Vivir sin agua: «Almacenamos lluvia y con ella tenemos que hacer milagros»

lunes, 26 de octubre de 2020 · 00:04

María O. García  / La Paz

Antajawa es una urbanización que no tiene agua: ni para cocinar  ni para lavar  ni para asearse. Está en Alto Achumani, en medio de una zona árida a la que se llega por un camino de tierra por donde lo único que pasa es el olvido. Sus vecinos pertenecen a ese 27,2% de bolivianos que todavía no dispone de acceso seguro a este -vital- recurso.

“Obtenemos agua solamente de la lluvia. Cuando llueve, almacenamos el agua en un tanque de 2.300 litros y con ella tenemos que hacer milagros”, explica Claudia Tola,  miembro de una de las 25 familias que habitan la zona.

“Cuando no hay, de ese pocito sacamos”, agrega señalando desde la puerta de su casa a lo que, a primera vista, parecería un pequeño charco conformado sobre la cuneta de una avenida que aún es de tierra. Además, el cielo le hizo un regalo a Antajawa hace apenas un par días.

Con Claudia viven su esposo, sus dos hijas, su mamá y sus dos hermanos. Son siete en total. Cuando la necesidad aprieta, el pozo en cuestión es la solución más cercana a sus problemas de abastecimiento. Con su agua llenan varios baldes que dejan reposar una noche para que la tierra se asiente. Al día siguiente, el líquido está listo para recibir la ropa sucia; más tarde, el piso de la casa pondrá fin a su ciclo de vida útil.

“Además de medir su uso tenemos que reutilizarla. Es complicado traer de abajo y no hay cómo. Comprarla también es caro y la mayoría de las veces no quieren subir con cisterna”, puntualiza Ariel Bautista, el esposo de Claudia. 

Un poco más arriba, y en  condiciones similares, viven Juana Ticona y su familia, en una modesta casa en la que apenas caben los siete que son. Mientras se afana en frotar con jabón la ropa que había dejado a remojo dentro de unos cubos plásticos, Juana relata que lo único que sana sus problemas de salud es el agua. Y no siempre la tiene.

Ni ella ni su esposo pueden trabajar. Son de escasos recursos y sólo cuando la plata de sus hijos alcanza, pagan  600 bolivianos por un tanque de 10.000 litros de agua. Cuando prescinden de ella para la colada, la estiran por un plazo de hasta dos meses y medio.

“Cuando llueve no; pero después sufrimos harto de agua”, asevera Juana. 

En la bajada, casi llegando de nuevo al pozo, encontramos a Clemente Aruba, quien algunos días pasa por Antajawa para vigilar su lote y su casita, esa en la que anhela vivir desde hace algo más de un lustro. Pero hasta ahora  no ve el día en que pueda dejar de pagar un alquiler en la ciudad.

“Sin agua potable no se puede vivir. Esta agua filtrada (la del pozo) no es apta para consumo humano y rara vez sale de aquí. Cuando llueve se reúne más, pero no se puede tomar y los de Epsas, a quienes exigimos por lo menos una pileta, no nos hacen caso. ¿Cuántas veces nuestro presidente manda a que vengan a inspección y no vienen?”, cuestiona Clemente.

 

La lucha de Antajawa

Patricio Vergara es el presidente de Antajawa, un barrio que el próximo mes de enero cumplirá cinco años y en el que Patricio vive con su esposa y su hijo desde hace seis. Entonces no había ni camino y la única manera de llegar era a pie. 

Con mucho esfuerzo y una gran organización, lograron tener una vía de acceso. Pero por problemas limítrofes entre La Paz y Palca sus vecinos aún no consiguen lo fundamental para vivir, los servicios básicos: energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. Aunque la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) les acaba de prometer esto último. 

“Uno de los requisitos que nos piden instituciones como Epsas y la Distribuidora de Electricidad La Paz SA (Delapaz) es el visado de la estructura vial de la zona, que los caminos estén abiertos cumpliendo ciertas características”, explica Patricio. 

Un requerimiento que parecería fácil de cumplir, pero que para ellos no lo es. Debido a los problemas de límites de territorios entre ambos municipios, Antajawa tampoco puede acceder al Plan Operativo Anual (POA) y contratar maquinaria de forma particular es  imposible para el bolsillo de sus vecinos.

Patricio asegura que Epsas les ofreció una pileta  pública, pero 500 metros abajo de la zona, lo cual no resuelve sus problemas de abastecimiento, pues tampoco tienen cómo subir el agua. Ni el transporte público llega a Antajawa. Con esperanza, rechazaron la propuesta e hicieron una nueva demanda.

“El 24 de enero es nuestro aniversario y mi mayor sueño es que para ese día la zona tenga, al menos, una pileta, alcantarillado y luz. Es desesperante cuando no tienes agua para lavarte o para hacerte una taza de café. El agua es un derecho humano, pero lamentablemente las autoridades y las empresas se desentienden y no cumplen, sólo velan por sus intereses personales y los perjudicados siempre somos nosotros”, expresa Patricio con un desconsuelo que se deja entrever en sus ojos, bañados en agua salada.

 

Dos horas de agua a la semana

Rosemar Quispe no levanta la vista de sus pequeños bidones. En cuanto uno se llena, traslada la manguera a otro procurando que no se derrame ni una sola gota. Lleva más de una hora recolectando agua y ya le queda poco tiempo para hacer el acopio en los que aún siguen vacíos.

Mientras tanto, su esposo y una vecina van y vienen con una carretilla en la que transportan el agua hasta su casa, ubicada a unos 200 metros de la pileta pública sobre la que recae la gran responsabilidad de que no pasen sed, de que puedan cocinar y mantenerse aseados hasta el próximo martes.

“En las dos horas que tenemos logramos recolectar un turril, que vendrían a ser unos 100 litros de agua. Con eso tenemos que aguantar toda la semana, pero nunca alcanza”, manifiesta Rosemar, vecina de la urbanización Evenecer, en Alto Irpavi. 

Y no es de extrañar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona necesita entre 50 y 100 litros diarios de agua para satisfacer sus necesidades básicas y evitar riesgos en su salud. La familia de Rosemar, de tres miembros, está muy lejos de ese cupo que, como mínimo, les corresponde al ser un derecho humano reconocido por la CPE y la ONU.

En  Evenecer  recolectan agua  y  la trasladan en carretillas.
Foto:María Ortiz / Página Siete

Apenas a unos metros y sobre una banqueta de madera descansa Deysi Civila. Está acompañada por sus ocho perros y los pocos autos que transitan la zona la envuelven en polvo cada vez que pasan. Es de la tercera edad, vive sola y dice que le toca recoger agua los lunes, aunque el anterior no lo hizo.

“Por suerte ha llovido y tengo harta agua, por lo que he aprovechado para lavar mi ropita”, señala doña Deysi, cuyas rodillas le fallan y además padece enfermedades reumáticas. 

“Como no puedo cargar, tengo que usar una manguera para que me lleve el agua de la pileta hasta mi casa, pero para mí también es un problema manejarla. Si quiero poner la manguera tengo que pagarle a una persona para que me ayude, pero eso es plata y no tengo”, agrega Deysi, quien paga  10 bolivianos mensuales por acceder a este recurso ocho horas al mes.

Pese a sus 25 años de vida y sus más de 300 lotes, en Evenecer solo viven entre 60 y 70 familias, las cuales se abastecen de agua por medio de dos piletas públicas. Como ocurre con Antajawa, sus vecinos también sufren las consecuencias de los problemas  limítrofes entre La Paz y Palca.

“Estas piletas ya no nos abastecen y apenas tienen presión, por eso muchos los vecinos ya no quieren vivir acá. Nos estamos sacrificando para poder tener agua por cañería con nuestros propios recursos. Epsas nos ha dado una matriz secundaria pero nos ha pedido que antes tenemos que construir cámaras sépticas y estamos en eso”, explica José Marca, presidente de la urbanización.

Por detrás, se escucha a Deysi que critica: “Estamos pagando impuestos a las dos partes y no conseguimos nada”. Aunque, esperanzada, añade: “Con la llegada del agua a domicilio llegará también la felicidad a nuestro barrio”.

Es un anhelo que comparten con sus vecinos de la ciudadela Strongista, Azucena y otras urbanizaciones aledañas, desde donde avistan su utopía, aún, en el horizonte.

Juana Ticona  lava ropa con el agua que cosechó de la lluvia. 
Foto:María Ortiz / Página Siete

Acceso al agua,  un derecho

  • Agua segura Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 66% de la población boliviana cuenta con agua de cañería de red; el 0,5% se abastece en piletas públicas y el 6,3% de pozos con bomba. Estas son  consideradas por la ONU como las formas seguras de acceder a agua potable.
  • Acceso inadecuado  Un 27,2% de la población no tiene acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. Ese porcentaje de bolivianos obtiene este recurso de pozos sin bomba; de ríos, vertientes o acequias; de lagos, lagunas o curiches, así como de carros repartidores.

Agua y movilidad interurbana 
 

Si bien la cobertura de agua potable se ha incrementado en todo el territorio, llegando incluso a cubrir zonas donde existían marcadas desigualdades, el crecimiento de las ciudades hacia la periferia hace que emerjan nuevos retos al respecto.

Según el sociólogo Víctor Hugo Perales, uno de los principales problemas de las urbes es que están experimentando una movilización intraurbana del centro a la periferia, hacia zonas que antes eran rurales y que  no disponían de acceso a agua. En este sentido, a medida que la ciudad crece lo hace también la carencia en el acceso a este recurso.

“Las áreas periurbanas están siendo habitadas por personas que, probablemente, antes no tenían esta carencia. Pero debido al incremento del precio de los alquileres en los lugares más céntricos se ven forzadas a hacer una movilización hacia zonas que todavía están conurbándose y a las cuales las empresas de agua van llegando paulatinamente”, explica Perales.

En este contexto, según el experto, surgen varios problemas. Por un lado, las personas deben pagar un costo más alto por el acceso a este recurso debido a que tienen que utilizar, por ejemplo, camiones cisternas para su abastecimiento. Por el otro, se ven forzadas a organizarse para reclamar un derecho que de por sí les pertenece, viéndose en muchos casos obligados a movilizarse en favor del partido político de turno para que sus demandas sean atendidas.

“Esta es una fuerte discriminación y estimula a estas personas que habitan la periferia a que ejerzan la ciudadanía de una manera corporativa, cuya dinámica enreda a los vecinos con intereses político partidarios, autoridades municipales, de la gobernación o del gobierno central. Estos intereses políticos se disputan la hegemonía sobre las organizaciones periurbanas para acumularlos como capital social y político a cambio de la promesa de concederles los servicios básicos anhelados, entre ellos el agua”, concluye el sociólogo.
 

 

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