Extracción ilegal de oro convirtió a Arcopongo en tierra de nadie

Cuatro dirigentes mineros fueron aprehendidos cuando intentaban sobornar a una autoridad regional. Aunque los hallaron en flagrancia, uno fue liberado.
domingo, 18 de octubre de 2020 · 00:04

Leny Chuquimia  /  La Paz

El pasado lunes,  una caravana de autoridades nacionales y departamentales no pudo ingresar a  la localidad de  Arcopongo por amenazas. La delegación pretendía realizar  una inspección de la extracción ilegal de oro en el río Chaqueti, de la provincia paceña de Inquisivi. Fue el tercer operativo frustrado desde agosto. Antes del último evento, cuatro personas intentaron sobornar a una autoridad departamental. 

 Autoridades, pobladores y cooperativistas legales señalan que en la zona minera de Arcopongo  no hay presencia del Estado. Afirman  que la minería ilegal -que evade el pago de regalías- convirtió al lugar en tierra de nadie. Temen por la contaminación ambiental que implica la actividad ilícita.

“Es tierra de nadie. No hay presencia del Estado y el principal objetivo es sentarla. Vamos a ir una y otra vez hasta que estos problemas se terminen”, manifestó el secretario  de Minería de la Gobernación de La Paz   Esteban Pati.

  La presidenta del Consejo de Administración de la cooperativa minera aurífera Ullakalla Condorini  Jeovana Chura  solicitó  que la gestión  de transición y en continuidad el   próximo Gobierno fiscalicen al río Chaqueti.  “Sacan toneladas de oro de forma ilegal. Hoy  frente a la pandemia necesitamos que las regalías mineras ingresen al municipio y al departamento. Pero sólo unos cuantos se enriquecen”, aseveró.

La zona vive en  conflicto entre cooperativistas mineros y  comunarios  desde  2012. Los incidentes  más graves fuertes se registraron en 2014 y 2018, cuando enfrentamientos armados causaron al menos cinco muertes. 

Tres inspecciones impedidas

“Pueden sacar hasta  25 kilos de oro al día de forma ilegal. Nadie puede quejarse o denunciar porque de inmediato toman represalias, hay heridos de bala, hay muertos y nadie dice nada. No podemos convertirnos en mineros pero tampoco podemos seguir siendo agricultores porque el agua y la tierra están contaminadas”, afirmó un comunario de   Arcopongo.

Chura explica que la provincia Inquisivi está compuesta por seis secciones, la primera es  Arcopongo, la más rica en minerales, especialmente oro. En esta región hay 28 comunidades pero sólo cinco  tienen vocación  aurífera. Las otras aún viven de la agricultura bajo una permanente vulneración a sus derechos.  

 Según un comunicado de la AJAM de 2019, desde 2013 hay cinco solicitudes para obtener un Contrato Administrativo Minero en favor de las  cooperativas mineras auríferas: Palma Flor Chaquety RL, Villa Santiago Creston RL, Chaquety La Plaza B RL, Chaquety La Plaza RL y Elena Pampa Río Chaqueti. Explica que ninguna ha obtenido  autorización de trabajar. 

Sin embargo, estas operan  de forma ilegal. El lunes 12 de octubre, desde La Paz,   partió  hacia   Arcopongo una delegación conformada por miembros la Gobernación de La Paz, el Ministerio de Minería y Metalurgia,  el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom),  la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y el Ejército.  

La denominada Caravana por la Defensa de los Recursos Naturales era el tercer intento de hacer una  inspección de la actividad minera en la zona. Pero al   llegar se encontraron con zanjas por todo el camino y bloqueos  con rocas y tierra que fueron realizados a dinamitazos. 

 “Durante la inspección la comitiva pudo evidenciar que en ese sector existe una importante actividad minera que emplea maquinaria pesada. Se concluyó reprogramar otra inspección con mayor personal de las instituciones gubernamentales para contrarrestar futuros inconvenientes”, señaló el Senarecom a través de un comunicado.

El primer intento se realizó entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre y entonces también les impidieron el paso. El segundo operativo se llevó a cabo entre el  15 y 17 de septiembre. Cuando la comitiva de la Secretaría Departamental de Minería y de la Alcaldía de Inquisivi llegó a la mina, fue conminada  a abandonar el lugar en una hora y se impidió una vez más la inspección.

Un soborno y tres detenidos 

 Pero los caminos cerrados no fueron el único intento de frenar la ultima inspección. El viernes 9 de octubre,  cuatro cooperativas  se contactaron  con Pati para pedirle que detenga el operativo.

   Le insinuaron que podría recibir algo a cambio porque “es  joven y  un cargo siempre es temporal”. “Esto siempre pasa en el ámbito minero. Así se arregla con los directores de la AJAM, de las alcaldías o con los ministros. Aproveche  esta oportunidad que después se puede arrepentir”, le dijeron.

 Le advirtieron que si no detenía la inspección habría un problema. Aseguraron que en la población  los mineros preparaban armas para evitar el operativo.


Protesta  por la minería ilegal en Arcopongo.
Foto:GADLP

Fue entonces que decidió fijar un encuentro para el sábado en la mañana, en  El Alto. Una vez pactada la cita se comunicó con la Policía y antes de la reunión consiguió que tres efectivos lo acompañaran.

“Ellos fueron conmigo y vieron que querían sobornarme y que había una oferta de dinero. Ahí se les  ha identificado a los cuatro hombres  y fueron aprehendidos en una acción directa”, manifestó la autoridad departamental.

  Los detenidos fueron identificados como Cecilio M.Z., Amilcar M.P., Gabriel T.C.  y Hernán C.C. Todos fueron llevados a la Felcc de Ciudad Satélite.

Su audiencia de medidas cautelares fue fijada para el domingo 11 de octubre en el Juzgado Segundo  de Instrucción Penal de El Alto. Sin embargo,  fue suspendida ya en dos ocasiones.  

El lunes 12 de octubre,  en una audiencia virtual, la jueza  Milenka Gutiérrez decidió  dar la libertad a Amilcar M.P., quien encabezó  al grupo de mineros que intentó el soborno.    Cecilio M. y Gabriel T. obtuvieron la detención domiciliaria  y sólo Hernán C. fue detenido preventivamente por sus antecedentes.

La Gobernación continuará la querella. Los pobladores sienten  temor por posibles  represalias.

La minería  ilegal 

  • Ley De acuerdo con el artículo 223 de la Ley N°535 de Minería y Metalurgia del 28 de mayo de 2014, todos los operadores mineros deben cancelar la regalía minera en el municipio, y en el departamento donde operan.
  • Senarecom  Sobre el control de la zona, la entidad señaló: “Una de las tareas que asignó el MMyM a la actual administración del Senarecom fue la de implementar un sistema para prevenir el contrabando de oro en el país, por lo que, actualmente la entidad está trabajando en acciones inmediatas para realizar un mejor control de la comercialización de ese mineral, lo que generará mayor recaudación de regalías mineras en beneficio de todos los ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia”.
  • Control Las entidades acordaron  reprogramar otra inspección con mayor personal gubernamental.

Entrada sólo para campaña de un frente

Desde hace  años el ingreso a Arcopongo y otras poblaciones   debe ser autorizado “por órdenes superiores” de quienes explotan ilegalmente el río Chaqueti. En varias oportunidades las autoridades nacionales intentaron llegar hasta el lugar, pero no siempre tuvieron éxito.

 Los  pobladores llevan años denunciando que se ven impedidos de transitar con libertad. Dicen que   en algún momento, incluso, tuvieron que pagar un  peaje en un par de  improvisadas trancas. 

Sin embargo, estas restricciones no son para todos. Mientras que desde agosto, cuatro inspecciones de la Gobernación de La Paz fueron frenadas, el 8 de octubre una caravana del MAS llegó hasta Arcopongo como parte de sus eventos proselitistas.

Desde  un escenario en el que se presentaron grupos musicales trasladados desde el interior del país, Andrónico Rodríguez agradeció a los grupos de mineros cooperativistas por apoyar al partido azul. 

Arcopongo, situada en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, es una de las regiones críticas donde  la minería ilegal  evade el pago de regalías. 

La presencia el MAS y su poder en la zona no es algo reciente. Una de las pocas autoridades que logró entrar a la zona para hacer una fiscalización fue César Cocarico, ex gobernador, y luego hombre importante del Gabinete de Evo Morales.

  En 2014, durante uno  de los enfrentamientos armados  más duros de la región, Cocarico encabezó una comisión de autoridades mineras departamentales y la Policía para hacer una evaluación de la situación y cuantificar el total de víctimas. Tras encontrar  cuerpos abandonados en el cerro y varios heridos, pidió la intervención del Gobierno, que ordenó la paralización de la explotación. 

Entonces surgieron las denuncias. La  diputada del MAS Gladys Vargas y un viceministro eran accionistas de la  cooperativa Palma Flor, cuyos mineros portaban armas.  Los pobladores acusaron  a estos grupos  de  extracción  ilegal por haber conseguido los permisos  en dos días  por presunto uso de influencias.

La  diputada  Vargas admitió ser socia pero negó que sea una cooperativa ilegal y dijo no tener conocimiento sobre  armas. “No estoy al tanto de cómo se manejan a interior mina, yo sólo soy socia”, afirmó entonces. Tras estas denuncias, las investigaciones quedaron en nada.

 

 Seis  años de conflictos

En Arcopongo la pelea por el oro no tiene tregua. Son más de seis  años de enfrentamientos.  En ese tiempo dos conflictos tomaron los titulares de los noticieros de todo el país.

El 18 de mayo de 2014, los mineros de las cooperativas Palma Flor y Ullakaya Condoriri  se enfrentaron por el control de explotación de oro en el río Chaqueti, de la provincia Inquisivi. 

Entonces el saldo del enfrentamiento fue de tres personas muertas. Muchos de los pobladores huyeron a los  cerros para resguardar su vida   ante las amenazas entre ambos bandos,  que además  afectaron a los comunarios de la zona.

 El sector cooperativista del país no asumió  responsabilidad sobre el hecho.  Adujo que en 2013 se advirtió de las controversias en varios puntos del país  y que este era sólo uno de los conflictos que se preveían en adelante. 

Además, atribuyó la culpa del incidente  a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que  no otorgó a tiempo los permisos de explotación que estaban en curso.

 Aunque una comisión que llegó al sector logró calmar la zona, los conflictos y peleas ya no se detuvieron. Las cooperativas ilegales tomaron el control de la región.

Cuatro años después hubo un nuevo estallido.  El 12 de julio de 2018 el defensor del Pueblo  David Tezanos  y el jefe de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad  Wilber Choque tuvieron que  trasladarse hasta  Arcopongo para mediar un alto al fuego.

  Día antes,  pobladores y mineros de Ullakaya Condoriri  reclamaron el derecho de  50 cuadrículas de la Comibol. Se enfrentaron con  cooperativistas avasalladores, que explotaban el mineral desde 2013. Del hecho resultó  un muerto y cuatro heridos graves  por arma de fuego.

 

 

 

 


   

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