Hubo al menos 6 ataques de odio a las trabajadoras sexuales trans

Las meretrices piden hace semanas la reactivación de su sector bajo estrictos protocolos de bioseguridad. La Defensoría recibió 11 denuncias formales por abusos.
domingo, 15 de noviembre de 2020 · 00:04

Leny Chuquimia  /  La Paz

Con al menos seis  ataques de odio desde que se declaró la alerta sanitaria en el país, las trabajadoras sexuales trans son las más vulnerables ante las prohibiciones de la pandemia. Desde hace semanas, las meretrices exigen a las autoridades aprobar un protocolo para que el sector  pueda volver a trabajar en mejores condiciones.

“La situación que tenían las trabajadoras sexuales antes de la Covid-19 ya era de alta vulnerabilidad, porque sufren estigmatización, violencia física y psicológica, además de la desatención y hasta deshumanización por parte de la comunidad y el Estado.  La emergencia agudizó estos problemas porque las restricciones les han dejado sin alternativas de subsistencia”, dijo la defensora del Pueblo  Nadia Cruz.

Añadió que de este grupo de mujeres y hombres  que ejercen el trabajo sexual, la población trans es la más compleja y vulnerable, por los agravantes en los distintos tipos de violencia que sufren. Prueba de ello  son los al menos seis ataques de odio registrados en los últimos meses.

Así  lo denunciaron las trabajadoras nocturnas de El Alto junto con  la Organización de Travestis, Transexuales y Transgénero Femeninos (Otraf). Recientemente exigieron justicia por el asesinato de Gabriela, una joven trans  que fue  asesinada con 19 puñaladas, en un alojamiento de El Alto. 

Con los lenocinios cerrados por las restricciones de la pandemia, el trabajo sexual -pese a no estar prohibido en el país- se volvió clandestino. Los sitios de contacto se trasladaron a alojamientos y calles que no cuentan con la seguridad necesaria.

“Antes de la pandemia se trabajaba en locales donde hay ciertas medidas de control  que dan -por lo menos- un poquito de seguridad. Pero con las restricciones  todo eso se cerró y las chicas hasta hoy tienen que salir a  las calles arriesgando su vida. Ser trabajadora sexual no es fácil, una se expone a clientes agresivos, ebrios, que no quieran pagar”, manifestó Luna Humérez, presidenta   de Otraf Bolivia.

Explicó que para las  personas trans que ejercen el trabajo sexual, la pandemia significó un corte en sus ingresos. Aunque se gestionó ayuda,  la extensión de la cuarentena  las puso en una situación económica insostenible. 


Los crímenes  de odio no son investigados en el país, sólo una sentencia  sienta precedentes.
Foto: Archivo

Los seis casos 

El  cuerpo apuñalado de Gabriela  fue encontrado en un alojamiento de El Alto. Se presume que llegó ahí con un cliente que la recogió de su casa a las 2:00 del domingo 18 de octubre. No hay pistas del agresor porque el hostal donde ocurrió el hecho no pidió su  identificación  ni hizo un registro de su ingreso.

“La semana pasada nos llegó otro caso de una compañera del Plan 3.000 que  fue agredida con un arma corto-punzante  que le causó graves heridas en brazos y piernas”, contó Humérez.

Ya en julio en Santa Cruz se reportaron cuatro ataques en menos de un mes. El 18 de julio la activista trans Catalina fue apuñalada por uno de sus  clientes, quien  casi le arrebató la vida.

El 3 de julio, cuando Carla salió a trabajar de forma clandestina fue agredida brutalmente  por su potencial cliente sólo por cobrar por adelantado. 24 horas después  Dayanara era atacada en similares condiciones. 

Días antes, Fernanda llegó inconsciente a un centro de salud  con heridas en la cabeza y en la pierna, pero no fue atendida por no tener   una prueba de Covid-19. Falleció días después.

En la   clandestinidad

  • Alojamientos   Operativos conjuntos entre la Policía y la Guardia Municipal  evidenciaron que en los  alojamientos de La Paz y El Alto, principalmente en los que no están en regla, se fomenta la actividad sexual comercial de forma clandestina.
  • Salubridad  Las autoridades afirman que esto es un atentado contra la salud, ya que dichos ambientes no cumplen con las medidas de bioseguridad para evitar posibles contagios de coronavirus.
  • Cierre  Desde marzo los lenocinios de ambas urbes permanecen cerrados. La  disposición ocasionó que las trabajadoras sexuales no tengan dónde recibir a sus clientes, por ello apelan a alojamientos.
  • Trata  La jefa de la División Trata y Tráfico de la Felcc de La Paz Gaby Coca  indicó  que una de las principales preocupaciones es que las trabajadoras sexuales son explotadas por proxenetas que pagan por  las habitaciones y se quedan con casi todo el pago.
     

11 denuncias por abusos de las autoridades

 La defensora del Pueblo Nadia Cruz señaló que la pandemia sumó a la desprotección del Estado hacia los y las trabajadoras sexuales las prohibiciones que no necesariamente son por su actividad. Esto  genera mayor  violencia estatal.     


Redadas  municipales encontraron alojamientos que funcionan como lenocinios clandestinos.
Foto: GAMEA

“Como Defensoría hemos recibido, entre enero y el 30 de octubre, 11 denuncias  formales de mujeres   que ejercen el trabajo sexual. Las denuncias van: contra las autoridades de los Sedes, por los centros que otorgan los carnets de sanidad;  contra las alcaldías, por las intendencias que organizan las redadas; los tribunales de justicia, porque los pocos casos que llegan a denunciar son archivados; y la Policía Boliviana  por extorsión, excesos y abusos”, explicó Cruz.

Las trabajadoras sexuales  señalan que por las prohibiciones se ven obligadas a  ejercer su oficio  clandestinamente. Esto las convierte en blanco  de las extorsiones  en cada batida.

Para Cruz, las restricciones han sumido a esta población en una penumbra que no  pueden denunciar, porque al ejercer en medio de las prohibiciones también  son infractoras. “Se hicieron prohibiciones pero sin alternativas”.
 

Urge una norma de regulación

Aunque el oficio no está prohibido, en Bolivia  no existe una regulación de las condiciones en las que se realiza el trabajo sexual.

“La actividad existe sin ningún tipo de  protección o regulación del Estado. Eso genera la precariedad, lo oculto,  que hace que todo quede en una nebulosa en la que el Estado no toma parte ni responsabilidad. Haciendo un análisis,  pedimos  a la Asamblea  Legislativa  una norma, pero el primer óbice que encontramos fue el sesgo moral y social”, dijo la defensora  Nadia  Cruz.  


Las mujeres  y hombres del rubro piden protección.  
Foto:Carlos Sánchez/ Página Siete

Explicó que en el intento de llevar adelante la regulación, se advirtió que más  allá de  la política de gobierno, la línea partidaria o una posición de bancada, prima la posición personal. “En el mejor de los casos no critican o insultan el trabajo sexual,  pero se  rehúsan  a tocar el tema. Vamos a seguir insistiendo”, dijo Cruz. 

La solicitud para trabajar una ley llegó también a los niveles departamentales y municipales. Pero, causó el mismo efecto de rechazo.

La urbe paceña   avanzó en una norma para regular   los locales  en los que se ofrecen  servicios sexuales, a través de licencias de funcionamiento, pero no entró en vigencia.

 

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