Bolivia: en 2018 se registraron 65 ataques a la prensa, el Estado es el principal agresor

Hubo 732 reportes de atentados en contra de la libertad de expresión en Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela; 44 tuvieron que ver con discriminación de género.
lunes, 26 de agosto de 2019 · 00:04

Madeleyne Aguilar A / La Paz

El  Estado es el  principal agresor  de los periodistas en ocho países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, señala el informe de 2018 que realizó el colectivo de la sociedad civil Voces del Sur. Para el caso boliviano, la mayoría de los ataques, 21 de 65, fueron  por “discurso estigmatizador”.

Organizaciones de la sociedad civil (OSC), miembros de Voces del Sur,  reportaron   732 alertas contra la libertad de expresión  entre enero y diciembre del año pasado. “404, un alarmante número, pertenecieron a ataques, teniendo al Estado como el principal perpetrador”, revela el informe publicado en julio de 2019.

El estudio  consideró 12  indicadores: asesinatos, secuestros, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, tortura, agresiones y ataques, discurso estigmatizador, acceso a la información, procedimientos judiciales en contra de medios de comunicación y periodistas, uso abusivo del poder estatal, marco jurídico contrario a las normas y restricción de internet.

“No son sólo crímenes,  requieren especial consideración dada la naturaleza pública del trabajo periodístico. Representan violaciones al derecho de la sociedad a estar informada. El periodismo independiente y el ambiente propicio que ello requiere son pilares de la democracia”,  se enfatiza.

 El objetivo de la  investigación es  verificar  el cumplimiento de los  Objetivos de Desarrollo Sostenible  de la Agenda para 2030 de las Naciones Unidas. Los indicadores en común están basados en el ODS 16, que se enfoca en proteger las libertades fundamentales, asegurar la seguridad y la protección a periodistas.

“Los periodistas están también sujetos a violencia, intimidación y abuso, la mayoría de los cuales ocurre mientras se reporta sobre intereses especiales de los grupos de poder”, detalla el documento de Voces del Sur.

En los ochos países del estudio, “las agresiones y ataques fueron las alertas más recurrentes en 2018, seguido de las  relacionadas con el uso abusivo del poder estatal y el acceso a la información”.

Las 65 alertas en Bolivia 

En 2018  Bolivia, se registraron  65 casos de agresiones a la prensa. Con 21 alertas, el tipo de ataque más frecuente es el  “discurso estigmatizador”. Esta categoría se refiere a  insultos o arremetidas a la reputación de los periodistas o medios provenientes de servidores   o figuras públicas importantes. También contempla las   campañas sistemáticas que apuntan a la desacreditación. 

En esta línea, en el país también se registraron 12 casos de abuso del poder estatal y tres por acceso a la información. Según el informe,  en 46 casos (de os 65 en total) el perpetrador fue el Estado. En cinco hay indicios de incidentes por discriminación de género.

El informe  incluye además datos de algunos de los países más peligrosos  para ejercer el periodismo como Nicaragua, con 234 alertas registradas en 2018 y Venezuela, con 196. Mientras que también hay otros países con índices más bajos  como Uruguay (12 alertas) y Perú (13 alertas). 

 Las OSC de Latinoamérica que reportaron los ataques  fueron: Instituto Sociedad y Prensa  de Perú y Venezuela, Asociación Nacional de Prensa de Bolivia, Fundamedios de Ecuador, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública de Uruguay, Comité por la Libertad de Expresión de Honduras, y Foro de Periodismo Argentino  y finalmente la Fundación Violeta Barrios de Chamorro de Nicaragua.

La Asociación Nacional de la Prensa registró 18 de agresiones  en lo que va del año

La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Diarios) registró  18 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación en los primeros siete meses el año. Ataques verbales de funcionarios de los distintos niveles de  gobierno  encabezan la lista de acciones que afectan al trabajo periodístico. 

En enero el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, acusó a los periodistas de “manipular la información”. El gobernador del departamento de Chuquisaca, Esteban Urquizu (MAS), acusó a los medios de discriminación y desafió específicamente a Página Siete a entrevistarlo en quechua. 

En Cochabamba hubo una amenaza de muerte  a un periodista de  Los Tiempos  y otra de una hacer explotar una bomba en el  diario Opinión. En Guayaramerín, la alcaldesa, Helen Gorayeb,  acusó  al periodista del “Canal 8 Bambú” Edwin Neira  de “acoso mediático, político y psicológico” por un trabajo de investigación. 

En febrero un equipo del diario Los Tiempos  fue retenido por dos horas en  Capinota.

En abril la reportera de la radio Éxito   fue agredida en un enfrentamiento entre conductores y Yolanda Limpias fue retenida por la fuerza por el fiscal José Fernando Riojas.  Johana Tapia de ATB-Cochabamba sufrió un traumatismo encéfalo craneal  en un conflicto. 

Los periodistas Galo Hubner Mamani, de radio FM Bolivia, y Gonzalo Rivera, del programa Encontrados de radio Líder, fueron acusados de  alentar los enfrentamientos entre  productores de coca de los Yungas por informar sobre un conflicto. También por su trabajo periodístico,   Alberto Ruth Justiniano,  director del programa de televisión Camino del Delito, recibió una llamada “cuestionadora” del comandante de la Policía  de Santa Cruz.

En Mayo   el ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz  llamó   al periodista de  El Deber Guider Arancibia. Le reclamó, acusó y amenazó por un artículo  sobre  presuntos  vínculos de narcotráfico con autoridades del Gobierno boliviano.

Otra  denuncia advirtió que la agenda y cuestionarios de entrevistas con autoridades gubernamentales eran revisadas, direccionadas y aprobadas  por el Ministerio de Comunicación. 

En junio,  en las protestas de los productores de  coca  una periodista  del matutino El Diario fue atacada por los movilizados  con  petardos. Día después   la senadora oficialista Argene Simoni acusó de “acoso político” a la jefa de noticias de Radio San Miguel de  Riberalta en Beni, Carmen Ruelas, quien  denunció irregularidad en varios contratos municipales.

En julio, varios choferes   sindicalizados atacaron a una periodista de La Razón. El primero de agosto  un grupo de cocaleros amenazaron al periodista de  El Deber, Marco Chuquimia.

 

Punto de vista

 Isabel Mercado Directora de Página Siete.
“Hay obstrucción y estigmatización”  

Se ha convertido en un “mantra” gubernamental el alegar que, porque no se dan asesinatos y encarcelamientos a periodistas, y no se cierran arbitrariamente medios de comunicación en Bolivia, la libertad de expresión goza de excelente salud. No es así, si se toma en cuenta los factores que este estudio señala como indicadores de tal situación. 

Me voy a detener a señalar solamente aquellos que dificultan que en el país los medios puedan ejercer su labor de forma independiente; es decir, sin someterse al poder político o económico, como es el caso de Página Siete.  En primer lugar habría que señalar el discurso estigmatizador, que es el que el actual Gobierno ha promovido en contra de este medio desde su creación en 2010. 

Epítetos como mentiroso, de derecha, prochileno y el más creativo: parte del “Cártel de la Mentira” (2016), se han normalizado en la jerga de las autoridades en relación a Página Siete y a los periodistas y medios que no se encuentran en su eje de influencia.

El otro indicador importante que entorpece la libertad de expresión es la obstrucción del trabajo informativo, y éste se da a través de la negación de contrapartes, de la obstaculización del acceso a la información y, en el caso de este medio de prensa, en la manifiesta línea de no conceder espacios ni entrevistas con las principales autoridades gubernamentales.

 Prueba de ello es que en casi una década de vida, solamente hemos podido entrevistar al Presidente en una sola oportunidad y al Vicepresidente en ninguna. Solamente para este proceso electoral se han dirigido tres solicitudes para este fin sin respuesta alguna. 

Si a ello se añade la asfixia económica y la rigurosa fiscalización impositiva, entre otros, se puede fácilmente deducir cómo trabajan en Bolivia los medios que pretenden ejercer el rol de fiscalizar al poder, ser críticos, denunciar la corrupción, exigir rendición de cuentas y abrir el debate público.

 

Lupe cajías, periodista, docente  e historiadora.
“El control y la violencia es sutil”

El informe 2019 preparado por personalidades y entidades confiables bajo el título: “Una Región con claroscuros” analiza el estado de situación de la libertad de prensa y cómo los periodistas pueden acceder a ella en América Latina; la particularidad de este trabajo  es que busca el cumplimiento del ODS 16.10.1. Ese contexto nos permite comprender que hablar de una prensa libre de censura es hablar del Estado de derecho y  la salud de la democracia.

Hace cuatro décadas, la región estudiada estaba sumergida en las dictaduras militares y muchos periodistas fueron asesinados a lo largo de los años 70; centenas fueron exiliados o estuvieron presos en algún momento, algunos fueron desaparecidos en la prisión, hay casos emblemáticos argentinos. Muchos medios fueron clausurados, incendiados, destrozados.

           A veces se quiere utilizar ese parámetro extremo para analizar la situación actual de la libertad de prensa; entonces es fácil concluir que estamos mucho mejor.

            Sin embargo, el otro extremo está en los primeros años de la recuperación de la etapa constitucional cuando la región fue un oasis del buen periodismo, del periodismo de investigación y de la irrupción de nuevas tecnologías. La sombra fue la aparición de grandes compradores extrarregionales de medios, monopolios, oligopolios.            Además, aparecieron otros poderes, como el narcotráfico, que atentó contra medios y periodistas en Colombia y que sigue matando en México y Centroamérica.

En Bolivia, el control actual es sutil, tal como describe el informe: compras oscuras de medios, abuso con la publicidad pública, asfixia económica presionando con impuestos a empresas privadas para que no pauten en un medio considerado opositor, guerra sucia contra reporteros, insultos desde el más alto nivel, y permanente amenaza con aprobar más normativas de control, como el intento de la Ley contra la mentira.

            A ello se suma que no se aprobó, en 15 años, la Ley de Acceso a la Información.

 

Confidencial

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