Bolivia tiene 190 intensivistas y 430 UTI, 38% de lo mínimo requerido

El 60% de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que hay en el país pertenecen al sector privado. En el sistema nacional de Salud hay carencia de medicamentos, insumos de seguridad y recursos humanos.
sábado, 4 de abril de 2020 · 00:30

Leny Chuquimia / La Paz

En Bolivia hay 430 camas de terapia intensiva y 190 especialistas. Esta cifra apenas cubre el 38% de las necesidades del país que está en emergencia por el coronavirus. Hay carencias de insumos y equipamiento.

“Las unidades de UTI (Unidad de Terapia Intensiva) no están preparadas para la pandemia. Es necesario mejorar de las infraestructuras. Se requiere una alianza de los sectores público, privado y de la seguridad a largo plazo para optimizar la atención en las pocas unidades que hay”, señaló el presidente del comité de Medicina Critica y Terapia Intensiva, Patricio Gutiérrez.

El empresario Richard Sandóval falleció el lunes a causa del coronavirus en La Paz, luego de ser atendido en un hospital privado y trasladado a dos nosocomios públicos. El hecho desnudó una vez más la debilidad del sistema de Salud y sobre todo de las unidades de cuidados intensivos.  

Según datos de la OMS, en promedio, por cada 10.000 habitantes debe haber una cama de terapia intensiva. Es decir que en Bolivia, un país con 11.633.000 habitantes (según una proyección de la población al 2020 del INE), se requieren al menos 1.163 unidades en este servicio.  

Sin embargo, según datos de la Sociedad Boliviana de Medicina Critica y Terapia Intensiva, en este momento sólo hay 430 UTI distribuidas en los hospitales públicos, privados y de las Cajas de todo el país. Se estima que el 10% no está en funcionamiento.

“Estas 430 camas cubren sólo 35% de toda la demanda. Ahora de ese 35% que logramos cubrir el sector privado absorbe el 60%. El 40% restante está repartido entre la seguridad social y el sector público”, señaló el presidente de la Sociedad, Adrián Ávila.

En los tres departamentos del eje troncal, que acumulan la mayor cantidad de habitantes del país, la situación es la misma.  Santa Cruz debería contar con 350 camas de UTI, pero actualmente tiene con 170.

La Paz debería tener 292 camas y cuenta con 91. En del departamento, el municipio de El Alto con alrededor de un millón de habitantes debería tener 100 camas y solo tiene cinco en Hospital del Norte y tres en el Holandés.

El departamento de Cochabamba requiere 200 camas pero ahora solo funcionan 60. El hospital Viedma, uno de los principales nosocomios de la región, apenas tiene ocho.

“Es momento de dejar caer todos los colores o sectores, todos -el público, el privado y la seguridad social- deben ser uno solo”, dijo Gutiérrez en una conferencia el lunes tras la muerte del empresario con Covid-19.

No estamos listos para el desafío

Si bien hay una cuantificación aproximada de camas, no necesariamente éstas funcionan ni tienen todo el equipamiento necesario. Mínimamente, cada Unidad debe contar con una cama especial eléctrica, un respirador, un monitor multimétrico para signos vitales, bombas de infusión continua, un médico especialista y una enfermera con postgrado; además de otro personal y acceso a otros servicios como hemodiálisis, tomografías, farmacología, nutrición etc.

Muchas de las UTI, sobre todo las del sector público, no están bien equipadas. Así lo evidencian los primeros resultados de una investigación que realizan el intensivista Patricio Gutiérrez y la epidemióloga Wayra Paz. A falta de información de la situación de estos servicios médicos, ambos especialistas emprendieron una recolección de datos de los hospitales y el personal.

“Por las filiales departamentales sabemos que hay 430 camas de terapia intensiva en el país. Nosotros hemos cubierto unos 40 hospitales que abarcan 309 camas, eso es como el 71,8% de las existentes. Evaluamos a estas unidades, su funcionalidad, estructura, el personal al que tiene acceso, enfermería, sistema de guardias y lo que está alrededor; es decir: otros médicos, servicios laboratorios, imagenología etc. Lamentablemente el estudio es simplemente descriptivo pero nos muestra que el reto que nos tocó nos excede.  Solo un tercio de todas las terapias en todos los subsistemas tiene algún tipo de protección personal para iniciar el desafío”, señaló Paz. Añadió que el estudio se convirtió en una lista de necesidades.

Los datos arrojados muestran que las UTI de la seguridad social están mejor equipadas y son más disponibles en comparación a las del sector público y privado. Por este motivo se recomienda una alianza de los tres sectores.

Otro dato recabado es que solo una tercera parte de las unidades de terapia intensiva tienen acceso a las intermedias. Además hay varias que no cumplen con requisitos muy importantes como: entradas independientes, cuartos sépticos y lavamanos para cada cama, aspectos que permiten reducir la incidencia de infecciones. 

Muchas de estas unidades no tiene barbijos N95 ni guantes de nitrilo o mascarillas; además las camas no están separadas unas de otras. Cabe resaltar que estos insumos deben ser priorizados para el equipo que trabaja en terapia intensiva porque son los que están más expuestos al contagio. 

Profesionales que no cubren ni el 50% de la demanda

“Actualmente en la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva tenemos 190 intensivistas -en todo el país- cuando necesitamos unos 400 a 500 como mínimo. No llegamos ni al 50% de la demanda”, manifestó Ávila.

Para el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, este déficit se debe a una gran debilidad en la formación de profesionales en el sistema público y las universidades. La falencia se repite en todas las especialidades.

“En el departamento solo hay 54 intensivistas, al año con suerte habrá cupo para que tres o cuatro médicos puedan especializarse. No hay una proporción lógica de formación de recursos humanos. Es una falla de todo el sistema y sobre todo de la universidad. Hay una carencia extrema de especialidades que se incrementa ante la crisis del Covid-19. Esperamos que esta situación sirva para que se tomen medidas a futuro porque se nos viene un panorama muy duro para próximos años”, dijo Romero.

El estudio de Paz y Gutiérrez, señala que además de la reducida cantidad de intensivistas hay un alto riesgo para el sector porque no cuentan con insumos de seguridad en sus unidades. Los datos recolectados mostraron que gran parte de los especialistas son varones o están por encima de los 60 años. Por cómo se distribuye la gravedad de esa enfermedad estos dos segmentos son los más vulnerables.

“También partimos este reto asistencial con una sobrecarga fuerte en las enfermeras. No todas alcanzan el grado de formación que se requiere en terapia intensiva, como por ejemplo una maestría. Además, se recomienda que una enfermera atienda de dos a tres pacientes, pero tenemos UTI con una para seis enfermos”, lamentó Paz.

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