Extranjeros viven una odisea por conseguir visas de trabajo

Para un ciudadano fuera del Mercosur, el costo de una visa por un año es de alrededor de Bs 3.000. Se suma el tiempo de los trámites y la informalidad del proceso.
domingo, 23 de junio de 2019 · 00:04

María Ortiz  /  La Paz

Tramitar la permanencia temporal por trabajo en Bolivia puede llegar a ser toda una odisea. La cantidad de requisitos exigidos y el precio –a lo que se suma el tiempo– a pagar por la obtención de estos  hacen que el proceso  se convierta en un trámite “moroso” y “caro” para el ciudadano extranjero que viene a trabajar al país.

“Desde que llegué a Bolivia empecé a hacer mis trámites. Yo llegué el 26 de agosto y los trámites los terminé el 16 de noviembre”, explica Hailyt Castillo, una joven venezolana que ahora regulariza la situación de sus hijos. “Fue bien engorroso”, asegura.

Las mayores dificultades las encontró con los requisitos de la Interpol. “Ellos te piden los certificados de la Felcc y la Felcn y cuando vas a esos lugares te exigen más requisitos para poder tramitar lo que es el certificado de antecedentes penales”, explica Castillo.

A los 2.208 bolivianos que tuvo que pagar para iniciar el trámite de su visa en migración, Castillo le suma el de los demás papeleos, exámenes y certificados: “serían unos 3.000 (bolivianos) para una visa de un año”, afirma.

Por otra parte, a las personas que recurren a asesoramiento legal para regularizar su situación en el país se les incrementa el precio en unos 100 dólares, que es en promedio lo que cuesta el acompañamiento de un abogado durante el  proceso.

El experto

“El problema está en que el ciudadano extranjero que no está dentro del acuerdo Mercosur o de la Comunidad Andina (CAN) tiene que hacer una doble tramitación de migración. Es decir, migración pide una cantidad de requisitos, que está conforme a la normativa, pero uno va a la Policía y para sacar un certificado policial te piden otro chorizo de requisitos”, comenta Gustavo Luna Orozco a las puertas de la Dirección General de Migración, un abogado que bien sabe lo engorroso que puede llegar a ser para el extranjero que atraviesa ese umbral tramitar su residencia.

Luna advierte que el trámite en sí es sencillo y que no debería haber mayor problema para que las personas puedan realizarlo por sí mismas, pero asegura que a veces se cae en la “desinformación” y en el cambio “arbitrario” de requisitos de última hora por parte de los mismos funcionarios de migración.

“Nosotros brindamos el asesoramiento legal (…). Los ayudamos a obtener la documentación y también los acompañamos a realizar el trámite, puesto que hay veces en que los funcionarios cambian los requisitos de manera unilateral y arbitraria, entonces nosotros los defendemos”, explica.

 

La burocracia migratoria a la que se enfrentan los extranjeros para obtener la permanencia temporal por uno, dos o tres años en el país no es la misma para todos. El papeleo exigido varía en función de la nacionalidad del ciudadano que vaya a tramitarla y, en cualquiera de los casos, y para evitar pagar multa por contratiempos, es recomendable ingresar al país con una visa de turista, que otorga 90 días para que las personas puedan realizar sus trámites.

“Las personas que se topan con más dificultades son las que pertenecen al tercer grupo, como los de nacionalidad africana, y algunos ciudadanos chinos”, precisa Luna.

“El problema no está en la normativa, el problema está en la burocracia de los funcionarios en algunos casos”, anota. Un hecho que hace que la duración de los trámites se dilate aún más en el tiempo.

Luna observa que si bien con la nueva ley de migración de 2013 Bolivia es un país que se abre a los extranjeros, “la mentalidad de los funcionarios no ha cambiado”.

Los países pertenecientes al Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), a la Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Ecuador y Perú) y Chile pueden tramitar su residencia de dos años por un precio de 450 UFV (1.035 bolivianos). Este trámite exige cuatro requisitos y no debería demorar más de ocho días. Además, este tipo de visa otorga a las personas el derecho de desempeñar actividades laborales en el país de forma legal.

El costo para el resto de los países varía en función del tiempo de permanencia que se solicite. Hasta un año, la persona tiene que desembolsar 960 UFV (2.208 bolivianos), hasta dos años tiene un costo de 1.250 UFV (2875 bolivianos) y hasta tres, 1.550 UFV (3.565 bolivianos). Para este trámite, pese a que se multiplican los requisitos, la norma estipula un máximo de ocho días para completarlo. Sin embargo, Luna asegura que la media de tiempo que puede durar esta gestión es  de  tres semanas.

“Tantos documentos como migración”

Al recién llegado que quiere tramitar su residencia por trabajo, migración le da la opción de presentar el certificado de antecedentes penales emitido por su país de origen o, en su defecto, el certificado expedido por la Interpol.

Para obtener este último, Interpol le exige, entre otras cosas, el certificado de antecedentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), del Registro Judicial y Antecedentes Penales (Rejap), una fotocopia del contrato de alquiler a nombre del solicitante y cualquier documento que acredite el derecho de propiedad del inmueble.

“Interpol  pide un contrato de alquiler y el folio real, pero el propietario aquí en Bolivia es muy desconfiado y no da un folio real cuando alquilan el inmueble. Ahí, por ejemplo, (el extranjero) ya no puede cumplir con los requisitos y se tiene que ir por la vía de pagar al policía para que le otorgue su certificado de Interpol”, explica Luna.

“No debería ser complicado sacar ese certificado porque eso está en el sistema, en una base de datos, pero aquí Interpol hace una tarea también de migración porque te pide tantos documentos como ellos. Incluso en Santa Cruz, Interpol realiza operativos migratorios siendo una entidad policial, netamente administrativa, no operativa”, asevera, dejando en evidencia la falta de coordinación entre las propias instituciones.

Para tramitar la residencia temporal por trabajo, migración les exige a los ciudadanos de países que no pertenecen al acuerdo Mercosur una documentación que acredite la actividad que desarrollarán en Bolivia. Esta puede ser una carta notariada de invitación o un contrato de trabajo, los cuales deben ir acompañados de algunos documentos de la empresa, como el acta de constitución. Asimismo, en caso de que vayan a trabajar como independientes, pueden presentar una declaración jurada que establezca la actividad que desempeñarán en territorio boliviano. Esta última se convierte para muchos en una opción más asequible, dado que no requiere de ciertos documentos complementarios que a veces las empresas son reacias a aportar.

“Las dificultades venían de encontrar la buena fórmula de visa por motivo de trabajo. Lo hice al final como trabajador independiente”, manifiesta Johan Baylac, un francés que tras haber trabajado en Bolivia ha decidido volver a su país para “hacer un poco de plata”.

“Al igual que hice yo, se puede hacer también la visa como dependiente de una empresa sin realmente estar en el capital humano de la empresa”, detalla, al tiempo de  mencionar la informalidad que rige en esta institución.

“En La Paz hay un montón de funcionarios que  no entienden nada de los papeles”.

En este sentido, Luna sostiene que es migración la que “induce al ciudadano extranjero a dar información falsa o no verídica, no siempre falsa, pero que no sea cierta”.

Fronteras que detienen

En algunos casos, las puertas de entrada al país se cierran de golpe en la frontera. Según algunas denuncias, esta es tierra hostil para los extranjeros, expuestos a sufrir todo tipo de abusos por parte de la Policía.

En la localidad fronteriza de Desaguadero, donde existe un gran flujo migratorio de ingreso a Bolivia, “existen muchos abusos de robo de equipajes y cosas de valor”, asegura  Gustavo Luna Orozco, abogado.

“La mayoría son migrantes económicos venezolanos y no tienen quién los defienda. Algunos, muy pocos extranjeros, logran hacer una denuncia en la Defensoría del Pueblo, que es la única instancia donde podrían acudir, pero eso es cuando la persona está bien informado de las instituciones en Bolivia”, explica. Dada la crisis en Venezuela, que está produciendo el mayor éxodo de refugiados en la historia de las Américas, los habitantes de ese país, al llegar al nuestro, se topan con inesperadas adversidades que se suman a las que ya afrontan.

La suspensión de Venezuela del Mercosur es un varapalo para sus ciudadanos desde el ámbito turístico. Esto ha supuesto que los venezolanos que llegan a trabajar al país tengan que tramitar su visa y regularizar su situación cumpliendo con más requisitos de los exigidos anteriormente. Algunos de los cuales no cumplen. O no pueden cumplir.

“El que está atravesando más problemas para regularizarse es el ciudadano venezolano (…). Algunos de estos ciudadanos han ingresado al país desprovistos de documentos de identidad. Otros tienen sus cédulas muy dañadas y en algunas otras instituciones, para poderles dar algún documento que necesitan les exigen el pasaporte y ellos no lo tienen”, explica el abogado Rafael Ortiz.

“Además de que se les está negando prorrogar la visa de turismo, para poder regularizarse están enfrentando dificultades porque les piden que acrediten la solvencia económica y muchos de ellos trabajan todos los días en la calle. Les piden una declaración jurada con extractos bancarios. Si no tienen para el cotidiano vivir, ¿cómo van a tener una cuenta bancaria?”. Se cuestiona Ortiz en la misma puerta donde el sueño de muchos se consuma.

Ortiz concluye que en migración se dan una serie de “aberraciones” y “contradicciones” que están complicando la situación de los ciudadanos extranjeros.

Marco  normativo:

  • Ley General del Trabajo  En su artículo 3 estipula que en ninguna empresa el número de trabajadores extranjeros podrá exceder el 15% del total y comprenderá exclusivamente a técnicos.
  • Ley de Migración  El segundo epígrafe del artículo 12 determina que el Estado garantiza a las personas migrantes extranjeras el ejercicio y goce de derechos. Entre ellos, el punto 4 señala el derecho “al trabajo, a la seguridad social, a los servicios y prestaciones sociales básicas; a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, de acuerdo a lo previsto en la ley”.
  • El artículo 30 establece que la permanencia temporal es la autorización para permanecer en el país hasta un máximo de tres años. “Podrá ser concedida a las personas migrantes extranjeras que habiendo ingresado legalmente al territorio nacional, así lo  soliciten, de acuerdo a las siguientes categorías: (1) Permanencia temporal de un año, renovable por dos periodos iguales. (2) Permanencia temporal de dos años, renovable por un año. (3) Permanencia temporal de tres años”.
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