Megadeslizamiento: vecinos en emergencia por nuevas viviendas

Bloquearon la zona afectada en 2011, en protesta por nuevos asentamientos en un sector de alto riesgo
viernes, 24 de mayo de 2019 · 00:04

Luis Escobar  / La Paz

Los vecinos de Pampahasi se declararon en emergencia y salieron a bloquear la avenida Octavio Campero, una de las principales vías de acceso a la zona, para exigir a la Alcaldía de La Paz que impida nuevas construcciones en la cabecera donde se registró el  megadeslizamiento en febrero de  2011.  Temen que las nuevas viviendas  provoquen desastres.   

El burgomaestre Luis Revilla respondió que la Alcaldía  lleva adelante tareas de fiscalización contra las  construcciones ilegales,  pero que los funcionarios ediles no  pueden  demoler las casas  porque no cuentan con  el apoyo de la fuerza pública.

“Estamos en contra de los loteadores. Trabajamos de forma muy cercana a nuestras bases y pedimos más control porque al final  de la avenida 23 de Marzo entraron los loteadores y desestabilizaron nuestro sector”, dijo el presidente de la junta de vecinos de Valle Metropolinano de Pampahasi, Víctor Castro.

  Según los representantes vecinales,  el pedido principal es el desalojo de los asentamientos ilegales. “La Alcaldía ya determinó que esa zona debe quedarse como área forestal”, agregó el dirigente.

En febrero de 2011 se produjo una de las mayores tragedias de la ciudad de La Paz.  Un megadeslizamiento arrasó  1.100 viviendas desde Pampahasi, pasando por Kupini, Callapa hasta llegar a afectar algunas viviendas de Irpavi.

 Luego de  la emergencia, la Alcaldía elaboró un mapa de riesgos y declaró el sector como de “muy alto riesgo”, además,  prohibió nuevas construcciones. 

Ocho años y medio después de la emergencia, varias personas tomaron otra vez el sector afectado para construir casas.  “No hay muchas viviendas. Están en proceso de construcción de algunas habitaciones provisionales. Así trabajan los loteadores y entran de forma ilegal. Primero hacen una habitación simple, luego de eso toman posesión del terreno y  comienzan  a levantar casas. La posición de los vecinos es que no entren más loteadores”, añadió el dirigente.

Las construcciones se encuentran al pie del talud detrás del colegio Don Bosco de Pampahasi.  “Han calado el talud. La preocupación de los vecinos es que pueda volver a producirse un  deslizamiento”, dijo Guzmán Coaquira, otro de los ciudadanos que vive cerca de la zona. 

El Alcalde Luis Revilla afirmó que necesitan apoyo para intervenir el área. “Hay fiscalización, hay control y  hay procesos administrativos. Lo que no hay es el acompañamiento policial. Si nosotros concluimos un proceso administrativo que instruye la demolición de muros o de una construcción ilegal, necesitamos el acompañamiento de la fuerza pública. Ese es el gran problema. La Policía no nos acompaña cada vez que tenemos esta necesidad”, declaró la autoridad municipal.    

Revilla agregó que cuando los funcionarios van a realizar demoliciones son recibidos con piedras y palos por los loteadores. “Para evitar agresiones a los trabajadores y cualquier tipo de enfrentamientos necesitamos  el acompañamiento policial. Esas son parte de las acciones que debemos acordar con el Gobierno nacional para evitar que este tipo de construcciones proliferen mucho más en la ciudad”, dijo.

El burgomaestre reiteró que requieren del acompañamiento de la fuerza pública para evitar que en el futuro nuevos deslizamientos. Uno de los más recientes  ocurrió el  30 de abril pasado en  San Jorge -Kantutani. Este hecho provocó el colapso  de 68 inmuebles. 

“Son construcciones que no tenían autorización, que tenían procesos de fiscalización y no fueron demolidas por falta de  fuerza pública. Luego  terminan en este tipo de circunstancias”, aclaró Revilla.

 De acuerdo a la autoridad edil, los funcionarios también son perseguidos  con demandas  cuando realizan los  trabajos de fiscalización. Citó como ejemplo el caso de un  hombre que enjuició a personal municipal  por un predio,  sin  tener documentos que acrediten que  él era el   dueño. “A veces los funcionarios judiciales les han dado la razón, lamentablemente”, enfatizó.

En ese marco, el burgomaestre propuso  tratar  este tema de fondo  e indicó que es necesario realizar  ajustes a las  normas nacionales y locales, además de rediseñar la manera en que se hace la fiscalización.

 

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