Defensoría critica que el Gobierno deslinde responsabilidades de la educación virtual

De acuerdo con el Decreto Supremo 4260 las unidades educativas definirán su currícula, la conveniencia de aplicar la educación a distancia y la disposición de recursos para tal efecto.
sábado, 20 de junio de 2020 · 11:26

Página Siete Digital

La Defensoría del Pueblo cuestionó este sábado que el Ministerio de Educación deslinde su responsabilidad sobre las políticas y estrategias educativas con el Decreto Supremo 4260, que regula las modalidades educativas presencial, a distancia, virtual y semipresencial.

“Con esta norma, el Ministerio de Educación pretende deslindar su rol de máxima autoridad educativa, responsable de las políticas y estrategias educativas y de las políticas de administración y gestión educativa y curricular”, manifestó la defensora, Nadia Cruz. 

En específico, Cruz lamentó que la mencionada norma, aprobada por el Ejecutivo el 6 de junio, disponga que las “instituciones educativas tienen la responsabilidad de elaborar su propuesta curricular. Es decir que la responsabilidad de diseñar, aprobar e implementar el currículo, (función) del Ministerio de Educación, se ha reducido a cada unidad educativa”.

Esto está establecido en el artículo 6 de la norma, donde se establece que: “Las instituciones educativas que cuenten con la disposición normativa de apertura y funcionamiento deben presentar a las instancias correspondientes su propuesta curricular en las modalidades (presencial, a distancia, virtual, semipresencial) para su aprobación, de acuerdo a reglamentación específica”.

También criticó que la norma deje “ a nivel de cada institución educativa, la definición de la complementariedad de modalidades”. Dijo que esta situación profundizará las brechas de acceso a la educación, al determinar que esta definición se asumirá en función a los medios tecnológicos disponibles, características del área de conocimiento y condiciones de conectividad. Estos aspectos están establecidos en el artículo 7.

Por último, la defensora consideró que ese decreto atenta contra la educación gratuita, cuando dispone que las instituciones educativas deben contar con una plataforma para el desarrollo de la modalidad virtual, sin establecer qué instituciones son las responsables de dotar este mecanismo tecnológico y de garantizar los recursos económicos para el efecto.

De hecho, la disposición final única del decreto señala que “la implementación del presente Decreto Supremo no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación (TGN)”.

Cruz insistió en que todos estos detalles (definición de currícula, de modalidades de educación y disposición de recursos para la dotación de plataformas virtuales) son responsabilidad del Gobierno central, en coordinación con las entidades locales.

Informó que remitió dos cartas al ministro del área, Víctor Hugo Cárdenas, el 5 y 12 de junio, haciendo conocer estas y otras observaciones. Pero que hasta la fecha no hubo respuesta.

“No existe una disposición sobre la dotación de equipos tecnológicos a las y los maestros, estudiantes, sobre el acceso gratuito a internet, diversificación de medios para garantizar la educación en áreas donde no se cuenta con este servicio ni con el servicio de electricidad para el uso de otros mecanismos como televisión y radio; tampoco se conoce sobre la regulación respecto a la reducción de pensiones en unidades educativas privadas, como han demandado madres y padres de familia”, observó Cruz.

La Defensora manifestó que existen aspectos en el Decreto Supremo 4260 que requieren ser revisados y enmarcados en lo que disponen la Constitución Política del Estado, la ley educativa 070 y normativas internacionales que garantizan el derecho a la educación.

También dijo que se observa la ausencia de Estado respecto a la reducción de pensiones escolares en el contexto de la cuarentena, demandada por la comunidad educativa, que en la misma línea liberal, apunta únicamente a la homologación de acuerdos que afectan la economía de los padres y madres de familia y que tendrá consecuencias en el ejercicio del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.

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