4 alertas y mejores ofertas no frenaron compra de respiradores

Tres funcionarios de la AISEM pusieron reparos en la adquisición de los productos de IME Consulting y Valenzuela ignoró otra oferta más económica.
viernes, 22 de mayo de 2020 · 00:04

Sergio Mendoza  / La Paz

El Ministerio de Salud procedió con la compra de 170 respiradores a IME Consulting pese a por lo menos cuatro  observaciones a la calidad y precio de los productos que se hizo por parte de los mismos funcionarios de esta cartera de Estado. Algunos de estos servidores se alejaron del cargo, según el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra. 

El ministro informó que al menos dos abogados de la Agencia de Infraestructura, Servicios y Equipamiento Médico (AISEM) cuestionaron que se adjudique esta compra a IME Consulting. Aunque no ofreció nombres, se conoce de forma extraoficial que uno de los juristas terminó firmando el contrato de compra.

 El otro abogado presentó su renuncia debido a la insistencia del director de AISEM, Geovanni Pacheco, por preparar un borrador del contrato aún sin contar con la documentación legal de la empresa. 

“El director de la AISEM es quien instruyó al Dr. Dámaso del área legal realizar el contrato en borrador sin tener la documentación legal de la empresa IME Consulting; sin embargo la misma no contaba con los documentos legales, por tanto el Dr. Dámaso presentó su renuncia esa misma noche”, se lee en parte de la imputación presentada por la Fiscalía en este caso, a la cual accedió Asuntos Centrales.

De acuerdo al mencionado documento el 8 de mayo al mediodía el ministro de Salud, Marcelo Navajas, se presentó en la AISEM para hacer seguimiento al proceso de contratación. 

Ese mismo día, a las 22:19, la profesional en Equipamiento Médico, Ana Espinoza , envió un correo electrónico a Pacheco indicándole que los respiradores que se pretenden comprar “no cumplen con lo solicitado, se evidencia que es una unidad muy básica, de poca durabilidad y nueva en el mercado, no cuenta con todas las certificaciones de calidad (...). Además que no es conocida por los profesionales médicos, que tal vez rechacen el uso del equipo”. En el mismo correo se mostró otras ofertas más adecuadas para la compra. 

  Días antes en Barcelona ya se hacían las gestiones para la adquisición de los 170 respiradores de IME Consulting.

El 8 de mayo IME Consulting ya sabía, por información del Ministerio de Salud, que había otra propuesta para adquirir los mismos equipos Respira por la mitad del precio. El cónsul de Bolivia en Barcelona, David Pareja recibió la noticia del representante de IME Consulting: Iñaki García, y de Valenzuela. Pero esta otra oferta fue ignorada.

 
El 11 de mayo a las 10:30 el ministro Navajas instruyó de forma escrita a la AISEM la compra de los ventiladores con carácter de urgencia. Extrañamente, Pacheco comunicó al cónsul Pareja que el contrato ya estaba firmado antes de las 10:00  de ese mismo día y que en el transcurso de la mañana se haría la transferencia por el 50% del costo de los equipos.

A  las 5:45 de ese mismo día  IME Consulting ya exigía el pago del 50% de los 4,7 millones de dólares como una garantía para mandar equipos que habían costado 1,2 millones de dólares.

Se estableció que el plazo de entrega debía ser el mismo 11 de mayo, una fecha imposible de cumplir. Ese día AISEM solicitó el costo de una aeronave BOA para mandar a traer los productos, un costo que ni siquiera sería cancelado por el intermediario.

Actualmente cinco personas son procesadas: el ahora exministro de Salud, el exdirector del AISEM, el asesor jurídico Valenzuela, Espinoza (quien observó la compra) y Gabriela Pérez, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Ministerio Público investiga el caso por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lescivos al Estado, conducta antieconómica y malversación de fondos. La Fiscalía indicó que existen varios implicados en el caso que serán convocados a declarar.

Sobre el caso

  • Las partes  GPA Innova es el fabricante de los respiradores RESPIRA. IME Consulting es el intermediario en la adquisición de los productos. El Ministerio de Salud, a través de AISEM es el comprador. 
  • Corrupción  Médicos y propietarios de empresas indicaron que no es la primera vez que AISEM incurre en actos de corrupción para adjudicar contratos de equipamiento e infraestructura para salud.
  • Investigación  El Ministerio Público desarrolla la investigación penal por este hecho de presunto sobreprecio. La Asamblea Legislativa y la Contraloría también iniciaron sus propias investigaciones.

Fiscalía: El pedido real fue por el modelo básico de los equipos

 

El Ministerio Público estableció, a partir de la documentación que revisó sobre la compra de 170 respiradores, que ésta fue hecha para adquirir los modelos básicos con sus kits de accesorios y no así la versión avanzada del ventilador con otros componentes, como aseguró IME Consulting. 

El precio unitario por cada uno de estos equipos básicos era de 7.194 dólares desde la fábrica; pero el Estado  pagó alrededor de 28.000 dólares por ellos. Por otro lado, en su versión sencilla estos productos serían de muy poca utilidad para pacientes críticos con coronavirus.

“La compra original era de los equipos básicos y se ha desembolsado poco másde 2 millones de dólares”, informó ayer el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío. 

 El representante de IME Consulting, Ignacio Mazarrasa, informó anteriormente a Página Siete que el pedido original se había hecho por los respiradores modelo avanzados, accesorios completos, filtros y carritos para mover los equipos. Indicó que si no recibía el pago del restante 50% (unos 2,5 millones de dólares más) no enviaría la actualización del software ni los otros insumos, con lo cual los ventiladores adquiridos quedarán en su versión básica.

   Con relación a la imputación del exministro de Salud, Marcelo Navajas, su abogada, María Cristina del Rosario Canedo, señaló que la exautoridad no actuó de mala fe y que apuró la adquisición de los ventiladores debido al a emergencia que se vive en el país por la pandemia.

 “Veremos la fundamentación y legalidad de las medidas asumidas contra mi cliente. No existe un centavo de daño económico al Estado. Hay certificaciones que hace la empresa vendedora de que ese era evidentemente el precio que costaban los equipos. Además el BID ha seguido todo el proceso de contratación y no hubo ninguna impugnación u observación”, señaló la jurista.

Canedo aseguró que desde un principio se sabía que los ventiladores no eran para terapia intensiva, por eso no se solicitó la opinión de los médicos intensivistas. Los equipos- según ella- eran para emergencias.

 

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