los empleados del Gobierno central, departamental y municipal. La Defensoría recibió 667 denuncias en 2018.
lunes, 29 de abril de 2019 · 00:04

Leny Chuquimia  /  La Paz 

Centenares de denuncias, la mayoría por acoso laboral o falta de pago de salarios, evidencian la vulneración de los derechos  de los empleados de las  entidades públicas. En 2018, sólo  la Defensoría del Pueblo recibió  667 quejas  de funcionarios de Alcaldías, Gobernaciones y el Gobierno central.   

Muchos funcionarios consideran que los aportes y la obligación  de hacer campaña para el partido político de turno –como condicionantes  para mantener  su fuente laboral–  son formas de maltrato. No obstante, no los denuncian pues  la respuesta que obtienen, si lo hacen, es que estos actos no  están contemplados como vulneraciones laborales.

“Durante  la gestión pasada,  en la Defensoría hemos recibido 667 denuncias de funcionarios  que señalaron que  sus derechos habían sido vulnerados por parte de las instituciones públicas en las que trabajan”, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa.

Explicó que esta cifra comprende al ámbito  municipal, departamental y del Gobierno central. Todos están en una sola bolsa. 

“Los funcionarios   somos vulnerados en nuestros derechos,  sobre todo los consultores en línea. Hasta que firmes tu contrato no tienes seguro ni beneficios. Claro que  depende de la institución”, dijo un empleado publico que pidió mantener su nombre en reserva. 

Como él, varios  se quejan de maltrato y abuso laboral en instituciones públicas. Todos guardan el anonimato por temor a  represalias, ya que muchas veces las denuncias  ocasionan  pérdida de fuentes de trabajo.

Un  informe sobre la situación de los derechos laborales en el país, publicado  por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) en 2013, señala que uno de los mayores problemas para los empleados públicos es  la estabilidad laboral. Sostiene que la proliferación de contratos  de becarios, consultores, interinos y provisorios  desalientan a seguir la carrera en instituciones públicas.

 “La antigüedad, lejos de ser reconocida como un mérito, es hoy motivo de discriminación”, señala el estudio. Se refiere a la promoción o designación de cargos a “funcionarios júnior” sobre los antiguos, en muchos casos sin mayor mérito que la afinidad políticas.

667 denuncias en Defensoría 

Las competencias de la Defensoría del Pueblo  tienen  alcance en toda la administración pública. Para atender al  sector hay dos canales de denuncias. En el primero están las que  la ciudadanía hace con respecto a la institución y a los funcionarios.

El segundo canal es para las denuncias de los funcionarios en relación con las instituciones en las que trabajan. Aquí      llegan las quejas formales de quienes sienten sus derechos vulnerados.

 “Las causas más frecuentes –porque no son las únicas– son: situaciones de acoso laboral, negación o retraso en el salario que deben percibir y la suspensión de cargos de forma ilegal. Esas son las denuncias de funcionarios que llegan y evidentemente merecen ser investigadas y tratadas”, manifestó Cruz.

   Explicó que tras las verificaciones no todas las denuncias son aceptadas. En muchos casos, con  la intervención de la Defensoría se logra  que la institución publica rectifique, enmiende o dé  respuesta al funcionario.

Además de acudir a la Defensoría, los funcionarios públicos también pueden presentar sus quejas en las unidades internas de   cada institución para seguir procesos por la vía administrativa. En este ámbito  no siempre se llega a una solución por lo que los procesos pueden  llegar a la vía judicial, donde tardan años.

“Denuncié acoso, pero nunca tuve una respuesta efectiva. Primero lo hice de forma interna donde trabajaba, pero no hubo respuesta. En una segunda denuncia removieron al agresor a un puesto similar, pero a mí me mandaron a un área que no me correspondía. Prácticamente me hicieron la vida imposible y me despidieron. Decidí demandar ante el Ministerio de Trabajo  y casi llegamos a juzgados para que  me restituyan mi fuente laboral, pero igual no se cumple el dictamen”, refirió una exfuncionaria.

Horas extras y consultores

“Los consultores en línea estamos en serios problemas, por lo menos en algunas direcciones. No todos recibimos el mismo trato”, manifestó un funcionario estatal. “Trabajamos como todos los demás, pero no tenemos beneficios y muchos de nuestros pagos dependen de la burocracia ya que debemos presentar informes y cumplir con ciertos formalismos”, añadió.

Otro empleado contratado bajo esta modalidad en una gobernación dijo que uno de los problemas es el seguro médico. “Si te enfermas, no hay baja médica, pero si faltas te descuentan de tu sueldo”.  

Las horas extras son otro problema. “Muy pocas veces un funcionario cobra por el trabajo que hace fuera de horarios. Aunque eso depende de la unidad en la que trabajes y cómo trabaja tu jefe inmediato”, comenta una empleada municipal.

Página Siete solicitó información sobre denuncias de funcionarios al Ministerio de Trabajo; no obstante no obtuvo respuesta.

En  Bolivia no está claro qué es o no acoso

“El acoso se da en ambientes laborales fuera de las particularidades políticas, religiosas u otras. No se pueden  encasillar  en discriminación o en acoso todos los casos. El acoso laboral son todas aquellas acciones que tienen como fin la renuncia o la anulación de una persona en  en ámbito laboral”, explicó la Defensora del Pueblo.

El acoso laboral se puede dar en todos los niveles jerárquicos. Es decir que puede haber casos en los que sea del superior al inferior, entre pares o del inferior al superior.

Cruz señaló que desde hace unos cinco años la Defensoría y el  Ministerio de Trabajo impulsan la reglamentación del acoso laboral, algo que en el país aún no existe. Por este motivo, hasta la fecha no hay una delimitación de los qué es o no acoso laboral o cómo debe ser sancionado.

“Ante la falta de ley agarramos el paraguas de la constitución y algunos lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo para tener estándares que nos ayuden a investigar estos casos”, afirmó Cruz.

Acoso   y falta de pago,  quejas  frecuentes en el sector público.

“Nos obligan a militar y aportar al partido”

Aportes “voluntarios” al partido, militancia obligada y participación en campañas electorales a cambio de mantener el empleo son algunos de los excesos que ocurren en alcaldías, gobernaciones  y el gobierno central. Aunque estos actos son calificados por los mismos funcionarios como abusos, no son denunciados.      

“Hasta los que no hemos entrado por recomendación somos obligados a aportar un  porcentaje de nuestro sueldo. Si no cumples te quedas sin trabajo, bajo esa condición no nos queda de otra”, dice un empleado  de un ministerio.

La situación se repite en gobernaciones y alcaldías. Los montos de los aportes “voluntarios” mensuales varían entre 70 , 130 o 200 bolivianos.

“Damos cuotas  hasta para fiestas del partido”, comenta un  funcionario edil.

En época electoral estos “abusos” aumentan. Muchos funcionarios deben viajar o  realizar actividades dentro  y fuera de  horarios de trabajo a favor del partido de turno.

“El año pasado cuando se debía inscribir a los partidos en las primarias nos obligaron a conseguir firmas. Teníamos que viajar al interior  del país o a las provincias para conseguir militantes con nuestros propios medios. Cuando nos quejamos, nos dijeron que, si no queríamos ir debíamos aportar, y que deberíamos pensar en que aún teníamos trabajo”, cuenta un funcionario departamental.

La obligatoriedad de conseguir firmas  para la habilitación a las primarias 2018 de diferentes partidos fue denunciada públicamente en el caso de las instituciones gobernadas por el  MAS y SOL.bo. Ambos   partidos se acusaron mutuamente  y negaron  incurrir en esa falta. 

Sin embargo, los funcionarios de ambos bandos hicieron las denuncias anónimas –mediante las redes sociales–  mostrando los libros notariados que fueron obligados a llenar. No sólo hubo quejas de estos dos partidos, sino también en contra de  UN por funcionarios de la alcaldía alteña.    

La Defensora del Pueblo señaló que estos hechos no son denunciados y que no pueden ser clasificados como acoso, discriminación o maltrato. “Nosotros no hemos conocido ese tipo de denuncias. No podemos decir que es acoso o discriminación, pero puede ser una orden arbitraria”, dijo.

Punto de vista
Rodolfo Eróstegui T.  Experto en temas laborales 

“Son trabajadores y no empleadores”

Generalmente creemos que en el sector público la situación laboral es mejor, perdón, mucho mejor que en el sector privado. Se cree que los derechos de los trabajadores son respetados, que la estabilidad laboral es una realidad. Pero la verdad es uno de los peores lugares para trabajar. Es más, lo único positivo es el nivel de remuneración, que es más alto que en otros  y el estar asegurado al sistema de seguridad social,  de corto y largo plazo.

A diferencia de los trabajadores del sector privado, los trabajadores al servicio del Órgano Ejecutivo no pueden sindicalizarse,  no tienen un contrato indefinido. En su mayoría son consultores en línea que el único derecho que tienen es salario a cambio de una factura y tienen la obligación de cotizar a una de las AFP. En otras palabras no son tratados como trabajadores, sino como empresas.

Pero el Estado no sólo es el Gobierno central, son las gobernaciones, los municipios y otras instituciones como el Tribunal Electoral, Comibol, SABSA y muchísimas otras empresas e instituciones que componen el Estado. En muchas se rigen por la Ley General del Trabajo, pero el Gobierno central intenta permanentemente que las relaciones laborales no se rijan por esta LGT como es el caso de SABSA. 

Existen muchas restricciones para cumplir con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre todo a la libertad sindical. Lo más lógico es que todos los trabajadores estén bajo la tutela de la LGT, por algo  esta norma se la llama general, es decir, rige para todos.

De todas maneras  a los trabajadores del sector público, aunque tengan un contrato como consultor en línea, les hago llegar un homenaje por el día del trabajador.

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