Alcaldía pide orden judicial para exhumar; familias demandarán

El viceministro de Defensa del Consumidor y exconcejal del MAS, Jorge Silva, dijo que la ley que regula el cementerio no establece la habilitación de esos espacios.
viernes, 20 de noviembre de 2020 · 00:04

Luis Escóbar / La Paz

La Alcaldía solicitó una orden judicial para exhumar los cuerpos de los difuntos de Covid-19 que fueron enterrados en jardines en el Cementerio General, aunque advirtió de riesgos contra la salud de los trabajadores y los familiares en caso de un posible traslado. Los dolientes —que acudieron a la Defensoría del Pueblo y al Viceministerio de Defensa del Consumidor— preparan una demanda penal contra la municipalidad para lograr que los restos de sus difuntos pasen a nichos.

“No hay posibilidad de hacer ninguna exhumación si no es con una orden judicial, de lo contrario está prohibido y se cometería un delito, no se puede tocar un cadáver porque es un delito”, dijo ayer el alcalde Luis Revilla.

En los meses más críticos de la pandemia, el Cementerio General de La Paz recibió hasta 90 cuerpos al día. Ante esta demanda, la Alcaldía habilitó dos “fosas comunales”, donde se inhumaron 159 cadáveres. En los jardines David se dejaron 67, mientras que en el Salomón se depositaron otros 92. Pero, varias familias dolientes piden hoy la exhumación de los cuerpos y el traslado a nichos.

El director de empresas, entidades y servicios públicos, Martín Fabbri, explicó que para cada uno de los entierros en los jardines se firmó un formulario de pedido de servicios. “Esta solicitud fue hecha por cada una de las funerarias y señala específicamente que primero se da la autorización para la inhumación en fosa común”, dijo.

En este documento, uno de los familiares “solicita” la inhumación “en fosa comunal”. “Esta decisión es asumida con el fin de precautelar la salud pública y evitar la propagación de la pandemia. Debo aclarar que toda la familia en línea directa autoriza dicho servicio de inhumación en fosa comunal”, se lee. Este último término se repite dos veces en el mismo párrafo.

 Además, con este documento, el familiar da su “consentimiento” a las condiciones establecidas por el cementerio en relación a la “imposibilidad de realizar cualquier tipo de exhumación o traslado haciéndome responsable del servicio que se realizará y deslindando de responsabilidad civil, penal y administrativa al gobierno municipal y al cementerio”.

 Fabbri agregó que una segunda imposibilidad para realizar una exhumación es por la salubridad pública. “En este momento, los cuerpos se encuentran en descomposición y fallecieron por la Covid. Por una cuestión de seguridad de los familiares, de los funcionarios que sacarán ese cuerpo y de los que  ingresen a su siguiente destino, (el pedido)  es inviable”, dijo.

Afirmó que estas fosas comunales fueron entregadas “a perpetuidad” y no debería haber posibilidad de exhumación. “Eso puede causar que la gente se enferme, imagine llevar los restos a un cementerio privado, esto puede causar que los empleados de ese sitio se enfermen”, dijo.

 

Valentín Calamani,  quien tiene enterrado a su papá en el Jardín David, es uno de los representantes del grupo de familiares que piden la exhumación de los restos de sus seres queridos. Denunció que los cuerpos no están debidamente identificados, además indicó que los restos fueron sepultados sin ataúdes. “Los taquearon en las fosas. Tenemos imágenes, videos y vimos que los cuerpos fueron sacados de los ataúdes. (…) Pedimos de buena forma la exhumación a la Alcaldía, les dimos un plazo de 48 horas y vence este viernes. Si no hubiera la posibilidad (del traslado),  nos iremos por el ámbito penal y solicitaremos un resarcimiento de daños”, advirtió.

Jorge Silva, el nuevo viceministro de Defensa del Consumidor y exconcejal por el MAS, advirtió que la norma que regula el cementerio no establece la habilitación de estos emplazamientos. “No sabemos los criterios técnicos para habilitar las fosas comunes (…) La ley para el Cementerio Covid de Pura Pura sí tenía los parámetros para fosas comunes con estructuras de cemento. Hay un protocolo para una fosa común, no es abrir una zanja donde meter los cadáveres como sucedió en el Cementerio General”, dijo.

¿Pero cuáles podrían ser las demandas? Silva aclaró que se contactarán con la Defensoría del Pueblo para “ver si ellos activaron el requerimiento fiscal que está exigiendo al alcalde, porque está dentro de sus atribuciones”. 

Pero, la autoridad adelantó que los delitos penales por los que se podría seguir un proceso a la comuna es el de incumplimiento de deberes. “Los administradores del cementerio deberían tener los procedimientos y los protocolos para una fosa común y la norma que regula el cementerio  no establece las fosas comunes”, afirmó.

Según Silva, el segundo delito es la  violación de la dignidad y honor de una persona que no se pierde cuando fallece. Calamani advirtió que al retirar los ataúdes, los cuerpos sufrieron serios daños cuando fueron enterrados.

Fabbri dijo que si los familiares tienen duda de la ubicación del cuerpo, la Alcaldía tiene  los formularios, un registro fotográfico, un plano georeferenciado y el mapa donde está  cada cuerpo. “Entendemos que llegar al lugar y ver varios nichos cercanos generó la duda. Quedamos que las personas vengan al cementerio para darles el lugar exacto y las medidas que tomaremos para identificarlos”, dijo. Explicó que no se realizaron esas tareas porque sigue la pandemia. “Aún no están con los nombres y puede generar un shock; pero en el transcurso de las siguientes semanas tendremos el nombre específico de las personas, los familiares pondrán su lápida”, dijo.

 

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