Polémica por expatriados: ¿Hay migrantes de segunda categoría?

Mientras llega un vuelo solidario desde Chile, cientos de compatriotas, entre tensiones con el Ejército, piden ingresar. Otros guardan cuarentena en carpas.
jueves, 9 de abril de 2020 · 00:26

Página Siete  / La Paz

En un vuelo solidario,  con aval de la Cancillería, retornaron de Santiago 36 bolivianos. Otros 480 compatriotas permanecen en cuarentena en un campamento en Pisiga después de  días de peregrinación por entrar al país y aún hay  300 que intentan ingresar pese  al resguardo del Ejército y la amenaza de cárcel. Y ello sólo en la frontera con Chile.

Este desigual  panorama ha levantado cuestionamientos sobre el trato humanitario que deben merecer todos los bolivianos repatriados. En esta crisis del coronavirus hay  cientos de bolivianos varados en Brasil, Estados Unidos, México y otros países.

 La Cancillería se adelantó a aclarar  las circunstancias de la llegada del 36 compatriotas en el  vuelo: “Ellos se encontraban en Chile por tratamiento médico en diferentes hospitales y contrataron una aeronave Ecojet para que los recoja; por lo tanto, pagarán el costo total de la aeronave y se accede a su retorno por el compromiso a guardar cuarentena”, señala un comunicado oficial.

También guardan cuarentena  480 compatriotas  en el campamento Tata Santiago pero ellos denuncian hacinamiento, racionamiento de comida y falta de insumos básicos  en las carpas.   

“Los bolivianos que llegaron de Chile en avión se encuentran cumpliendo ese protocolo. Los 40.000 bolivianos en Chile que quisieran volver al país por tierra no cuentan con esa posibilidad. El Campamento Tata Santiago y el protocolo del Gobierno no cumplen con los criterios Constitucionales, ni los de la OMS”, sostiene el analista Iván Lima. “Permitir el cribado, ingreso, aislamiento y tratamiento médico de cada boliviano que quiera volver al país, es un obligación estatal que no puede ser obviada en función al patrimonio o las relaciones de quien retorna”, agrega. 

Los cuestionamientos también colmaron las redes sociales.  “Bolivia no es país para viejos ni tampoco para pobres. Si tienes dinero no serás llamado masista ni incivilizado, es más, tienes las fronteras abiertas de par en par. Seguimos con la ‘securitization’ de la salud”, escribió Marcelo Arequipa. 

“Humanitarismo y derechos para quienes puedan pagarlo; gases, acusaciones de terrorismo, intemperie, frío y hambre para quienes no”, dijo  Ricardo Aguilar.

En medio de la polémica, el Gobierno anunció que se permitirá el ingreso de los bolivianos  que están en la frontera y tuvieron ya  tensiones con el Ejército.  “Van a entrar pero pedimos que entren en orden”, dijo el ministro de Obras Públicas, Iván Arias y pidió cuidar la salud de la población. 

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció por su parte que pagaron “a las personas que generaron violencia en la frontera con Chile”.

Punto de vista
 Ivan lima magne  Abogado constitucionalista


Puede haber una sanción de CIDH

Existe consenso jurídico constitucional que garantiza a los bolivianos el ingreso a nuestro territorio. La emergencia sanitaria, como toda restricción de derechos debe estar definida por una ley y no existe en nuestro ordenamiento jurídico el “cierre de fronteras”. Por ello la norma que ha regulado la restricción está en los decretos emitidos a raíz de la crisis del Covid-19, los cuales nos remiten a los Protocolos del Ministerio de Salud y la OMS. 

El problema del Covid-19 esta en que su transmisión solo puede limitarse si se detecta los casos asintomáticos, mediante pruebas o cuarentena. Los bolivianos que llegaron de Chile en avión, se encuentran cumpliendo ese protocolo. Los  bolivianos en Chile que quisieran volver al país por tierra no cuentan con esa posibilidad. El campamento Tata Santiago y el protocolo del Gobierno no cumplen con los criterios Constitucionales, ni  de la OMS. 

Las condiciones de hacinamiento y alimentación precaria, no son voluntarias y son restrictivas de derechos porque muchos de ellos pertenecen a sectores vulnerables (niños, embarazadas y ancianos).  De no cambiar esas condiciones y ajustarlas a la Constitución y directrices de la OMS no se tratara solo de un problema político local, la CIDH está en conocimiento  y es previsible que cualquier resultado no deseado genere responsabilidad internacional del Estado.

Permitir el ingreso, aislamiento y tratamiento  de cada boliviano que quiera volver  es un obligación estatal que no puede ser obviada en función al patrimonio o las relaciones de quien retorna.

 

 

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