Autor confeso de vejación contra madre e hija todavía está impune

La Defensoría del Pueblo inició un proceso penal contra la funcionaria del SLIM de ese municipio por encubrir el hecho. Una de las víctimas es sordomuda.
jueves, 26 de septiembre de 2019 · 00:04

Verónica Zapana S.  / La Paz

El autor confeso de violación a una  madre con discapacidad auditiva y  de abuso sexual  a  la  hija de 15 años  de la víctima en el municipio paceño de Sapahaqui  sigue en el impunidad  y aún  no está en la cárcel. La Defensoría del Pueblo realiza un proceso penal contra la responsable del  Servicio Legal Municipal (SLIM)  de esa población por encubrir el caso.

  “Hemos detectado un caso de violación a una mujer de 39 años con discapacidad auditiva. Es sordomuda”,  sostuvo   ayer la  defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz. La autoridad aseguró que fruto de  la agresión, la víctima quedó embarazada y no recibió atención adecuada por la funcionaria del SLIM. 

El 14 de agosto, el padre de la víctima denunció a M.P.M.  ante el SLIM  por la agresión sexual contra su hija que  llevaba siete semanas y un día de gestación. “Solicitó además información sobre la posibilidad de hacer una interrupción legal de su embarazo”, dijo Cruz.

 Pese a la solicitud del padre de la víctima con discapacidad, la funcionaria a cargo del SLIM “ no dio ningún tipo de información para que ella acceda a este derecho señalado por  la Sentencia Constitucional 206/2014 y tampoco  hizo la denuncia penal” hasta después de cinco días de la demanda. 

Cruz  indicó  que la funcionaria no sólo omitió esas obligaciones establecidas por las leyes 348 y 548, sino  que  falsificó  información. Durante el transcurso del proceso, la representante del SLIM  habría redactado una nota  en la que la víctima renunciaba a la interrupción legal del embarazo. 

“Aprovechando que esta persona con discapacidad no sabía leer ni  escribir (la funcionaria pública) le habría hecho colocar  las  huellas (digitales) para  justificar la inacción de la interrupción  del embarazo”, acotó Cruz.

La Defensora del Pueblo dijo que ese accionar “salta en lo gravoso”. En instancias internacionales -según la funcionaria-   “si  una mujer que sufrió violencia sexual, es obligada  a culminar un embarazo, es un trato cruel y no puede ser permitido dentro de nuestro Estado”.

La  institución ayudó  a la víctima para salir  de ese municipio y recibir atención  en un centro hospitalario, y de esa manera ejercer  su derecho a la interrupción del embarazo. Esta medida se registró  el  20 de septiembre.

El acusado  también cometió abuso sexual contra  la hija de  la víctima con discapacidad. La  joven tiene  15 años. “Ella  habría sido acosada y  sufrió  toques impúdicos de parte del mismo agresor”, sostuvo. 

Luego de  conocer la denuncia en su contra, el agresor  se comunicó con la  funcionaria de la Defensoría del Pueblo que lleva el caso para “admitir la culpabilidad del hecho” y para asegurar que se podría hacer cargo (del bebé) siempre y cuando se paralice el proceso. “Evidentemente se negó ese pedido”,  acotó.

La situación del agresor será definida por  el Ministerio Público. “Sabemos que ya se presentó  la denuncia, pero no fue ni cautelado ni llevado a una instancia judicial”, sostuvo. 

 Denuncia contra  el SLIM

Cruz   explicó que ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo denunció a la funcionaria del SLIM del municipio de  Sapahaqui por cinco delitos. Entre ellos están  incumplimiento de deberes y de  protección a las mujeres en situación de violencia, además de  encubrimiento del delito de violación,  omisión de denuncia y la desobediencia  a resoluciones en acciones de defensa en este caso de la Sentencia 206/2014.

La Defensora del Pueblo  dijo  que la funcionaria   conoció sobre  el abuso sexual contra la adolescente, pero no hizo nada  y no   otorgó ningún tipo de   protección.

“Consideramos que hay un margen de entendimiento cuando las funcionarias no están capacitadas para atender estas problemáticas, pero cuando esto raya al encubrimiento y la vulneración de derechos deben ser investigadas penalmente y no deben seguir en sus funciones”, puntualizó.

 

 

Confidencial

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