A seis meses de los hechos luctuosos de Sacaba, familiares denuncian que no hay justicia

De acuerdo a los familiares de los fallecidos, hasta la fecha no se esclarece el hecho y no hay un solo detenido, por lo que piden justicia.
sábado, 16 de mayo de 2020 · 01:30

Página Siete Digital / La Paz 

El 15 de noviembre de 2019 se registraron los hechos luctuosos de Sacaba, Cochabamba, donde fallecieron nueve personas por impactos de balas y más de un centenar resultaron heridas, además de 200 que fueron detenidas cuando se desarrollaba una manifestación de pobladores del trópico de Cochabamba a la altura del puente Huayllani, frente a un contingente militar y policial.

De acuerdo a los familiares de los fallecidos, hasta la fecha no se esclarece el hecho y no hay un solo detenido, por lo que piden justicia.

“Soy la hermana mayor de Omar Calle, me llamo Angélica Calle, el 15 de noviembre este Gobierno de ´facto´ ha entrado y ha masacrado a mi hermano y al resto de la gente. Hoy pido justicia, no hay ningún detenido, no hay ningún preso, yo quiero justicia para mi hermano”, indicó la mujer, entrevistada por la radio Kausachun Coca.  

Los familiares recordaron este viernes los seis meses de la muerte de sus seres queridos, en un hecho que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de “masacre”.   

“Justicia, tiene que haber justicia, cuando haya justicia vamos a callar, mientras tanto no”, insistió Calle, vestida de negro por el luto que aún guarda.  

Asimismo, la Federación Centrales Unidas rindió homenaje a los fallecidos de noviembre en Sacaba.

“Hoy día se cumplen seis meses de la ´masacre´ de Sacaba y es muy lamentable, el Gobierno (…) sacó decretos para asesinar. (…) Los ministros mienten, por lo que hicieron los policías y dicen que entre ellos (los manifestantes) se han disparado”, lamentó el dirigente, Edwin Romero.

Romero indicó que además de los fallecidos, aún hay heridos que siguen siendo sometidos a operaciones y tampoco existe justicia para ellos.

“Pedimos justicia, los que han asesinado a nuestros hermanos, no hay justicia, ningún policía, ningún militar, ningún francotirador está detenido; pero nosotros todos a la cárcel, acusados por narcotráfico, por terrorismos, ellos son los que aplican terrorismo”, acusó.

También observó que todos los fallecidos, heridos y detenidos, corresponden al grupo de manifestantes, y no hay ni una baja de parte de los uniformados. Reforzando las declaraciones de sus compañeros, que niegan haber estado armados como dijeron las autoridades de Gobierno. 

Tras la renuncia del expresidente Evo Morales y varios de sus colaboradores el pasado 10 de noviembre, asumió las riendas del Estado la actual presidenta Jeanine Añez en fecha 12 de ese mes. Y en medio de una ola de protesta de diversos sectores que se resistían al nuevo régimen, fueron aprobados dos controversiales decretos: uno, para librar de acciones penales a los miembros de las Fuerzas Armadas que actúen en esos escenarios, y dos, para incrementar el presupuesto económico para esa fuerza del orden.  

En ese escenario se dieron los hechos de Sacaba y Senkata, dónde se cuentan varias decenas de fallecidos y centenares de heridos y otra cantidad de detenidos.

En diciembre el informe preliminar de la CIDH referido a los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata en El Alto, señaló, “en criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”.

El informe agregó, “(…) de conformidad con la información recibida, a los pocos momentos los agentes policiales y militares habrían abierto fuego contra la población civil allí reunida, a la que además habrían atacado con gases lacrimógenos, golpes y patadas”.

Pero de acuerdo a declaraciones de algunas autoridades nacionales, los manifestantes que perdieron la vida recibieron disparos del mismo grupo al que pertenecían, aduciendo razones tales como que el calibre de las balas que fueron encontradas en los cuerpos de las personas fallecidas y heridas, no eran de reglamento oficial, y que no todos los disparos habían sido recibidos de manera frontal.

Al respecto la CIDH mencionó, “numerosos testimonios son consistentes al indicar que las personas manifestantes estaban desarmadas, avanzaban pacíficamente por iniciativa propia, y fueron agredidas de repente con armas de fuego, contenedores de gas lacrimógeno, porras y otras armas por la fuerza pública, de manera sorpresiva”.

Sobre eso, el Gobierno manifestó que se vio a manifestantes portando armas de fuego y que las fuerzas del orden únicamente intentaban resguardar  a la población de Cercado.

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