Asalariados, excluidos del diferimiento, dicen que también perdieron ingresos

En muchos casos, los trabajadores de las empresas sufrieron recortes en sus sueldos a cambio de mantener sus empleos, pero estas reducciones no aparecen en las planillas y no se pueden demostrar.
sábado, 30 de mayo de 2020 · 00:04

Manuel Filomeno /  La Paz

Asalariados, excluidos del ámbito de aplicación del nuevo diferimiento de créditos, se sienten traicionados por el Gobierno y señalan que ellos también han perdido ingresos. El jueves, mediante el Decreto Supremo 4248, el Gobierno extendió por tres meses más el pago de los créditos de los prestatarios con deudas menores o iguales a 1 millón de bolivianos, pero dejó fuera a aquellos que cuentan con un salario en los sectores público y privado.

“No me alcanza, esto es una decepción muy grande para mí, no podían simplemente cumplir con lo que dice la Ley”, dice con amargura por el teléfono Carla M., una asalariada que ha visto sus ingresos reducirse por el largo periodo de cuarentena.

De acuerdo con Carla, con el objeto de mantener su puesto de trabajo en la empresa que trabaja, tuvo que aceptar una reducción temporal de su salario, por lo que ahora no cuenta con los recursos para retomar el pago de su crédito a partir de la siguiente semana.

Como ella, muchos de sus compañeros se encuentran en la misma situación.

“Sólo en mi empresa, que no es muy grande, hay al menos otras 10 personas que están pasando por lo mismo, es algo de lo que se habló mucho en abril, cuando la empresa nos avisó que habría reducciones en los salarios, pero con la promulgación de la Ley 1294 nos quedamos más tranquilos” señala.

Cristian, un compañero de Carla, agrega que, durante los meses de cuarentena, la empresa además se retrasó mucho con el pago de los salarios, por lo que duda mucho que pueda llegar a pagar las cuotas de su crédito, las cuales debe pagar el 15 de junio.

“Nos están pagando con casi un mes de retraso y por partes, parece que el Gobierno no entiende la situación de las empresas, si bien tenemos un salario, por la cuarentena éste llega tarde y menos de lo habitual, yo pensé que tendría seis meses para que las cosas se normalizaran y la empresa volviera a regularizar los pagos, pero ahora tendré que ver de dónde saco para pagar la cuota”, explicó.

Otros asalariados no han sufrido retrasos, ni reducciones de sus salarios también enfrentan problemas para retomar el pago de sus créditos, ya que durante el tiempo de cuarentena incurrieron en otros gastos no planificados.

“Con la cuarentena vinieron gastos que no tenía planificados y que se han ido apilando, gente a la que debía dinero me ha cobrado, he tenido que poner internet para que mis hijos sigan con sus estudios, la factura de la luz vino alta, mi inquilino no puede pagarme el alquiler y gastamos más en comida que antes, todo eso se acumula y al final uno ya se había hecho la idea que pagaría en seis meses, no creo que sea algo justo”. Señaló Jorge, un funcionario público.
 

Dar explicaciones

Según la norma, los asalariados que se hayan sido despedidos, hayan sufrido de recortes en sus salarios o sus ingresos hayan mermado por otras razones y deseen acogerse a este nuevo diferimiento, deberá demostrar a las entidades financieras su situación, para poder ser considerados en la medida.

Sin embargo, en muchos casos, las reducciones de salarios hechas por las empresas fueron acuerdos privados y estos no aparecen en las planillas.

“Nuestra empresa nos advirtió que la reducción que nos hizo no podría aparecer en las planillas, que era una manera de que pudiéramos conservar nuestros trabajos y que era un compromiso con la empresa, ellos ahora no van a salir a decir que nos bajaron los sueldos porque podrían meterse en problemas, no creo que ninguna empresa se atreva a hacerlo”.

De acuerdo con las leyes laborales bolivianas, la rebaja de sueldos o salarios es considerada un retiro indirecto y está prohibida, según lo establecido en el Decreto Supremo 3770, asimismo el pasado mes de abril, El Ministerio de Trabajo, informó que no están permitidos los despidos sin causa justificada y la reducción de salarios como efecto de la pandemia de coronavirus en Bolivia.

En el caso de Jorge, la situación es diferente, pero no menos complicada, ya que el no sufrió una reducción de salario, pero sus ingresos se vieron reducidos de todas formas.

“Como le voy a explicar al banco que gaste más en comida, en poner internet y que al mismo tiempo gente a la que le debia me cobró y que la gente que me debe no me paga, va a ser imposible”, expresó.

Anuncian impugnación

El diputado del MAS, Víctor Borda, anunció ayer que impugnará mediante una Acción Abstracta de Inconstitucionalidad, el Decreto Supremo 4248 porque este contradice la Ley 1294

Borda señaló que, de acuerdo a la Ley 1294, los prestatarios deberían tener seis meses a partir de que se levante la emergencia sanitaria para volver a pagar las cuotas, sin embargo, el Decreto dispone que las personas con deudas deben reactivar los pagos desde septiembre.

De la misma manera, el diputado indicó que la Ley 1294 otorga el diferimiento de créditos para todos, pero el Decreto excluye a quienes trabajan en entidades públicas y privadas con un salario.

Borda acusó al Gobierno de proteger intereses de los bancarios en contra de las grandes mayorías del pueblo.

 

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