Diputados del MAS presentan denuncia penal contra dos ministros

Arturo Murillo, Fernando López y otros dos empleados públicos fueron denunciados por la presunta compra irregular de gases lacrimógenos.
jueves, 4 de junio de 2020 · 22:31

Página Siete Digital

Diputados de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) presentaron este jueves ante el Ministerio Público una denuncia penal contra los ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, además de otras dos personas por cuatro delitos que supuestamente cometieron en la compra de los gases lacrimógenos.

"Interponemos la presente denuncia penal en contra de Carlos Arturo Murillo Prijic, ministro de Gobierno; Luis Fernando López Julio, ministro de Defensa; Sergio Zamora Bascopé, director general de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno; Brayan Samuel Berkman como representante de la empresa Bravo Tactical  Solutions; y  todos  quienes  resulten autores  materiales, intelectuales, coautores y encubridores de estos delitos”, dice la denuncia.

Además, detalla los delitos por lo que son denunciados: “Artículo 146, (uso indebido de influencias), artículo 150: (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas), artículo 154, (incumplimiento   de   deberes). Artículo   221, (contratos lesivos al estado) previstos y sancionados en el Código Penal”.

Sobre el uso indebido de influencias, la denuncia dice que el ministro de Gobierno, a través de Sergio Zamora y Rodrigo Méndez, se contactó con un proveedor intermediario que es Brayan Berkman. El documento aclara que esta persona es hijo de Luis Berkman, amigo de Murillo y se beneficia una tercera persona, de la empresa Bravo Tactical  Solutions con un contrato millonario.

También habla de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y dice que ambos ministros y Zamora —en su calidad de servidores públicos— procedieron a gestionar un contrato con dinero del Estado a través de un intermediario como ser la empresa Bravo Tactical  Solutions, lo que generó el sobreprecio, según el documento presentado a la Fiscalía.

Respecto al incumplimiento de deberes, la denuncia dice que las personas involucradas, “tenían la obligación de verificar si las especificaciones técnicas y el precio referencial cumplían con las normas básicas del sistema de adquisición de bienes y servicios”.

El último delito del cual se acusa es el de contratos lesivos al Estado. Según el documento, esto debido a que “a sabiendas han celebrado un contrato a través de un intermediario causando un grave perjuicio al Estado, toda vez que ellos ya tenían adelantadas negociaciones con la empresa Cóndor y podían haber concluido la compra sin intervención de ningún intermediario”.

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