Sindicatos campesinos, punta de lanza que rompe la lucha indígena

“Antes eran los colonos y ahora con el Gobierno de Evo Morales se han cambiado el nombre  a campesinos originarios pero el daño sigue siendo el mismo”, afirma Alex Villca, vocero de Contiocap.
martes, 10 de septiembre de 2019 · 20:24

Leny Chuquimia / Página  Siete Digital

Fragmentación, desplazamiento y violencia son algunos de los efectos del ingreso de los sindicatos campesinos a los territorios indígenas. Afines al partido de gobierno, se han convertido -según los líderes étnicos- en la punta de lanza para quebrar las pugnas por el derecho al territorio y la decisión sobre él. Aseguran que el voto carretilla en las próximas elecciones es otro de los objetivos.

“Antes eran los colonos y ahora con el Gobierno de Evo Morales se han cambiado el nombre  a campesinos originarios pero el daño sigue siendo el mismo. Son una punta de lanza para penetrar las luchas, son un caballo de troya”, afirma Alex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas para la Defensa de los Territorios y Áreas Protegidas (Contiocap).

Para Lino Illimuri, líder de la Nación Uchupiamona, a largo plazo los efectos de esa pugna entre sindicatos agrarios y los pueblos indígenas se evidencian en la desestructuración de sus organizaciones, la pérdida de su identidad y su forma de vida. Incluso de la libertad.

“Antes podíamos cazar y andar todo nuestro territorio ahora hay temor porque podemos entrar en tierras que ya son de los campesinos y no nuestra. Nos están cercando”, afirma.

Y es que la forma de concebir la tierra y el territorio para ambos grupos es distinta. El encuentro de ambas visiones rompen la armonía y generan pugnas que muchas veces terminan en enfrentamientos.

“Estamos en resistencia y en lucha. Ya ha habido varios enfrentamientos entre los que queremos nuestra titulación como TCO (Tierra Comunitaria de Origen) y los que piden un saneamiento individual. Ya ha corrido sangre. Es que los terceros (como llaman a los campesinos) ven la tierra  para el lucro”, afirma Samuel Flores, Tata de la Nación Qhara Qhara.

El Madidi en la mira

“Quieren entrar a la Amazonía y a la selva, nuestro territorio está en peligro”, afirma Lino Illimuri uno de los líderes de los Uchupiamona.

Ese pueblo indígena fue contactado  en 1616 por los exploradores españoles. Desde su primer acercamiento con los colonizadores pasaron 100 años  para que puedan asentarse en el lugar Oreyapo o Kuara, que significa madre en lengua tacana. Allí sobre el río Tuichi y dentro el Parque  Madidi, habitan hasta hoy.

Sus habitantes viven de de lo que las aguas del río y la selva. En ellas han encontrado su sustento al incursionar en el ecoturismo.

Se sienten rodeados porque los asentamientos van entrando desde varios frentes. El año pasado El territorio Tacana fue invadido por buses y volquetas cargados con personas que llegaron en nombre del Gobierno para fundar nuevas comunidades campesinas. Los enfrentamientos escalaron al punto de quemar algunas casas de los indígenas. Aunque lograron expulsarlos, hoy entran por  Ixiamas y por la frontera con Cobija en Pando.

“Llegan los Sindicatos Campesinos Tupac Katari que entran a formar comunidades fantasmas para lograr la titulación de tierras en las provincia Abel Iturralde al Norte de La Paz”, dice Illimuri.

El 11 de agosto de 2018, la Federación Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, mediante voto resolutivo, pidió  la abrogación del Decreto Supremo que declara al Madidi área protegida  al igual que la eliminación de la categoría de  TCO (Tierra Comunitaria de Origen) al territorio Leco de Apolo. El argumento era el de convertir el lugar en una zona agrícola y minera para la producción de coca y la extracción de oro.

En una asamblea afirmaron que 32 comunidades campesinas, ya asentadas dentro del Madidi, vivían en la pobreza por no poder explotar la riqueza del lugar. Aseguraron que esa tierra debía cumplir su función para garantizar la seguridad alimentaria, pilar de la agenda del actual Gobierno.

La misma organización emitió el 20 de septiembre otra resolución para que cada uno de los 20 ejecutivos provinciales conformen dos nuevas comunidades de 30 personas. Esos  asentamientos -según el instructivo- “recibirán  tierras fiscales en el área protegida”.

Para Villca, el interés de conseguir tierras en territorios indígenas no solo tiene que ver con la ampliación de la frontera agrícola sino con la actividad extractivista y la implementación de las hidroeléctricas que según el anuncio del Gobierno, la de El Bala-Chepete estará en las puertas del Madidi.  

“Es un caso muy interesante, este gobierno tiene muchos tentáculos o brazos operativos. Entre ellos  están el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), los movimientos sin tierra y los sindicatos campesinos que llegan sin respetar a las comunidades indígenas. Son esa punta de lanza para que luego de acceder a la titulación individual de tierras  las negocien para  los monocultivos, la actividad minera o para las hidroeléctricas. Nosotros los indígenas vamos a quedar desplazados”, afirma.  

En el norte paceño hoy hay seis pueblos indígenas que serán afectados por la hidroeléctrica y que se oponen a su emplazamiento.  Por los estudios preliminares se sabe que el área a ser inundada son 771 kilómetros cuadrados, con ello  unos cinco mil indígenas serán desplazados forzosamente.

De haber asentamientos afines al Gobierno ellos serán los que den el apoyo y decidan. “El gobierno reconoce como instancias validas de dialogo solo a aquellas que están a favor o tienen afinidad política. Desconocerán sistemáticamente nuestra lucha”, dice Villca.

Illimuri sabe que si los asentamientos toman el Madidi la naturaleza habrá pedido. “Es que tenemos una visión diferente de la tierra. Como indígenas vemos la colectividad, la tierra es de todos, por eso hablamos de territorio. Ellos hablan de tierra como un instrumento de lucro, un lote mercantilizado, al que entran a chaquear, a desmontar sin importarles si la tierra se contamina o si el río se seca”.

Asegura que detrás de todo esto hay dirigentes y autoridades políticas que ofrecen tierras en el norte paceño para minar a los pueblos indígenas. “Ya no podemos vivir tranquilos. Antes nos desplazábamos por todo el territorio, ahora a veces  sales del margen de la TCO y esa tierra ya no es nuestra porque son de los asentamientos. Ya no somos libres”.

Quila Quila, la pelea por la tierra y territorio, lo individual y lo comunitario  

“Pedimos el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo a su territorio. Estamos siendo avasallados por el estado a través de sus instituciones, de los sindicatos de campesinos afines a su partido”, señala Mario Chincha, Kuraca Mayor de la Nación Qhara Qhara, un pueblo indígena asentado en los valles interandinos del departamento de Chuquisaca.

Explica que Quila Quila, es una marka (pueblo) ancestral de origen prehispánico que está dentro de la Nación Indígena Qhara Qhara. Cuenta que su lucha por la reconstitución de su nación y su territorio no es reciente, sino que data de 2012. El conflicto que empezó con la petición de la titulación comunitaria de la tierra se agravó con la llegada de sindicatos campesinos que piden una titulación individual.

“El año pasado ya hemos tenido más de un mes de emergencia, donde hubo enfrentamientos que han derramado sangre y dejado heridos. Son los terceros (foráneos) los que quieren parcelar nuestro territorio y el INRA les está dotando de títulos. A nosotros solo nos queda defender nuestro lugar ancestral”, asegura Chincha.

En marzo pasado, en una marcha a la que se sumaron pueblos indígenas de todo el país, los Qhara Qhara  arribaron a La Paz para hablar del problema que en siete años de pelea legal no halla solución. Por 41 días, caminaron más de 700 kilómetros dejando a los niños y sus tierras atrás. Pasaron del cálido valle al frío del altiplano y la ciudad.

“El 2014 presentamos una Acción Popular que logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admita que  no necesitamos personería jurídica para titular el área como territorio colectivo. Pero pese a ello el INRA sigue dando titulaciones a los terceros fragmentando nuestro pueblo. Hay  avasallamientos y se nos impone la intromisión de partidos políticos y el pensamiento sindical”, afirma el ex-Kuraca Samuel Flores.

Los indígenas dicen que el interés por su territorio está en los yacimientos de piedra caliza, de minerales importantes, oro, fuentes aguas termales y restos arequeológicos.

De acuerdo al INRA, Quila Quila tiene una extensión 24.000 hectáreas de las cuales el 50% se mantienen como tierras colectivas. El resto es entregado como tierras individuales con las que los  nuevos propietarios conforman sindicatos campesinos que se afilian a la Federación Tupac Katari.

Asegura que el trasfondo puede ser el interés por el acceso a la tierra, titularse y luego cederla o lucrar, pero que el otro beneficio es el electoral. “En el valle, la Chiquitania o la Amazonía estos sindicatos campesinos llegan por lo general del occidente. Llegan asegurando venir en nombre del Gobierno, del Presidente. Quieren crear comunidades para que de ahí salga el voto carretilla para sentar la presencia del partido de Gobierno. Es algo prevendal”.

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