Adoptantes temen que la nueva ley alargue su espera por un hijo

Si hasta agosto no se concretan las preasignaciones del Sedeges, quienes aspiran a dar hogar a un niño deberán empezar el proceso por la vía judicial.
domingo, 12 de mayo de 2019 · 00:00

Leny Chuquimia /  La Paz

En agosto entrarán  en vigencia las modificaciones hechas por la Ley 229 al Código Niña, Niño, Adolescente  que reduce el tiempo de los procesos de adopción.  Padres adoptantes -con hasta  seis años de espera- temen que el proceso sufra una nueva   dilación, ya que los solicitantes que hasta esa fecha no logren la preasignación administrativa de un niño o niña  deberán volver a  empezar el trámite ante un juez.

“No sabemos qué va a pasar. Hasta agosto la espera en la que estamos  continuará. Si hasta eso logramos la preasignación, será la felicidad más grande, pero si no, toda la espera va a ser en vano porque tendremos que empezar de nuevo. Puede  que funcione o puede que tengamos que empezar otra  espera”, dijo una de las  madres adoptantes que espera desde 2013.

El director del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) La Paz , Mario Cáceres, señaló que la norma tiene cosas positivas,  pero  también elementos que podrían afectar a los actuales solicitantes. Aclaró que hasta que la norma entre en vigencia la instancia departamental continuará realizando los trámites en coordinación con las defensorías y  centros de acogida.

 “Vamos a seguir con los trámites, pero pasada esa fecha  el Sedeges estaría perdiendo algunas competencias. Para los  solicitantes que atravesarán esta etapa de transición la norma es muy clara, en su disposición transitoria dice: todas las solicitudes  que se encuentren sin preasignación  deberán ser tramitados de acuerdo al nuevo  procedimiento dispuesto en la presente ley”, indicó.

Estas familias  tendrán que solicitar al Sedeges la devolución de su documentación y llevarla ante la nueva instancia competente, que según las modificaciones ahora será el juez de la niñez y la adolescencia. “Ahí deberán pedir ser  considerados para una adopción”, explicó.

Oportunidad para 8.000 niños

    “Habemos padres adoptantes pero  nos dicen que no hay niños listos para el proceso. Hasta que haya estamos en la  espera de años”, lamenta S.P.

 Lleva en esa incertidumbre seis años  y  así como los niños crecen, ella y su pareja envejecen y  las oportunidades se acortan. “Para los padres hay límite de edad y sabemos que para niños grandes  es más difícil que los adopten, por eso nosotros hemos abierto nuestro rango a pequeños de cinco a ocho años y que sean hermanos. Aunque para estos casos hay prioridad, igual seguimos esperando”, dijo. 

Según  datos del Ministerio de Justicia, que datan de  2014,  en el país hay 8.369 niños, niñas y adolescentes en 196 centros de acogida públicos y privados. Más de 6.000 -entonces- tenían entre siete y 18 años de edad. Los  hogares se llenan de  niños y niñas  que, aunque es la prioridad, no son restituidos a sus familias, pero que tampoco  pueden ser  adoptados por una especie de limbo legal en la que se encuentran estancados.

 Para dar solución a este problema es necesario cumplir con la filiación o la extinción de la patria potestad.  Estos procesos aplican según la situación por la que  el menor de edad fue institucionalizado.

El primero corresponde cuando el niño fue abandonado y no hay familia con paradero conocido. En ese caso se debe proceder a la filiación para darle una identidad al niño y que pueda iniciar un trámite de adopción. El actual código  no tiene ningún plazo y las defensorías han visto procesos que tardan hasta más de un año.

En cambio, la extinción de la patria potestad corresponde cuando el niño, niña o adolescente tiene familia a la que no puede o no debe ser reintegrado. Muchas veces los padres se niegan a realizar el corte legal  e inicia un calvario judicial que trunca la oportunidad de vivir en  familia.

La nueva ley  pone límites  a estos procesos. Para el primero fija un máximo de 16 días y para el segundo 72 horas.

 Pone énfasis en que la extinción de autoridad paterna se hará mediante resolución expresa y sin la necesidad de llamar a audiencia en cuatro causales: muerte del último progenitor, renuncia expresa, sentencia condenatoria  por feminicidio, infanticidio o la  comisión de delitos en contra de los niños, niñas  y adolescentes.  En caso de riesgo del menor de edad por  acción u omisión negligente, conducta delictiva reincidente o abandono comprobado, el proceso será resuelto por el juez o jueza bajo procedimiento especial.

  En  cinco años, tres intentos para  agilizar las adopciones

Desde el 2014,  se anunció en tres ocasiones la aplicación de medidas que acelerarían las adopciones. La primera llegó con la promulgación del  Código Niño, Niña y Adolescente. 

“La norma favorecerá el proceso de adopción abreviándolo. Las personas que adopten podrán gozar de un permiso laboral de dos meses. El Estado o empresario tendrá la obligación de otorgarle dos meses de permiso para que esta adopción se consolide y el niño y niña pueda ingresar a la nueva familia”, dijo  en ese momento  presidente en ejercicio  Álvaro García Linera el 17 de julio de 2014.

Hasta entonces los procesos se hacían solo ante el juez. El código les daba obligaciones a los municipios y gobernaciones a través de las defensorías y Sedeges, respectivamente. Además, estipula la inamovilidad laboral, por un año, para los padres adoptantes.

El 22 de mayo de  2017  se emitió la Resolución Ministerial 049/2017 que daba viabilidad al protocolo que regulaba el código aprobado en 2014 con la promesa de agilizar los procesos de adopción para más de  8.000 niños de los hogares de acogida.   Entre la aprobación de la primera norma y la segunda los trámites se paralizaron.

El 12 de abril pasado el presidente Evo Morales promulgo la Ley 229 de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes. La misma devuelve el proceso a los juzgados pero acorta el   tiempo de adopción a dos meses. Se reiteraron los beneficios. 

¿Qué dice la Ley 229?

El 12 de abril de 2019, el presidente Evo Morales  promulgó la Ley 229 que tiene el objeto de modificar el Código Niño, Niña y Adolescente  para agilizar los proceso de adopción.

22 artículos del  Código Niña, Niño y Adolescente fueron modificados con  la Ley 229 de abreviación procesal para garantizar el derecho humano a una familia. La norma contempla cinco disposiciones transitorias y dos finales.

La primera disposición transitoria señala que en el plazo máximo de 30 días hábiles, a partir de la publicación  de la norma, el Ejecutivo debe aprobar las modificaciones al reglamento del Código Niña, Niño y Adolescente de acuerdo a la 229.

2 La segunda señala que en 30 días hábiles el Tribunal Supremo de Justicia deberá desarrollar, reglamentar e implementar el Registro  Único de Adopción nacional e Internacional RUANI.

3 Toda las solicitudes de adopción que se encuentren sin preasignación administrativa (asignación de un niño) deberán ser tramitadas conforme al procedimiento dispuesto  por la nueva ley.

4 Las secretarías de los Juzgados Públicos de Niñez y Adolescencia deberán llenar en el RUANI la información de todos los menores de edad en situación de adoptabilidad en un plazo no mayor a los 30 días después de la implementación del registro.

5 La quinta y última disposición transitoria señala que la Ley 229 entrará en vigencia el 5 de agosto de 2019. Hasta esta fecha deben cumplirse todas las disposiciones referentes al registro único para adopciones.

Confidencial

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