Fiscal omitió examen forense en caso de violación a una misionera

El caso fue cerrado debido a que no se pudo comprobar el hecho. Hay audios de las amenazas del agresor y presión social en San José de Chiquitos.
lunes, 10 de febrero de 2020 · 00:04

Carolina Méndez /   Santa Cruz

El fiscal Clovis Ugarteche -asignado al caso de presunta violación a una misionera en San José de Chiquitos- omitió el examen médico forense a la víctima, procedimiento “determinante” para llegar a establecer la verdad de los hechos. El delito de  agresión sexual en estado de inconsciencia y amenazas fue  denunciado el 1 de abril de 2019.

La familia de la víctima denuncia parcialización del Ministerio Público y el fiscal asegura que la “denunciante no cooperó con la investigación”. El caso fue rechazado por Ugarteche el 21 de octubre de 2019. Tal  determinación fue objetada por la defensa.

El acusado por la  violación es el sacerdote argentino  José Mario Paz, perteneciente a la congregación religiosa Instituto Verbo Encarnado. Según información proporcionada por colectivos feministas de Argentina, el religioso  salió de Bolivia y fue reubicado por la Iglesia en Mendoza, en el vecino país.

 En el cuadernillo de investigación -al que accedió Página Siete-  no existe el examen médico forense ni la solicitud del mismo. En casos de violación, esta pericia es considerada la prueba “clave” para sustentar el delito.  


Se reportó  que el sacerdote se encuentra en Argentina. 
Foto:Archivo  Página Siete

Según el protocolo de atención a las víctimas en el marco de la Ley 348, elaborado por la Fiscalía General del Estado, el examen médico forense es “determinante para la verificación del hecho delictivo”.

Consultado sobre   por qué no se realizó este procedimiento necesario dentro de la investigación, el fiscal aseguró: “La víctima se rehusó a realizárselo porque manifestó no estar de acuerdo con el procedimiento”. 

La defensa de la víctima niega que se haya realizado el requerimiento. “El Ministerio Público conforme a norma, no puede basar una resolución de rechazo al caso por su propia negligencia, porque no ha sabido llevar una investigación. Y esto no es casual, no es porque el fiscal no conozca el procedimiento, sino que es por la presión social con el que el caso fue manejado”, explica  el abogado de la víctima, Marvin Astorga.

Dopada y amenazada 

El caso se conoció en enero de este año, cuando la víctima, una misionera con nueve años de servicio en San José de Chiquitos, hizo público su pedido de justicia. Alicia (nombre ficticio) hastiada de que su denuncia no haya prosperado y que -por el contrario- el caso haya sido cerrado en medio de acoso y hostigamiento social en San José, acudió hasta el Ministerio de Justicia en la ciudad de La Paz.

Según la denuncia, el acto delictivo se cometió al menos en tres ocasiones. El sacerdote aprovechaba cuando la víctima salía comisionada de la iglesia  a la ciudad de Santa Cruz para hacer compras. El agresor se ofrecía a llevarla en su vehículo privado y en el camino la dopaba, la abusaba y la fotografiaba.

Los familiares de la víctima  relatan que ella perdía el raciocinio a través de la ingesta de la droga “burundanga”, una sustancia  que era suministrada en los refrescos que el agresor le ofrecía. Al recobrar la lucidez, la víctima aparecía en el vehículo del sindicado, pero no recordaba nada de lo sucedido.

Pese a la amnesia dirigida durante el presunto hecho, Alicia empezó a sentirse mal y a crear una aversión inexplicable hacia el agresor. “Empezaba a temblar cuando lo tenía cerca y de a poco se fue apagando, sin entender por qué le pasaba eso”, relata un familiar. 

Ante esta inquietud, Alicia asistió a un psiquiatra en la ciudad de Santa Cruz que le ayudó a extraer recuerdos que le permitieron entender lo que sucedía. 

El hecho fue denunciado el 1 de abril de 2019 y desde entonces, la víctima peregrina en busca de justicia en medio de presión social y amenazas por parte del agresor. “El sacerdote la amenazaba con publicar fotografías que le había tomado desnuda”, cuenta un familiar de la víctima. 

Según un audio al que accedió Página Siete, la víctima era chantajeada con la publicación de la fotografía y desafiada por el agresor quien le decía: “Anda a la Policía” o “cuidado conmigo”.
 

El fiscal del caso  investigó a la víctima

Según el cuadernillo de investigación al cual tuvo acceso Página Siete, el fiscal Clovis Ugarteche investigó a la víctima. El 11 de junio de 2019  pidió que se emitiesen antecedentes policiales de la víctima en la Felcc, que se certifique identidad de la víctima a través del Segip, que se autentifique el certificado de nacimiento de la víctima en el Serecí y que se remita el informe psicológico de la víctima realizado por la Coordinadora Regional de la Defensoría del Pueblo. 

Según el abogado de la demandante, Marvin Astorga, esta es “la prueba contundente de la parcialización del Ministerio Público que, en vez de indagar al agresor, empezó a investigar a la víctima”.

La investigación fue cerrada por el fiscal Ugarteche “por falta de pruebas”, según explicó la autoridad a Página Siete. 

“La víctima presentó testigos del hecho posterior a la denuncia, como por ejemplo que el sacerdote buscaba apoyo para desacreditarla, pero no presentó nada contundente que dé prueba del hecho denunciado”, explicó el encargado del caso.

El caso llegó incluso a la presidenta Jeanine Añez y otras autoridades gubernamentales, quienes   escucharon a la víctima durante un acto que se realizó en el Palacio de Gobierno con motivo de los feminicidios y violencia contra la mujer.

Alicia salió de San José de Chiquitos, según su testimonio, por el amedrentamiento que sufre por parte de la sociedad por haber denunciado el hecho que empaña la imagen local del clero.

Las mujeres son las más vulnerables de ser víctimas de todo tipo de violencia.

 La Iglesia niega que  hubo  violación

El 20 de enero de 2020, el obispo de la Diócesis de San Ignacio de Velasco, monseñor Robert Herman Flock, emitió un comunicado a la opinión pública sobre las denuncias contra el Padre José Mario Paz. Aseguró que éste “goza de buena fama en la atención pastoral de las parroquias de San José de Chiquitos y San Juan Bautista de Taperas desde 2017”, cuando llegó al lugar.

Flock  asegura que las acusaciones de la víctima son “calumnias”,  puesto que no se pudo comprobar el hecho.

Un familiar de la víctima recurrió a la mayor instancia católica en Bolivia, al cardenal Toribio Ticona. Luego de conocer el caso, según los familiares,  dijo que   “se tomarían cartas en el asunto y las medidas disciplinarias conducentes”. 

Pese al compromiso, “el Cardenal informó que el sindicado se confesó con su superior (Flock) quien le absolvió del pecado. “Nos dijo: si Dios fue capaz de perdonar, Alicia no es quien para no hacerlo. Pidió retirar la denuncia”, reveló el familiar.

 “Desde aquello el Cardenal se niega a recibir a la víctima  o a los familiares. Se niega a contestar las notas enviadas por la Dirección General de Justicia, del Ministerio de Justicia y Transparencia”, develó otra  fuente cercana.

Pese a que el caso posee una resolución de rechazo por parte del Ministerio Público y a que el acusado se encuentra fuera del país, la víctima continúa a la espera de justicia para abrir nuevamente una investigación que permita conocer lo que verdaderamente ocurrió en San José.

La  investigación
 

Víctima pide que el caso sea reabierto para que se haga una investigación imparcial y minuciosa. El caso es de conocimiento de la presidenta Jeanine Añez.

2017 Las agresiones empezaron poco después de la llegada del religioso. Según la denuncia de la víctima, el sacerdote  aprovechaba cuando ella salía de la iglesia para doparla, violarla y fotografiarla desnuda.

2019 El 1 de abril, la víctima presentó la denuncia formal ante la Policía por los delitos de violación y amenazas, luego de haber comprendido con ayuda médica, por qué tenía rechazo “inexplicable” al sacerdote.

Mayo Familiares de la víctima se entrevistan con monseñor Ticona para hacerle conocer el caso de violación. La autoridad religiosa  comprometió   ayuda y sanción.

Junio El fiscal pidió documentación de la víctima en la Felcc, Sereci y Segip. La parte demandante asegura que se investiga a la afectada y no así al agresor.

2020 El 20 de enero la Iglesia, a través de un comunicado de monseñor Robert Herman Flock, catalogó de “calumnias” las acusaciones de la víctima y aseguró que el padre denunciado “goza de buena fama”.

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