Subcentral de Tariquía demanda a Jeanine Añez por derecho a la consulta

Los pueblos indígenas piden que se respete su derecho a la consulta en el marco de las actividades hidrocarburíferas de exploración que se realizan en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas.
jueves, 27 de febrero de 2020 · 23:22

Página Siete Digital / La Paz

Los dirigentes indígenas de la Subcentral de Tariquía, interpusieron una acción legal contra la presidenta Jeanine Añez y el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, debido a que aún no han sido consultados por el Estado boliviano respecto al Decreto Supremo 2366 que permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas.

Los accionantes, que son dirigentes de la Subcentral de Tariquía y representan a comunidades que viven dentro de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, interpusieron la acción legal el pasado 5 de febrero en el Palacio de Justicia del departamento de Tarija, la misma que fue admitida.

Tras ser notificados, ambas autoridades tienen 48 horas para presentar un informe en una audiencia a realizarse en el departamento de Tarija.

El decreto es observado por organizaciones de pueblos indígenas originarios campesinos que tienen territorios sobrepuestos con áreas protegidas y exigen la realización de la consulta ya que sus tierras serán afectadas por los impactos ambientales de la actividad extractiva de hidrocarburos, señalan en una nota de prensa.

En ese sentido la Subcentral de Tariquía solicita a la Presidenta que considere el allanarse ante la demanda planteada y que se realice una consulta. Indicaron que de no lograr hacer efectivo el derecho a la consulta se abre las puertas de la CIDH para emplazar una demanda internacional en un plazo de seis meses.

El 26 de julio y 5 de septiembre del 2019 la Subcentral ha mandado dos cartas al presidente de entonces Evo Morales pidiéndole concertar los procedimientos y el derecho a la consulta, pero nunca recibieron respuesta, por lo que activaron los mecanismos de defensa constitucional.

La demanda toma como parámetro legal la Sentencia Constitucional 0064/2016 en la que el Tribunal Constitucional expresa que la consulta del DS 2366 es un deber que debe cumplir el Estado.

El derecho a la consulta es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y asimismo un derecho político de los mismos. Durante el gobierno de Morales, la consulta, ha sido un derecho que ha causado movilizaciones y conflictos por el Tipnis y también por las áreas protegidas.

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