Demora en indultos y falta de test suben el riesgo en cárceles

El decreto de indulto y amnistía para vaciar las prisiones y evitar los contagios del coronavirus aún no fue aplicado. Esto puede demorar dos semanas más.
miércoles, 13 de mayo de 2020 · 00:04

Sergio Mendoza  / La Paz

El último decreto de indulto y amnistía aprobado para vaciar las cárceles y evitar que éstas se conviertan en un caldo de cultivo para el coronavirus aún no se ha aplicado. Además, la falta de pruebas Covid-19 hace imposible la detección de infectados dentro de los penales, y así las cárceles  son una bomba de tiempo.

“El hacinamiento no está resuelto y las medidas adoptadas son muy limitadas. Ellos (el Gobierno) no han hecho caso (a las recomendaciones de) ningún organismo, ni civil ni internacional, y claro que va a explotar una bomba”, dijo el responsable del área socio-terapéutica del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia de Estado (ITEI), Andrés Gautier.

El excesivo hacinamiento y la pobre situación de las cárceles bolivianas las convierten en espacios de riesgo para el contagio del virus. Esto se alertó ni bien la enfermedad llegó al país y entonces se tomaron decisiones como prohibir las visitas, aplicar medidas de bioseguridad, desarrollar audiencias virtuales, y otras.

 De todos modos, ya se reportaron  los primeros casos sospechosos de Covid-19 en la cárcel de Palmasola (Santa Cruz). Tres reclusos han muerto, uno  de ellos dio positivo para coronavirus y aún se espera el resultado del resto. El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, indicó que Palmasola es la única prisión en la que se reportaron casos positivos; pero existe temor de que la enfermedad ingrese a otros centros penitenciarios.

 A fines de abril el Legislativo aprobó el Decreto Presidencial 4226, de amnistía e indulto, para sacar de prisión a poblaciones vulnerables de contraer Covid-19.  Entre los beneficiados están personas por encima de los 58 años, enfermos crónicos, discapacitados, mujeres embarazadas, y otros grupos vulnerables que no sean procesados por crímenes graves.

La responsable legal de la Dirección General de Régimen Penitenciario, Vanesa Quispe, informó que hasta ahora ningún privado de libertad fue beneficiado con dicho decreto. Todavía se hacen trámites y se coordina con el Órgano Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública.

“Yo estimo que de aquí a dos semanas tendríamos los primeros beneficiados con indulto. Pero Defensa Pública tienen mayor responsabilidad (para agilizar esto)”, dijo Quispe.

Por otro lado, el uso masivo de pruebas Covid-19 puede ser una solución para evitar el contagio en las prisiones; pero si la población en libertad no puede acceder a estos insumos la probabilidad de que los privados de libertad accedan a ellos es aún menor,   

No se sabe con precisión cuántas personas se beneficiarán con el decreto  de indulto. Quispe dijo que el decreto puede abarcar a 4.000 personas. El viceministro Issa habló de 2.000. Actualmente hay alrededor de 18.000 privados de libertad.

La directora del ITEI, Emma Bolshia Bravo, dijo que el decreto es una medida necesaria, pero insuficiente. Advirtió que, bajo la lógica que ha guiado al Gobierno en los últimos días, se teme que el problema de las cárceles se resuelva con represión en lugar de prevención.  

“Esto es terrible porque en condiciones de hacinamiento, de falta de higiene, vamos a tener ahí una explosión de Covid-19 y vamos a tener como respuesta una represión masiva”, resaltó Bravo a Página Siete.

Gautier, recordó que si se cumpliría la ley, el hacinamiento bajaría considerablemente en las cárceles pues no habría razón para que presos con detención preventiva permanezcan en las prisiones por más de seis meses o para que un proceso judicial se extienda por más de tres años. De los 18.000 privados de libertad el 64,9% no tiene sentencia. 
 

La terminología

  • Indulto  Este término se refiere al perdón de la pena. Es decir que el privado de libertad sigue siendo considerado culpable del delito cometido, pero se alivia de forma total o parcial la sanción impuesta. Por ello, el indulto sólo puede aplicarse a personas con sentencia. 
  • Amnistía  Esto es el perdón del delito y puede aplicarse a personas con detención preventiva que aún no han sido condenadas. En ciertos casos se eliminan los antecedentes penales y se le devuelven sus derechos al procesado. 
  •  Cambios  En las últimas horas el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó sobre la destitución del gobernador del penal de Palmasola.

“Operadores de justicia quieren cárceles llenas para sacar plata”

El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, manifestó que una de las principales causas para el hacinamiento en las cárceles es el negocio que esto representa para los operadores de justicia. De forma directa afirmó que a jueces, fiscales y policías no les interesa vaciar las prisiones, sino mantenerlas llenas para  sacar más plata.

“Lo que les interesa a los operadores de justicia: jueces, fiscales y policías es tener las cárceles llenas, porque en estas cárceles llenas van a sacar plata. Es una millonada de plata lo que se saca de la persona en desgracia. Viven de esto”, manifestó Llanos.

La exautoridad enfatizó cómo, en cada  etapa del proceso judicial, se toma dinero  de los denunciantes y de los imputados. “Es la gallinita de los huevos de oro porque los esquilman en los juzgados, los esquilman en la Fiscalía, en la cárcel les sacan plata y después los mismos internos torturan para sacar plata a sus compañeros de infortunio”.

Llanos recordó que en el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se proyectó la construcción de tres cárceles modelo. En 2018 la Dirección de Régimen Penitenciario informó que se destinó Bs 5,9 millones como pre-inversión para éstas.

En Chonchocoro (La Paz) se había previsto construir una cárcel para albergar a 7.000 personas. La cárcel de San Pedro puede albergar a 800 y en 2019 había 3.500 reos allí dentro.

En Santa Cruz se planeó ampliar la cárcel de  Palmasola para albergar a 10.000 privados de libertad. En 2018 esa prisión con capacidad para 600 personas albergaba a 5.294.

En Arani, Cochabamba, se planeó edificar una cárcel  con capacidad para 5.000 personas. La cárcel más grande de este departamento, El Abra, tiene sólo lugar para 360 reclusos, pero en 2018 había 762.

Ninguno de estos proyectos fue ejecutado hasta ahora.

También se había previsto la adquisición de manillas electrónicas para garantizar que la detención domiciliaria se cumpla. Pero éstas no han sido utilizadas aún y el 9 de abril  se planteó  que estos equipos se usen para controlar que los pacientes con Covid-19 no salgan de sus casas. 
 

 

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