Corte anula clausura del año escolar y Gobierno espera la revisión en el TCP

Los padres de familia de los estudiantes de colegios particulares advierten con no permitir la reanudación de las actividades académicas si no atienden sus demandas de rebaja en costo de las pensiones.
jueves, 20 de agosto de 2020 · 01:04

Carlos Quisbert  / La Paz

El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz anuló la resolución por la cual el Gobierno clausuró el año escolar  y dio un plazo de 10 días para que el Gobierno tome determinaciones. El Ministerio de Educación calificó el fallo como “contradictorio y ambiguo”;  anunció que pedirá una aclaración y enmienda,  y esperará la revisión de dicha resolución en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Se instruye a que el nivel central a través del Ministerio de Educación en un plazo no mayor a 10 días hábiles, provea una política pública integral para garantizar por todos los medios el derecho a la educación de todos los ciudadanos en edad de escolarización, tomando en cuenta a todos los actores participantes de la educación. Debiendo asumir su responsabilidad y no evadirla bajo ninguna circunstancia”, cita la resolución de la Sala Constitucional Primera del TDJ.

El fallo causó confusión en los padres de familia de colegios particulares, quienes advirtieron en no permitir que las clases se reanuden si no se atienden sus demandas de rebaja en el pago de pensiones. Por su parte, el magisterio anunció que analizará la determinación que asuma el Gobierno sobre si reanuda las clases y cuáles serán las condiciones y el programa de trabajo.

El Ministerio de Educación, por medio de un comunicado, señaló que la resolución “no es definitiva ni final” porque tiene “contradicciones, ambigüedades y poca claridad”. Anunció que presentaría un “recurso complementario, aclaración y enmienda” para que ese fallo sea revisado por el TCP, en el que esa determinación puede ser “confirmada o revocada”.

La resolución que anuló la clausura del año escolar fue emitida por los vocales Israel Campero y Mirtha Aguilar, de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. Ambos atendieron la acción popular planteada por el padre de familia y abogado Elías Rodríguez, quien fue acompañado en la audiencia virtual por la defensora del Pueblo interina  Nadia Cruz.

También fue parte de la audiencia la diputada del MAS  Lidia Patty quien, pese a los riesgos de la pandemia, solicitó que la reanudación de las clases sea de carácter presencial, denunciaron los padres de familia de colegios particulares.

“La resolución 105/2020 establece dos puntos. El primero es que anula la resolución ministerial 050/2020, del Ministerio de Educación, que clausuraba el año escolar, es decir que se debe restablecer el derecho a la educación”, afirmó Rodríguez.

El abogado explicó que el segundo punto, planteado en el fallo judicial de ayer, es que el Ministerio de Educación debe reunirse con todos los sectores comprometidos en la educación para coordinar las medidas para reanudar las actividades académicas. Esa instancia tiene un plazo de 10 días, “debiendo asumir su responsabilidad y no evadirla bajo ninguna circunstancia”, señala parte de la resolución de la Sala Constitucional.

Ante la resolución, la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados de Bolivia (Anppffcp) advirtió con impedir que sus hijos reanuden las clases  si no se atienden sus demandas, como ser la rebaja del costo de las pensiones  de marzo a julio.

“El fallo no genera la obligación de pago a las madres y padres de familia de colegios particulares de todo el país, sobre las pensiones de marzo a julio. No aceptaremos el reinicio de las clases si no  consensuamos nuestras  demandas con el Ministerio de Educación, pero expresamos nuestra predisposición para participar en los escenarios de diálogo”, sostuvo Israel Quino, representante de Anppffcp.

El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz  Leandro Mamani afirmó a Página Siete  que el fallo es resultado de la pelea “de politiqueros”, que deja como víctimas a los estudiantes y maestros. 

El Gobierno acusa al vocal Campero de actuar políticamente porque “fue designado en varios cargos por Héctor Arce, hombre fuerte del MAS, como subprocurador, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados y asesor constitucional de la Vicepresidencia”. En el comunicado también se señaló que en la audiencia se observó la presencia del  abogado José Antonio Eguino, ex director  jurídico en la gestión del entonces ministro de Educación  Roberto Aguilar y  como abogado de Nadia Cruz, “conocida por su afinidad política con el MAS”.
 

Proceso  penal

  • Fiscalía Elías Rodríguez, abogado y padre de familia que presentó la acción popular por la que se anuló la clausura del año escolar,  afirmó que el fallo también da pie para que la Fiscalía abra un proceso penal “de oficio” contra los responsables de la resolución 050/2020, por la que el Gobierno clausuró la gestión académica el 2 de agosto. 
  • Delitos Este proceso, en criterio de Rodríguez, debe sancionar la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución, cometida por los ministros que firmaron el documento.

 

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