Organizaciones de periodistas rechazan amenazas contra Radio San Miguel

El artículo 28 de la Ley de Imprenta ordena que los funcionarios que se consideren atacados por la prensa en condición de tales solo podrán plantear su queja ante un Tribunal o Jurado de Imprenta.
jueves, 20 de junio de 2019 · 19:12

Página Siete Digital / La Paz

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), a través de un pronunciamiento conjunto, rechazaron el jueves las amenazas de una parlamentaria del gobernante MAS, la senadora María Argene Simone Cuéllar, a una periodista de Radio San Miguel de Riberalta.

Los periodistas de las organizaciones señaladas no aceptan las amenazas emitidas por el partido gobernante porque éstas vulneran la libertad de expresión y el acceso a la información, según la Constitución Política del Estado y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión vinculantes para el Estado Boliviano.

Radio San Miguel de Riberalta, ubicada en el norte del Beni, emitió un comunicado en el que denuncia ser víctima de amenazas de parte de la "clase política gobernante"  debido a la denuncia del registro de hechos irregulares en la inscripción de electores de Riberalta para que voten en Pando y "que ponen en juego la transparencia de la democracia".

Radio San Miguel expresó su posición ante estas amenazas que atentan la libertad de expresión y el derecho a la información. "La jefe de prensa de Radio San Miguel ni ningún periodista de nuestra emisora concurrirán a instancias que no se rijan por la Ley de Imprenta, que es la que verdaderamente está en juego en este caso".

El artículo 28 de la Ley de Imprenta ordena que los funcionarios que se consideren atacados por la prensa en condición de tales solo podrán plantear su queja ante un Tribunal o Jurado de Imprenta. Esos funcionarios también pueden recurrir al Tribunal Nacional de ética periodística. No se puede procesar a un periodista en la vía penal, sino ante un Tribunal de Imprenta, a menos que se busque acallarlo o atentar contra la libertad de expresión, cita el pronunciamiento.

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