Denuncian red de avasalladores con “vinculaciones de alto nivel”

El modo de operar, según la denuncia, es alquilar un inmueble para inhibir el ingreso del dueño y posibilitar su toma mientras se tramita su traspaso con papeles falsos.
domingo, 02 de junio de 2019 · 00:04

Página Siete / La Paz

Una persona alquila un inmueble e impide  así  el ingreso del  dueño. El predio es   tomado  después por   avasalladores, quienes tramitan ante Derechos Reales el traspaso de propiedad  valiéndose de documentos falsificados.  Ese es el modo de operar de “una red con vinculaciones de alto nivel”,  denuncia una afectada  que desde hace  más de un año vive un vía crucis judicial y no puede recuperar su propiedad. 

Fernanda Luzio  lleva adelante   un proceso por  avasallamiento  de un terreno ubicado en Alto Calacoto contra Gloria Morales y Carola Córdoba. El primer abogado de  las demandadas fue Israel Campero,    exasesor de la Vicepresidencia que en febrero fue nombrado vocal constitucional de La Paz.   

Actualmente el representante legal de Morales y Córdoba  es Oswaldo Zegarra. Este jurista  llevó adelante, entre otros, el juicio de Juan Ramón  Quintana contra el periodista Wilson García.  

Luzio incluye  como imputados en el proceso a   Alejandro y a Eduardo Leytón, los inquilinos. En diciembre de 2017, ambos hermanos arrendaron el terreno y el galpón como representantes de las empresas Acelerando SRL y Xtreme Calisthenics and more SRL, respectivamente. 

Alejandro Leytón es también  el principal socio  de  Arte Bolivia. Esta empresa  se adjudicó, por invitación directa, la organización del encendido y transporte de la llama  de los Juegos Suramericanos, realizados en 2018.

El alquiler, el  avasallamiento

El terreno en cuestión está ubicado en la zona de Alto Calacoto. Hace una década operaba allí el museo interactivo para niños Toco Todo y posteriormente fue arrendado a otras instituciones.

 “Hace 27 años mis hijos y yo somos propietarios de este predio, que heredamos de mi difunto esposo”, dijo Luzio.  Vecinos del lugar aseguran que conocen desde los años 90 a esta señora como la dueña del terreno.     

 En octubre de 2017, los hermanos  Leytón alquilaron el inmueble  para instalar allí un centro de calistenia. Pagaron la garantía y un mes de renta. “En diciembre, cancelaron parte del alquiler adeudado y luego, entraron en mora. También dejaron impagos la luz y el agua y, finalmente, abandonaron el inmueble, que nunca usaron”, asegura el abogado de Luzio, Ramiro Vega.

En febrero de 2018, Luzio determinó rescindir el contrato de alquiler “por incumplimiento de pagos”. “Tratamos de llegar a un acuerdo para la devolución pero sólo recibí amenazas y amedrentamientos, por lo que inicié un proceso de desalojo”, declaró. 

El abogado de los  demandados,  Vladimir Mamani, asegura  que “la señora decidió rescindir el contrato de forma unilateral y sin ningún justificativo”.

 El 29 de marzo del año pasado, Luzio fue alertada por los vecinos que camiones con material de construcción ingresaron al inmueble. “Cuando llegué, Carola Córdoba se presentó como  nueva dueña del terreno. Imagine mi sorpresa;  estaba en el predio  de mi propiedad que yo había dado en alquiler, con gente de choque, lista a poner ladrillos”, relató. 

Ese mismo día, tras la denuncia, la Policía desalojó el terreno y el galpón, que desde entonces permanecen  precintados. En medio del escándalo, una funcionaria edil llegó al lugar y citó a Córdoba a la Subalcaldía Sur para que presente sus documentos de propiedad y permiso de construcción. “Ella nunca lo hizo”, aseguró  el abogado Vega.

Dueña “fantasma”

Días después, otra mujer -Gloria Morales-, representada entonces por el  abogado  Campero, interpuso una denuncia por avasallamiento contra  Luzio. Esa querella ya fue rechazada, pero actualmente está “objetada y pendiente de resolución”. 

Cuando hizo la denuncia Morales entregó a la Policía un documento de Información Rápida de Derechos Reales (DDRR)  que acreditaba su supuesto derecho propietario. “Sin embargo, ni el número de registro ni el metraje coincidían con los del inmueble”, dijo el abogado de Luzio.

“Para más complicación, se evidenció que en DDRR había un trámite de inscripción de transferencia del predio; según el cual éste había sido vendido, no a Carola Córdoba ni Gloria Morales, sino -aunque parezca increíble- a una tercera mujer: Rocío Flores, que no existe, su  carnet es falso”, añadió.

Ese trámite de transferencia fue anulado por un juez de Derechos Reales  después de que evidenció una veintena de documentos falsos   presentados. “Una de las evidencias es que falsificaron un poder a nombre de mi hija, que es menor de edad y copropietaria del inmueble. Jamás hubiera podido transferirse esa propiedad sin autorización de un juez de menor”, recalcó la demandante Luzio.

 La existencia de ese trámite para la transferencia  con documentos adulterados, según la denunciante, es prueba de que “la red de avasalladores tiene conexiones que operan desde Derechos Reales”. Recientemente se destapó un escándalo de corrupción nacional   en DDRR que acarreó auditorías y despidos  en  la institución.

 “Para cerrar el círculo, Gloria Morales, quien presentó los documentos de propiedad falsos, tenía como abogado a Israel Campero. Él casualmente compartía domicilio laboral con Carola Córdoba, quien también se presentó como propietaria al avasallar el terreno”, aseguró Vega.

Un año precintado

En mayo de 2018 , el juez Público en Materia Civil y Comercial Noveno, en una audiencia de amparo constitucional, dispuso  el desalojo de los avasalladores y la devolución del predio a Fernanda Luzio y a sus hijos. Según su abogado, esa determinación obedeció a que  la parte contraria  presentó  como prueba los documentos falsos detectados en DDRR.

No obstante, esa determinación aún no se cumple y el precintado de los predios continúa, pues la audiencia para este fin se aplazó ya seis veces. 

 El abogado Ramiro Vega sostuvo que los antecedentes del caso -falsificación de documentos que registraron en notarías públicas y DDRR- “lleva a pensar que existe protección del más alto nivel y que, probablemente, hay más víctimas”.  

 

Suspenden por sexta vez la audiencia del caso

El  jueves 30 de mayo,  la autoridad de la Fiscalía Patrimonial de la zona Sur, la fiscal Magaly Bustamante, suspendió por sexta vez la audiencia del caso 815/2018 sobre el avasallamiento del  terreno en Alto Calacoto. La parte demandante denuncia manipulación y retardación.   

“Han tomado la decisión de la suspensión con una nota que manda el fiscal de distrito. En definitiva, es una violación a los derechos de mi cliente, básicamente es uso indebido de influencias”, declaró Ramiro Vega, abogado de la demandante Fernanda Luzio.

El jurista reiteró que ese caso es una muestra del tráfico de influencias. “Es evidente que estamos en una situación de un caso de corrupción grave, que va más allá del interés de la sindicada, que es Gloria Morales. Hace pensar que  ella es simplemente un palo blanco de alguien poderoso, porque me llama la atención la logística gubernamental por un simple caso de allanamiento”, dijo  Vega.

 El abogado de los hermanos Leytón, coimputados en el caso como inquilinos del inmueble,  Vladimir Mamani, aseguró que  la suspensión de la audiencia, por esta sexta vez, perjudica a sus representados.

 “El informe que pide la Fiscalía departamental es  un control interno para ver qué tipo de actuados se está haciendo. Al parecer uno de los abogados de los coimputados está pidiendo cambio de fiscal, o cambio de investigador, entonces presumen que puede existir algún tipo de beneficio con la fiscal, o con el investigador, o con alguna de las partes”, dijo Mamani. El inmueble en disputa permanece precintado desde marzo de 2018.

 

 

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