Deslizamiento: culpan a Colque por el retraso en expropiación

La presidenta del Concejo, Andrea Cornejo, dijo que el proceso está a cargo de la comisión que dirige su colega Isabel Colque. Anunció que pedirá que se aceleren los trámites.
miércoles, 14 de agosto de 2019 · 00:04

Luis Escóbar  / La Paz

La presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Andrea Cornejo,  atribuyó a su colega   Isabel Colque   la demora en el proceso de expropiación de las casas que fueron demolidas en el deslizamiento San Jorge - Kantutani. La legisladora aludida   informó que  despachará el trámite hasta el 15 de septiembre. 

 “El proceso se encuentra en la comisión de Gestión Institucional y Administrativa que es  manejada por la concejala Colque. Ella nos indica que está sin asesores, que no está pudiendo trabajar y pide muchas ampliaciones”,  dijo  ayer  Cornejo y aseguró  que “están presionando para que  (el trámite) salga de una vez y sea tratado en el pleno”.  

El pasado 31 de abril ocurrió un  deslizamiento en la zona de San Jorge - Kantutani, donde 68 casas  colapsaron y otras 19 fueron demolidas previo compromiso de la Alcaldía de expropiar estos terrenos. El trámite fue elaborado por el Gobierno Autónomo Municipal  de La Paz  e ingresó al Concejo, pero el proceso no avanzó.
 
Consultada sobre si corresponde una sanción contra Colque, la presidenta del  legislativo edil  respondió:   “Sí”. “En esta semana emitiremos  una llamada de atención; pediremos  la aceleración de estos trámites porque tienen un tiempo y no pueden pasar del mismo. Entonces, generaremos, junto a la secretaría, un instrumento para   dar celeridad y  evacuar  los trámites lo más pronto posible”, afirmó.

Cornejo dijo que este tipo de demoras genera un  “perjuicio al ciudadano porque básicamente  muchos de los temas que se tratan en las comisiones son en beneficio de las personas”. 

La presidenta del Concejo   sostuvo que la comisión de Colque maneja  aproximadamente 40 procesos. Uno de  estos trámites es  la declaratoria  a  la zona deslizada San Jorge-Kantutani  como camposanto, porque  hasta la fecha no se encontraron los cuerpos de cuatro personas. 

“Hay muchos trámites que están detenidos en la comisión de la concejala Colque y nos dijo que comenzará  a evacuarlos. Espero que así sea, porque hemos tenido varias semanas  donde sesionamos dos días por falta de trámites (cuando corresponden tres a la semana). Si bien  las otras comisiones generan procesos, la de Colque  debería entregar  bastantes que están detenidos”, dijo.

 Colque ingresó al Concejo Municipal de La Paz  el pasado 4 de junio en reemplazo de Fabián Siñani,  quien se encuentra con detención domiciliaria sin derecho a trabajar. 

Este legislador de SOL.bo está  imputado por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. La Fiscalía inició el proceso por favorecimiento  a Tersa, empresa encargada de  la administración del relleno sanitario de Alpacoma.

Por su parte, Colque afirmó que “se está haciendo todo lo que se puede”  y sostuvo que  por el momento no tiene el número de asesores suficientes. “Los colegas concejales saben que las carpetas están acá. Les dije que algunas de mis compañeras, que estaban con el anterior concejal, tienen vacaciones incluso hasta de  60 días”, afirmó. 

Según la legisladora edil, por  la situación de estos funcionarios no pudo  contratar a  un nuevo personal en su comisión. 

Colque  sostuvo que  concluirá el trámite para la expropiación de terrenos del deslizamiento   hasta el próximo  15 de septiembre y después será enviado para que sea  aprobado por el Concejo. “Lo antes posible despacharé todas  las carpetas”, dijo. Aseguró que  cuando el equipo de asesores  se encuentre  bien conformado  se trabajará de una manera más eficiente.  
 

 Los  procesos 

  • Emergencia  Luego del deslizamiento que se registró el pasado  31 de abril, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  se comprometió a expropiar los terrenos de 19 inmuebles para que sean demolidos y no corran el riesgo de colapsar.
  •  Proceso La Alcaldía necesita la declaratoria de necesidad y utilidad pública.  Una vez  finalizado este proceso, se  realizan  las conversaciones entre autoridades y vecinos para establecer un “justo precio”. Por eso, se  nombran peritos para que defina el  monto de la expropiación. Según  el alcalde, Luis Revilla,  “no hay una cantidad preestablecida  y parte del procedimiento es la conversación, el diálogo y el acuerdo al  que se debe llegar”.
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