Colectivos: No queremos pactos, sino una declaratoria de emergencia

Movimientos que luchan contra la violencia hacia la mujer señalan que los puntos del decálogo presentado por Evo Morales ya están en la Ley 348 y que no definen acciones para evitar más crímenes.
miércoles, 17 de julio de 2019 · 00:04

Alejandra Pau / La Paz

Los colectivos feministas y de defensa de los derechos de la mujer critican  el decálogo de medidas para combatir los índices de violencia extrema,   anunciado por el presidente Evo Morales este lunes.

“No necesitamos un conjunto de pactos, que ya existen en la Ley 348 (para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia) (...). Nosotros demandamos  que se apruebe una emergencia nacional porque nos están matando”, manifestó   Adriana Guzmán, del movimiento Feminismo Comunitario Antipatriarcal.  

 El decálogo  fue elaborado ante los 72 feminicidios registrados en Bolivia en lo que va del año  y los constantes casos de violencia hacia las mujeres.   
 
 Entre los 10 puntos para combatir los índices de violencia extrema figura la asignación de un porcentaje del presupuesto de Seguridad Ciudadana proveniente del IDH, además de generar alianzas con instituciones y sociedad civil para educar y sensibilizar a la población.

 Guzmán y la integrante de NiUnaMenos La Paz, Silvia Fernández, explicaron que la asignación del IDH ya está establecida en la Ley 348 y que los montos no siempre son entregados a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).  

 “Lo que están haciendo con este decálogo es reconocer que la Ley 348 tiene varios elementos que no se han puesto en práctica y que con estos pactos ahora sí los van a poner en práctica”, enfatizó Guzmán.

 Según las activistas,  las medidas de la Ley 348 que no se lograron aplicar figuran que los medios de comunicación cumplen en su totalidad con la difusión de contenidos para prevenir la violencia hacia la mujer, la coordinación con las organizaciones sociales, que las instancias competentes y sus funcionarios  conozcan la normativa,  además de instaurar  la  celeridad en los procesos judiciales y las sentencias en casos de violencia o feminicidio.

      “Es una burla (en el decálogo), no hay ninguna novedad  respecto a esta problemática. No creo que estos pactos atiendan  la reducción de feminicidios y luchen contra la violencia hacia la mujer”, apuntó Fernández. 
     
        
Para ambas, existen acciones concretas que demandan una alerta. Por ejemplo, en   La Paz hay cuatro juzgados contra la violencia hacia las mujeres y de corrupción, dos de ellos tienen jueces interinos hace un año. Esto significa que  los procesos están paralizados.

Para resolver el problema se necesita  separar los juzgados de lucha contra la violencia hacia las mujeres  y los de corrupción.     

 Otra acción concreta, según las activistas, es que el Ministerio de Educación se convierta en parte acusadora respecto a las denuncias de profesores o docentes universitarios acosadores o acusados de violación, y que el Servicio de Atención a las Víctimas acompañe todos los casos de feminicidio.  

“Es urgente una declaratoria nacional de alerta  con presupuesto específico para la atención a las mujeres que sufren violencia, que  haga cumplir la ley y se haga justicia”, concluyó Fernández.

 

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