Pueblos indígenas desabastecidos, aislados e indefensos ante el Covid-19

La cuarentena aisla más a las comunidades indígenas de la Amazonía, Valles, Chaco y Altiplano de Bolivia, limitando su acceso a alimentos y medicinas. Los pueblos carecen en general de personal médico y equipos sanitarios necesarios. Los indígenas se sienten “olvidados y discriminados” por el Gobierno y ejercen sus propias medidas de protección.
sábado, 18 de abril de 2020 · 01:04

María Mena Molina  / Página Siete para Mongabay

La distancia es  determinante para frenar el Covid-19, pero en el caso de los pueblos indígenas de Bolivia ese factor es un arma de doble filo. Según los dirigentes, el aislamiento de las comunidades imposibilita el ingreso de personal de salud; demora la llegada de medicamentos, insumos, alimentos  y, lo que es peor, ratifica la indiferencia estatal con este sector, lo que los hace vulnerables e indefensos si es que el  coronavirus se propaga a sus territorios.

 “Que Dios no permita que ese virus ingrese a nuestras comunidades porque sería algo catastrófico. Como no tenemos medicinas, alimentos ni médicos, pedimos a Dios que no llegue”, dice esperanzada y convencida Marqueza Teco, presidenta de la Sub Central de Mujeres Campesinas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Los pueblos indígenas y originarios de Bolivia están distribuidos en las regiones del Amazonas, el Chaco y los Andes. La Ley del Régimen Electoral reconoce a 34 naciones y pueblos indígenas originarios campesinos; pero también están los ayllus (quechuas) y los afrobolivianos. Sólo el Tipnis agrupa a 64 comunidades en siete de los nueve departamentos que tiene el país.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 60% de la población boliviana se define como indígena (7,2 millones de los casi 12 millones de habitantes). De ellos, unos tres millones viven en comunidades y OTB (Organizaciones Territoriales de Base).

El 22 de abril, el Gobierno transitorio de Jeanine Añez instruyó la cuarentena total del país. La medida fue normada por los Decretos Supremos 4199 y 4200, que contemplan obligaciones y beneficios para grupos vulnerables. El martes 15, se instituyó el  Bono Universal, de 500 bolivianos, que se estima llegará a 4 millones de habitantes. 

Según la vicepresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Jenny Suárez, las comunidades están cumpliendo las disposiciones gubernamentales. Sin embargo, el aislamiento forzoso está ocasionando serias consecuencias en la alimentación y el acceso a un servicio de salud “digno” para los indígenas.

“Como pueblos indígenas estamos olvidados por nuestro Gobierno, sobre todo en el tema de la alimentación. Estamos acatando la cuarentena todos los que vivimos en las ciudades y en los campos, pero debido a que no hay cómo transportarse nos están faltando alimentos”, afirmó Suárez.

Escasez en cuarentena

Marqueza Teco precisó que los indígenas poseen sus chacos donde cultivan la mayoría de sus alimentos como las frutas de plátano, naranja, papaya, sandía y coco; los tubérculos: papa, camote y yuca; los granos de maíz y arroz; y algunas verduras. Pero para complementar su dieta necesitan harina, aceite, sal, azúcar, fideo, entre otros, además de artículos de primera necesidad como el jabón.

“No podemos salir. Los policías controlan y no podemos ir a comprar los alimentos que nos faltan. El Gobierno debería pensar en nosotros”, lamentó Teco.

La dirigente indígena precisó que hace dos semanas la Gobernación de Beni distribuyó una canasta familiar que contenía dos kilos de azúcar, dos kilos de harina, dos litros de aceite y otros alimentos, pero, lamentablemente, no llegó a todas las comunidades.

“Eso no alcanza para todo el mes. Cuando han repartido (los alimentos) sacaron fotos, se aparecieron las autoridades para ese momento y luego desaparecieron. Ni siquiera alcanzó para todos”, dijo Teco. También aseguró que algunos funcionarios  de la Alcaldía, de la Gobernación beniana o del Gobierno gestionan recursos económicos para los pueblos indígenas, pero ese dinero es desviado o malversado. 

Sin médicos ni medicinas

En las comunidades y pueblos indígenas de la Amazonía beniana hay postas, centros de salud y hospitales, pero en los dos primeros no hay médicos ni enfermeras. La sanidad de los indígenas está a cargo de los denominados “promotores de salud” quienes, generalmente, son funcionarios de la Gobernación.

Según los dirigentes, en estos establecimientos de salud –distribuidos en San Lorenzo, Trinidadcito, Gundonovia, Galilea, 3 de Mayo, San Antonio y otros- la medicina es limitada y solo pueden acceder a paracetamol, iboprofeno, diclofenaco, sales de rehidratación y otros pocos remedios.

Las comunidades y pueblos indígenas de la Amazonía, del Chaco y de los Andes están expuestos a enfermedades como el dengue, la diarrea, la gripe y las infecciones estomacales –porque no cuentan con agua potable- y otras dolencias. Para el tratamiento de estos males acuden a la medicina tradicional que heredaron de sus ancestros, pero cuando el padecimiento requiere la intervención de un profesional médico deben comunicarse con él a su teléfono celular o hacerlo llamar por un equipo de radio.

El exviceministro de Autonomías Indígenas Gustavo Vargas advirtió sobre la “alta” vulnerabilidad de los indígenas al contagio del coronavirus, porque habitan en comunidades alejadas de los centros urbanos, lo que limita su acceso a atención médica especializada. 

Para Vargas “no es suficiente que el Estado les diga quédate en casa y no salgas. Eso no resulta en los pueblos indígenas porque muchos viven del trabajo del día, por ello su vulnerabilidad. Esperemos que el Gobierno pueda establecer estrategias de comunicación”.

La Organización Indígena  Cavineña (OICA) en la Amazonía del Beni, a principios de abril, advirtió de que los cinco centros de salud con los que cuenta no tienen medicamentos para enfrentar el Covid-19. La máxima autoridad de ese territorio, Sandro Vaca Cartagena, aseguró que no tienen “ni un solo paracetamol”.

“En mi territorio tenemos centros de salud en Puerto Cavinas, Baqueti, Buen Destino y California. Como Capitán Grande he estado visitando estos centros y no hay ni un solo paracetamol para enfrentar las enfermedades”, declaró Vaca al Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).

Peticiones sin respuesta

El pasado 26 de marzo, representantes indígenas Mojeños, Yuracarés y Mojeños del Tipnis, en representación de 64 pueblos, enviaron una carta a la presidenta Jeanine Añez. En la que solicitan estrategias y planes de contingencia en beneficio de los indígenas para prevenir el  Covid-19.

La misiva contempla cuatro peticiones urgentes: atención en salud, equipamiento y medicamentos; dotación de una canasta familiar suficiente y asistencia social; plan de nutrición materno – infantil y, por último, información suficiente, clara, oportuna y veraz acerca del coronavirus.

Pedro Moye, secretario técnico del Tipnis, aseguró que hasta la fecha el Gobierno no respondió a las demandas del sector, por lo que se sienten discriminados, abandonados y expuesto al virus.

“Hemos hecho una solicitud a nivel nacional a la presidenta Añez en dos temas muy prioritarios: alimentación y salud. Pero, hasta el momento no hemos tenido respuesta a nuestras demandas. Además, nos hemos dado cuenta que en el Decreto Supremo 4200 no incluye a los indígenas, lo que nos hace sentir molestos y discriminados ante esta situación de emergencia sanitaria. Los indígenas deberían estar incluidos en los beneficios y en la atención de alimentos y medicinas con prioridad”, enfatizó Moye.

 La OICA, en una nota dirigida a la presidenta de Bolivia, se declaró en estado de emergencia solicitando la atención urgente en salud, seguridad alimentaria, garantizar el pago del bono de la  canasta familiar (de 400 bolivianos o 57,5 dólares), el bono Familia y otras demandas que eviten el contagio del coronavirus. Estas demandas tampoco fueron atendidas.

Similares demandas tienen la Central Ayorea del Oriente Boliviano (Canob) y el pueblo Yuqui del trópico de Cochabamba –sobre todo en relación a los bonos- ya que no todas las familias ayoreas ni yuquis pueden acceder a la Renta Dignidad, al Juana Azurduy de Padilla ni al bono para las personas con discapacidad otorgado por el Estado.

“En las comunidades nos dicen que si no morimos por la enfermedad, seguramente moriremos de hambre, porque ya se siente; mucho más cuando nos están prohibiendo salir a trabajar y los ayoreos vivimos por el pan de cada día”, dijo el presidente de la Canob, Manuel Chiqueno, al periódico El Deber.

El 6 de abril, la Defensoría del Pueblo demandó al Estado activar acciones de protección para las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento y no contactados, frente a los riesgos que conlleva la emergencia sanitaria.

Familia de la  comunidad Trinidacito del departamento de Beni. 
 Foto Central San Ignacio de Moxos

“Los gobiernos departamentales y municipales donde se encuentran estos pueblos indígena originarios están obligados a activar mecanismos de prevención y protección en los ámbitos de la salud, difusión, sensibilización y monitoreo, frente a la crisis sanitaria en nuestro país a causa de la Covid-19”, señaló la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Asimismo, la Asociación Departamental de Antropólogos de La paz  presentó esta semana un plan de acciones sociales y culturales para comunidades indígenas en  cuarentena. Piden que se active el control territorial, que se implementen medidas sanitarias comunitarias y estrategias de comunicación sobre el virus. Además, que se controle la distribución de alimentos y que  se identifiquen grupos de riesgo para su protección.

De acuerdo con la explicación del ex viceministro de Autonomías Indígenas, Gonzalo Vargas, muchos de estos requerimientos –ya sea en temas de salud, insumos, alimentos y otros- son derivados al Ministerio de la Presidencia o al Ministerio de Salud si es que la demanda va dirigida a la dotación de medicinas, insumos o equipos para los hospitales; al Ministerio de Desarrollo Productivo si requieren alimentos de la canasta familias y así a las diferentes instancias  según el pedido.

Los dirigentes de las comunidades y pueblos indígenas aseguran que hasta la fecha ninguna de sus demandas y peticiones fueron atendidas ni respondidas por ninguna instancia del Gobierno.  Este medio trató de comunicarse en reiteradas oportunidades con la Dirección General de Autonomías Indígenas, dependiente del Ministerio de la Presidencia pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta a sus consultas.

Mientras el coronavirus avanza y ya se registran casi 500 casos con decenas  de fallecidos en Bolivia, a los pueblos indígenas indefensos solo les queda la esperanza de que el Covid-19 se mantenga lejos o las consecuencias serían desastrosas.

 

En el Tipnis, un  médico para 1.500 familias indígenas

En el centro de salud Puerto San Lorenzo del municipio de San Ignacio de Moxos hay un médico y seis enfermeras para atender a aproximadamente a 1.500 familias del Tipnis. La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que se necesita, como mínimo, un médico por cada 333 personas.

“Soy el único médico para 1.500 familias del Tipnis (…).No estamos preparados para atender un caso de coronavirus. No tenemos medicamentos, insumos, equipos de bioseguridad ni kits para la detección del virus”, informó Luis Santos Leiva, médico del centro de salud Puerto San Lorenzo.

El galeno aseguró que el establecimiento atraviesa una seria crisis de desabastecimiento de medicinas, que lo poco que queda es del año pasado. Para hacer frente a una posible propagación del virus en las comunidades indígenas, hizo la solicitud de insumos, pero la cuarentena limita su traslado hasta el centro de la ciudad más cercana para recogerlos. Y es que el principal medio de transporte es por agua y el traslado entre cada comunidad puede demorar más de un día. Antes de la cuarentena estos pueblos indígenas ya vivían aislados y distanciados por ríos, solo que ahora se hace más dificultoso acceder a los alimentos y las medicinas. 

Una de las familias  de Trinidacito, en su comunidad.
Foto Central de Mujeres Campesinas del Tipnis

Para recoger los insumos debe llegar hasta San Ignacio de Moxos, lo que demanda de dos hasta tres días de viaje en canoa –debe atravesar los ríos Mamoré, Isiboro y Sécure- hasta  Trinidad; desde allí debe movilizarse por tierra por entre cuatro y seis horas.

Bolivia – al igual que el resto de los países de América Latina-   está en cuarentena, por lo que este viaje puede demandar más de cuatro días por las prohibiciones en la circulación de todo tipo de transporte. Y por si fuera poco, Santos no tiene la garantía de que recibirá los insumos y medicamentos que solicitó debido a que existe una alta demanda y escasez de los mismos en todo el país como en el resto del mundo.

Auto confinamiento y control a los foráneos

 Aun mes de que el Gobierno informara sobre los dos primeros casos de coronavirus en Bolivia, que ahora son más de 400, el virus aún no ingresó a las pueblos  indígenas más alejados. Los dirigentes de organizaciones de tierras altas y bajas aseguraron que no se registraron comunarios con síntomas de Covid-19.

Para mantenerse al margen de las estadísticas epidemiológicas es que las autoridades indígenas toman el control de la situación  aplicando medidas internas como el control del ingreso de los extranjeros. También destinan recursos económicos para salud e impulsan hábitos de limpieza como el lavado de las manos y respetan la cuarentena, aseguram. 

En el Tipnis está prohibido que ingresen foráneos sin haber hecho “previa consulta” a los dirigentes de las comunidades y pueblos indígenas. “Se permite que lleguen los extranjeros, pero antes se debe coordinar. Las comunidades tienen que autorizarlo. Lo que no queremos es que ingrese al virus”, enfatizó Marqueza Teco.

El exviceministro de Autonomías Indígenas  Gonzalo Vargas contó que en el Gobierno Autónomo guaraní de Charagua, en el departamento de Santa Cruz, la autoridad ejecutiva (el alcalde) convocó a una reunión con los capitanes de cuatro de las seis zonas que posee esa región. Allí definieron políticas de inversión para la compra de insumos y medicamentos para sus centros de salud y hospitales.

“Los capitanes, quienes son las autoridades comunitarias, tienen líneas de acción para asumir medidas de prevención para evitar el contagio del virus. Ya definieron políticas de autorregulación y coordinación con las comunidades y las autoridades indígenas”, dijo Vargas.

El Gobierno Autónomo Salinas de Garci Mendoza, en el altiplano orureño, tiene una hermenéutica similar a la de Charagua. Los ediles se reunieron con los ayllus y mallkus aymaras para autorizar recursos económicos que vayan destinados a combatir la pandemia.

El Gobierno indígena quechua de Raqaypampa, en el valle de Cochabamba, también priorizó recursos para la salud de sus pobladores, cerró sus accesos principales y realiza un permanente rastrillaje para identificar a personas extranjeras o provenientes del interior para evitar la propagación del virus.

 

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