Ítems y reactivos, entre las 5 promesas incumplidas en 5 meses de la pandemia

Médicos demandan la entrega de puestos de trabajo e insumos para evitar más contagios. Hoy, cuando se cumplen cinco meses de la llegada del virus a Bolivia, el país bordea los 90.000 casos y supera los 3.500 decesos.
lunes, 10 de agosto de 2020 · 01:26

Luis Escobar  / La Paz

La dotación de equipos de bioseguridad, el incremento de  ítems para el sector de salud, la entrega de unidades de terapia intensiva, la provisión de medicamentos y la llegada de  reactivos para tests que permitan detectar el virus son las cinco promesas incumplidas o cumplidas a medias por parte del Gobierno, según médicos y autoridades locales. Hoy, cuando  se cumplen cinco meses de la pandemia,  Bolivia bordea los 90.000 casos y supera los  3.500 decesos.

Para los  médicos, la primera promesa incumplida o que se avanzó a medias en los cinco meses de la pandemia es la dotación de ítems y contratos para el personal de salud. 

“La principal responsabilidad del Gobierno es la dotación de ítems y hasta la fecha no se logró pese a varias convocatorias”, explicó Fernando Romero, el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes). Según el médico, los 310 ítems para La Paz hasta ahora no fueron entregados porque “dicen que aún faltan requisitos”. 

El exsubdirector del Hospital Viedma de Cochabamba  Javier Salinas   coincidió en que la dotación de ítems es un punto inconcluso y un problema urgente que se debe resolver. Hace casi una semana, la Federación de Trabajadores en Salud y el Colegio Médico de Cochabamba reclamaron que hasta la fecha el Gobierno no completó la dotación de los más de 1.200 contratos temporales anunciados en mayo para los hospitales centinela. “No están contratando, los ítems de la Covid-19 que han dicho del ministerio, hasta ahora no hay”, dijo Nelly Maita,  representante  de la Federación de Trabajadores en Salud. 
 
 En su discurso por el 6 de agosto en conmemoración a la fundación de Bolivia, la presidenta Jeanine Añez  informó que se crearon 7.500 ítems para el personal de salud. Sin embargo, según una investigación de Bolivia Verifica, los datos que manejan los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) no coinciden con la cifra que apuntó la mandataria: entre ítems y contratos eventuales sólo hay -a nivel nacional- 5.174 nuevos puestos laborales en el sistema sanitario público. “Según el reporte de los Sedes, en todo el país se han creado 3.096 trabajos temporales para el sector sanitario y 2.078 nuevos ítems”,  añade el estudio.

La segunda promesa incumplida y que se avanzó a medias es la dotación  de 500 unidades de terapia intensiva. El 6 de agosto, la presidenta Añez informó que ya había entregado 400 unidades de terapia intensiva. Pero ayer, después de cinco meses de la pandemia, el Gobierno lanzó una convocatoria para comprar ventiladores para UTIs. “Con la adquisición de los 176 equipos, el Ministerio de Salud busca completar la dotación de 500 respiradores mecánicos para los hospitales Covid-19”, reza una nota de prensa. 

El 14 de mayo, el Gobierno nacional dio una señal de “aliento” con la  llegada de los 170 respiradores. Cinco días después, este hecho  se convirtió  en uno de los mayores escándalos del gobierno de Añez, por el sobreprecio en la compra de esos productos y por su poca utilidad.

  
El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva en Santa Cruz  José Luis Prieto dijo que los 170 ventiladores de emergencia adquiridos por el Gobierno no son los ideales para mantener con vida a un paciente durante varios días de internación en las UTIs. “Es un aparato que puede servir para transporte, para que el paciente sea entubado y trasladado de emergencia”,  explicó. 

Para los médicos, la  carencia de insumos de bioseguridad es uno de los principales problemas en  los cinco meses de pandemia.  “El incumplimiento más terrible y que causó que un tercio del personal se encuentre ahora aislado o con baja médica se debe a que llegaron muy pocos equipos de bioseguridad  a los hospitales. Nos mandaron como ovejas al matadero, todos enfermaron por Covid-19. Muchos colegas no la pasaron bien, nunca hubo un plan de protección al trabajador”, dijo el  representante  del Sirmes. 

El cuarto problema  y que el Gobierno no logró resolver   es el desabastecimiento de medicamentos para los tratamientos  y la atención de los pacientes con Covid-19. . “Hacen falta circuitos de respiración cerrada, circuitos de ventilación mecánica, catéter central y filtros para ventilador mecánico, entre otros equipos. Estos insumos comenzaron a escasear a mediados de julio”, advirtió el secretario general de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. “Faltan desde fármacos elementales hasta los sedantes que necesitamos para tratar a los pacientes  con ventilación mecánica”, añadió.  

La crisis se agudizó en las últimas semanas y se reflejó en las largas filas de ciudadanos en las farmacias. Las personas buscaban Ivermectina, Azitromicina, Ibuprofeno, vitamina C, zinc y otros medicamentos. Este hecho provocó el surgimiento de un mercado negro de Covid. 

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz Ramiro Narváez  reconoció que la “dotación de fármacos  e insumos es un gran problema”. 

Respecto a la quinta promesa incumplida, médicos y autoridades locales apuntaron la constante falta de reactivos e insumos para pruebas de diagnóstico de Covid-19. Por esta situación y la alta demanda, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) de Santa Cruz -laboratorio de referencia del país- colapsó.

“Enviamos las pruebas al Cenetrop     para que nos dé los resultados, pero el promedio de demora es de ocho a 10 días. Sin embargo, desde hace un mes, tardaban 20 días”, dijo el director municipal de salud de Cobija (Pando) Edwin Fernández. 

Ante esta situación, el municipio optó por iniciar los tratamientos sólo con los primeros síntomas o diagnóstico clínico.  Trinidad (Beni) y Montero (Santa Cruz) optaron por el mismo camino ante la falta de insumos. 
 

Tratamientos inmediatos y tomografías,  acciones de emergencia ante la falta de reactivos

Los reactivos de las pruebas PCR para Covid-19 escasean en Santa Cruz, Beni, La Paz, Pando y Cochabamba. Ante esta situación y para evitar decesos,  varias regiones comenzaron los tratamientos en  los primeros síntomas.  En varios casos y por iniciativa propia, varios ciudadanos   optaron por  una tomografía del tórax para identificar si tienen o no el coronavirus.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz  Wilfredo Anzoátegui dijo que la falta de reactivos para las pruebas de Covid-19 es un problema nacional. “Ninguno de los departamentos de Bolivia  encuentra  la cantidad suficiente de reactivos y siempre van a faltar. Ahora no los tenemos, hay reactivos, pero no los necesarios”, explicó.

Jorge Gómez, director del Sedes   Beni, explicó que “sólo en Trinidad se atendió alrededor de 44.000  pacientes”. “Pero nunca tuvimos la capacidad de tomar 44.000  muestras. Entonces, el diagnóstico fue netamente clínico”, apuntó.

Ante el dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, fiebre o malestar general, los médicos ya iniciaban el tratamiento. “Consistía en usar un antigripal e Ibuprofeno que no hace daño, no hace mal. Entonces iniciábamos el tratamiento preventivo mientras teníamos la capacidad de  tomar la muestra, y definir si es positivo o no el paciente”, explicó´.

Esta acción de emergencia también se repitió en los municipios de  Montero (Santa Cruz) y   Cobija (Pando).  

 Por el colapso de los sistemas de salud, en especial de los laboratorios públicos y del seguro social,  muchos  ciudadanos no pueden  acceder a una prueba rápida o PCR para detectar la Covid-19. Ante esa situación, muchos optaron por una tomografía para conocer cuál es el estado de sus pulmones.

En las últimas semanas, decenas de personas hacen filas en los centros médicos para someterse a este examen y saber si están contagiados o no. Para estos estudios, las personas deben pagar hasta 200 dólares, el doble de una prueba PCR.

 

Respiradores, un caso que no avanza

El jueves 14 de mayo, el Gobierno nacional dio una señal de “aliento” con la  llegada de los 170 respiradores al aeropuerto internacional    Viru Viru de Santa Cruz. Cinco días después este hecho  se convirtió  en uno de los mayores escándalos del gobierno de Añez, por el sobreprecio en la compra de esos productos y por su poca utilidad para un país con escasas Unidades de Terapia Intensiva  con respiradores profesionales.

Después de una investigación de Página Siete,  se conoció que los 170 respiradores fueron adquiridos en España  a través de un intermediario. Se  reveló que el Gobierno  pagó por cada respirador básico con accesorios la suma de 28.080 dólares, cuando el costo por unidad directamente de la fábrica es 7.194 dólares.   

 “Cómo es posible que alguien intente robarle a los bolivianos en pleno sacrificio como el que estamos viviendo”, dijo entonces   Añez.   Por este caso,  Marcelo Navajas, exministro de Salud,  y al menos cuatro funcionarios enfrentan a la justicia. Hasta la fecha el proceso no avanza.

Ayer, el Ministerio de Salud del país lanzó la convocatoria  para la adquisición de 176 ventiladores para unidades de terapia intensiva de hospitales que atienden a pacientes críticos con esta enfermedad, según un comunicado de esta cartera.

“Con el objetivo de garantizar la transparencia de ese proceso, el ministerio invitó a los proveedores a presentar cotizaciones”, como requieren las condiciones de ese financiamiento, explicó este departamento.

La compra -según Salud-  busca completar una dotación de 500 respiradores mecánicos para los hospitales que tratan la Covid-19 en el país.
 

Maestros critican que el Gobierno no haya tenido un plan efectivo para la educación virtual
La clausura del año escolar, un golpe a los padres y estudiantes

Verónica Zapana S.  / La Paz

Cuando se cumplen cinco meses del ingreso de la pandemia a Bolivia, estudiantes, padres de familia y maestros coincidieron en que se sienten frustrados porque  las autoridades decidieron clausurar el año escolar y no concretaron  un plan para impulsar y desarrollar  la educación virtual, en especial en el sistema público.

“Yo debía postular a una beca en una universidad privada. Era mi sueño, pero por la pandemia y como el Gobierno determinó clausurar la gestión escolar, no logré completar mis estudios de último año. Ahora nuestra situación es incierta”,  explicó  el secretario de Bienestar Estudiantil de la Federación de Secundaria del departamento de La Paz  Marco Rodríguez. Recordó que las clases presenciales se suspendieron el 10 de marzo.

El estudiante contó que lastimosamente sus padres realizaron un esfuerzo por comprar un equipo tecnológico y adquirir megas para que él pase los cursos virtuales, tal como lo anunció el 6 de junio el ministro de Educación  Víctor Hugo Cárdenas. Pero, un mes después, el Gobierno clausuró clases. “Para nosotros es un perjuicio”, sostuvo. 

Diana Cruz, una joven bachiller, recordó que antes del 6 de junio, las clases virtuales -en su colegio de convenio-  se realizaban “como podían”, algunos días con videos y tareas enviadas vía mensajes virtuales;  además, en algunas ocasiones se pasaban horas frente a la pantalla. “Todo era incierto porque las clases virtuales no eran legales”, sostuvo.

El 6 de junio, cuando Cárdenas presentaba el Decreto Supremo 4260, el Gobierno avalaba no sólo la educación virtual, sino también la de distancia, semipresencial y presencial. Entonces, la autoridad indicó que en 30 días se elaboraría el reglamento de las modalidades de educación y prometió que los maestros podrían inscribirse a cursos para el manejo de plataformas y así dictar clases.

Desde entonces, según el presidente de padres de familia de colegios fiscales y de convenio  César Mamani, todos buscaron la forma de conseguir los aparatos tecnológicos para que sus hijos no se queden perjudicados. “Hemos tenido que comprar los aparatos y comprar internet para que nuestros niños accedan a una educación”, explicó.

Entre tanto, el Ministerio de Educación realizaba convenios con Entel y el Ministerio de Comunicación para que existan rebajas en el pago de las megas y en la instalación de las radios y la televisión estatal para implementar la educación virtual y a distancia. Existía además la promesa de conversar con las empresas privadas como Tigo y Viva para acceder al servicio.

Pero al finalizar julio, el Gobierno informó que se clausuraba el año escolar en los niveles inicial, primaria y secundaria de colegios fiscales, de convenio y privados de todo el país.

  “Eso fue una sorpresa. Nos cayó como un balde de agua fría”,  relató Mamani, quien aseguró que “lamentablemente el Gobierno nunca tuvo un plan concreto para la educación virtual. Todo fue una improvisación”.

Mamani lamentó que el Gobierno se haya hecho la burla de la población con una promesa “que sabían que no cumplirían”. Agregó que su sector presentó un plan para el trabajo virtual, pero jamás fue tomado en cuenta.

El ejecutivo de los maestros Urbanos de Bolivia Vladimir Laura  explicó que su sector también presentó “un plan para mejorar la educación en el país por la época de pandemia” , pero lamentablemente “no fuimos escuchados”.

Aseguró que en las pocas reuniones que tuvieron con el Gobierno, se le solicitó trabajar en el plan. “Pero nunca fuimos escuchados. Por eso creímos desde un principio que ese plan improvisado iba a fracasar”, añadió.

El representante de la Fesdlp Jorge Barrera   dijo   que ellos también solicitaron reuniones con el Gobierno para presentar un plan de formación virtual, pero lastimosamente no fueron escuchados. “Es más, nos botaron del ministerio indicando que no podíamos participar en la reunión con maestros y padres de familia”, dijo.

Este medio intentó conversar con las autoridades de Educación, con el viceministro Limberth Ayarde pero informaron que  se encontraba aislado.

Hace unos días, Ayarde dijo que la educación fiscal “no ha fracasado” e indicó que en adelante permanecerá en esta modalidad de educación y la de distancia porque no se sabe hasta cuándo permanecerá la pandemia en el país. La autoridad resaltó que durante este tiempo se capacitará a los maestros y se mejorará la dosificación de la malla curricular.
 

 

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