COB condena represión de trabajadores y denuncia «despidos, masacre y persecución»

El secretario ejecutivo Juan Carlos Huarachi señaló que ante el hostigamiento que viven los fabriles se declara una alerta nacional y no se descarta la toma de empresas para su nacionalización.
martes, 6 de octubre de 2020 · 12:56

Página Siete Digital 

La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia y la Central Obrera Boliviana (COB) condenaron este martes la represión sufrida por los empleados el sindicato de trabajadores de la empresa Vita, que realizaban una huelga de brazos caídos que fue intervenida por la Policía, acción que dejó como saldo un herido en condición crítica.

“Tenemos a un compañero en estado crítico en este momento, y se está debatiendo entre la vida y la muerte. Esta es la masacre que estamos sufriendo los trabajadores a nivel nacional (…). La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia van a volver a asumir medidas de presión hasta que cese la persecución de los trabajadores”, indicó el secretario de conflictos de la COB, Víctor Quispe, en conferencia de prensa, a tiempo de anunciar emergencia nacional de todo el sector.  

Este lunes se denunció que la Policía intervino la fábrica de medicamentos y reprimió a los trabajadores que habían decidio ingresar en una huelga de brazos caídos para demandar condiciones de bioseguridad para realizar su labor y en protesta por el despido de sus dirigentes. Durante el operativo se usaron gases lacrimógenos y se reportó un herido de gravedad, además de que varios empleados fueron detenidos.

La Confederación de Fabriles señaló que los detenidos están con audiencia de medidas cautelares por reclamar sus derechos laborales. El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, advirtió que de seguir con la represión, los trabajadores tomarán las empresas para nacionalizarlas.

“No vamos a tolerar de que estén persiguiendo a nuestros dirigentes, a los compañeros de base, penalizando, con procesos, retirando, despidiendo, cuando han recibido plata del Gobierno (…). Tenemos heridos, tenemos bajas, tenemos detenidos, ¡basta! Hasta aquí hemos aguantado”, aseveró Quispe.

Quispe detalló que se cantificaron 5.000 trabajadores despedidos en todo el país. Señalaron que hay muchos despedidos de diferentes empresas que están siento perseguidos hasta judicialmente.

“Había sido un delito para los trabajadores el exigir la restitución de sus derechos en el tema de los salarios, exigir que se cumplan los derechos sociolaborales (…), y la empresa privada bien, gracias, recibiendo plata del gobierno en transición”, agregó Quispe.

 

 

 


   

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