Una Fejuve pide reabrir el caso por la crisis del agua de 2016

El caso contra la exministra de Agua Alexandra Moreira y otros tres funcionarios fue cerrado por la Fiscalía. El desabastecimiento afectó a 94 barrios.
martes, 4 de junio de 2019 · 00:04

Página Siete  / La Paz

Los paceños jamás olvidarán noviembre de 2016, cuando vivieron  una crisis que dejó a 94 barrios sin agua. Hasta la fecha  no se sancionó  a las autoridades involucradas en el caso, incluso el viernes se  conoció que el Ministerio Público lo cerró.

   Por eso, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) afín a la Alcaldía anunció ayer que  solicitará  la apertura otra vez del  caso de la crisis de agua que involucra a la exministra de Medio Ambiente  Alexandra Moreira, mientras que la federación afín al Gobierno dijo que  los únicos responsables del hecho son los  técnicos de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas). 

“Saldremos a la palestra para pedir que  abran otra vez   el caso. Primero, necesitamos un informe para saber por qué se cerró  la  investigación,   ya que fue un atentado a la ciudad. No parece justo que  salga  impune (la exministra) y no pase nada. Esto parece político. Replantearemos la denuncia”, dijo  el dirigente de la Fejuve opositora al Gobierno Luis Castillo.

 En las últimas horas se conoció que la Fiscalía emitió la resolución de sobreseimiento en el proceso contra la exministra, los exinterventores  de Epsas Rudy Rojas y Hugo Gómez;  la exautoridad de Fiscalización y Control Social  de Agua Potable y Saneamiento   Benecio Quispe.

Rojas fue procesado por atentado contra los servicios públicos.  Las otras tres personas -entre ellas  la exministra Moreira- fueron acusadas    por incumplimiento de deberes y atentado contra los servicios públicos.

El dirigente de la Fejuve afín al Gobierno, Jesús Vera, consideró que la responsabilidad de la crisis del agua  es  sólo de los técnicos de Epsas  y no así de la exministra. “Ellos fallaron,  tenían que  dar la voz de alarma en su momento. La Fiscalía tenía que hacer una investigación dirigida a estos funcionarios y ver sus responsabilidades”, dijo. Descartó que  pidan reabrir el proceso. 

“Si ellos (los fiscales) vieron que no hay responsabilidad, ¿nosotros qué podemos hacer? Ya no podríamos hacer nada y eso nos enseña a  controlar  a las empresas que nos dan  servicios”, dijo.

El abogado de dos de los acusados, Andrés Zúñiga,  descartó la posibilidad de reabrir  el caso.  “En todo proceso, cuando alguien se siente agraviado puede generar incidentes o un mecanismo de ataque que pueda reabrir un  caso. Pero cuando los plazos prescriben es imposible. Tal vez puedan recurrir a una acción constitucional”, afirmó.

La Alcaldía de La Paz  y  la Universidad Mayor de San Andrés  ven  una injerencia  del Ejecutivo en la justicia. “El cierre del proceso judicial de @epsaslp por la crisis del agua de 2016 se enmarca en el control absoluto del Gobierno sobre el Ministerio Público y el Órgano Judicial. Con el tiempo nadie es procesado y se consolida la impunidad de los responsables”, expresó el rector de la UMSA, Waldo Albarracín.

El director jurídico de la Alcaldía, Fernando Velásquez, dijo  que el sobreseimiento demuestra la  protección a exfuncionarios del Gobierno por  parte de la Fiscalía  y  del aparato judicial. “La población sintió los efectos de una falta de previsión. Es una responsabilidad que tenían las autoridades de establecer cuáles son los niveles de consumo y la cantidad de agua almacenada. Pese a este elemento tan básico,  advierten que no encontraron responsabilidad”, dijo.

Problema del agua
El 8 de noviembre de 2006,  Epsas anunciaba el racionamiento de agua en 94 barrios de la ladera Este y la zona Sur. La causa, una baja en el embalse de todas las represas.

2017 En junio, la Fiscalía imputó a la exministra Alexandra Moreira por atentados a los servicios públicos, después de la crisis de agua que vivió La Paz en 2016. En agosto  fue nombrada funcionaria en el servicio exterior.

2019 A inicios de mayo, el Ministerio Público emitió la resolución de conclusión y sobreseimiento con la que favoreció a la exautoridad y a otros cuatro funcionarios de Epsas y de la Autoridad de Agua.

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