Abrogación de un DS no apaga el fuego, hay 700 mil ha quemadas

Los departamentos afectados por los incendios son Beni y Santa Cruz. Las llamas consumen tierras de uso agropecuario extensivo, forestales y áreas protegidas.
domingo, 20 de septiembre de 2020 · 00:04

Carolina Méndez / Santa Cruz

Parece un dejavú. Hace un año y 24 días, Evo Morales se puso un overol azul y con una mochila extintora fue a la Chiquitanía que ardía por más de dos meses.   Hoy es Jeanine Añez quien ocupa la silla presidencial y es ella quien desciende hasta la zona chiquitana prometiendo apagar el incendio por todos los medios. Nuevamente la misma amenaza, el fuego implacable que muy pocas veces da tregua.

El uso de barbijos y gafas -inevitables en estos días- fue indumentaria ineludible en la zona chiquitana en 2019. El aire contaminado y el humo agitaban la vida cotidiana. Roboré llegó a reportar calidad del aire “extremadamente malo”, se suspendieron  las clases y el indolente fuego no perdonó ni siquiera a las orquídeas. 

Según el informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Bolivia cerró la gestión 2019 con el reporte de 6,4 millones de hectáreas quemadas entre bosques y pastizales. Uno de las peores desastres de los últimos 20 años. Los departamentos más afectados fueron Santa Cruz, Beni, La Paz y Cochabamba.

Tal  siniestro no consiguió, sin embargo, cambiar las dinámicas que propician los incendios forestales: el desmonte, el marco normativo incendiario, las prácticas del uso del fuego  del sector agropecuario, el tardío control y fiscalización, la nula gestión integral del manejo del territorio y hasta la quema descontrolada de basura. 

Hoy nuevamente se corre a apagar el incendio pero  poco se trabaja en prevenirlo. Según Victor Hugo Áñez, director de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), el 95% de los incendios forestales son por actividad humana.

Incendios en la pandemia

Si bien  los incendios de este año están  por debajo de los registros de  2019, la amenaza está latente en los territorios que tienen  vívidas las imágenes de la crisis ambiental. El declive de las cifras de esta gestión se explica, según FAN, por factores climáticos favorecedores, menos sequía y menos helada. Para la ABT tiene que ver con la pausa ambiental que rige desde el 4 de agosto. Sin duda, tuvo relación también  con las restricciones por la pandemia que retrasaron los chaqueos en la zona.

Según el último reporte de la ABT, la afectación este año supera las 700 mil hectáreas a nivel nacional. Beni y Santa Cruz son los  departamentos más afectados. El Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la FCBC  da cuenta de  79.716 hectáreas  quemadas en  el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, 12.761  en el Parque Noel Kempff  y 26.989 en Copaibo .

“Tenemos algunos voluntarios y bomberos que van a la zona a intentar ayudar y no hay recursos para darles alimento, para el combustible, para el transporte. No hay recursos  para que cuando vuelvan del trabajo de campo puedan descansar y tengan un lugar adecuado en el que al menos se puedan bañar”, señala Jhanisse Daza, activista de Ríos de Pie.

Y es que, la amenaza de incendio este año se sobrepone a la crisis sanitaria. Los municipios han ejecutado presupuesto para dar respuesta ante el coronavirus y en este momento varios están en situación precaria. “No entiendo por qué no se declaran en emergencia ante los incendios si muchas alcaldías ya no tienen recursos ni para lidiar contra el coronavirus”,  cuestiona Daza.

El tema sanitario no sólo impacta en el tema económico sino que también es una limitante para reclutar mayor cantidad de voluntarios que hagan labor operativa contra el fuego, señala Ríos de Pie. Los voluntarios no pueden desplazarse hasta los territorios afectados porque necesitan hacerse la prueba de Covid 19 para garantizar que no llevarán el contagio a las comunidades y, según afirman, no hay recursos para ello.

Desde la Gobernación de Santa Cruz se conformó un comité de crisis especializado en atender la emergencia en cooperación con los otros niveles de gobierno, incluida la ABT y el Ministerio de Defensa, asesorados por expertos en fuego y en monitoreo satelital. Cinthia Asín, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, explicó en conferencia de prensa que es necesario direccionar las acciones para no exponer a nadie que por buena voluntad se vea afectado por algún infortunio.

En este momento, militares y bomberos están desplazados en los territorios afectados y el trabajo conjunto entre instituciones, incluso vía aérea, es lo que está conteniendo el daño para que no crezca. El 32% del departamento de Santa Cruz presenta riesgo extremo a incendio forestal.

Del Pantanal a la Chiquitania

Mientras aparecían los primeros casos de coronavirus en el país, Puerto Suarez empezó a enfrentar el fuego. Según el reporte de FAN, en marzo se registraron los primeros focos de incendio en el departamento de Santa Cruz.

Las llamas que poco saben de límites territoriales traspasaron sin permiso la zona fronteriza entre Brasil, Bolivia y Paraguay. Hasta el mes de julio ocasionaron un gran incendio transfronterizo en la zona de El Pantanal, el humedal continental de agua dulce más grande del mundo, considerado el centro de mayor diversidad de plantas acuáticas del planeta. 

Según un reporte presentado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), la evaluación de áreas quemadas detectadas del 1 de enero al 4 de agosto de 2020 en la zona, alcanzaba una superficie de alrededor de 768 mil hectáreas. De ellas, el 19% (147 mil ha) estaba en territorio boliviano, el 11% (86 mil ha) en Paraguay y el 70% (534 mil ha) en Brasil.

La amenaza voraz se trasladó desde El Pantanal a toda la zona norte de la Chiquitania y a parte de los valles cruceños. Hasta el paso viernes había 23 incendios activos entre los municipios de Concepción, San Ignacio de Velasco, San Matías, San Rafael, Postrervalle y Guarayos. Se había logrado controlar Vallegrande, el área protegida de Río Grande y San Antonio de Lomerío.

Bomberos  y voluntarios  precisan recursos.
  Foto: Armada Boliviana

Abrogación a 1 año del ecocidio

  El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) concluyó que en Bolivia se cometió  ecocidio el año 2019. El histórico veredicto condenó lo sucedido durante los incendios identificando a  responsables y señalando que era necesario abrogar la normativa incendiaria que propició el desastre.

“En base a estos antecedentes, los demandantes identifican como autores del delito de ecocidio a las autoridades administrativas, legislativas y judiciales, quienes diseñaron la política, aprobaron el paquete legislativo y, ocurridos los incendios, favorecen a las condiciones de impunidad para los perpetradores”, se lee en la emblemática sentencia.

El paquete legislativo al que se hace referencia incluye al Decreto Supremo 3973, que permitía las quemas controladas para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de Santa Cruz y Beni, y que fue recientemente abrogado esta semana. Esa norma fue promulgada bajo la presidencia de Evo Morales, el 9 de julio de 2019,  no por coincidencia junto a representantes del sector ganadero. Un mes después se descontroló el fuego en la zona chiquitana y pese al clamor social, no hubo un paso hacia atrás sobre ella.

El gobierno de Añez esquivó también inicialmente la abrogación. El 2 de agosto de este año, la ministra de Medio Ambiente y Agua  María Elva Pinkert declaró que se había puesto el tema en la cancha del Tribunal Constitucional Plurinacional al haberse presentado una acción de inconstitucionalidad. Finalmente, este miércoles 16 de septiembre, Añez abrogó el decreto desde la propia Chiquitania en llamas.

Parece un dejavú pero no lo es. Hace exactamente un año y 24 días la Chiquitania ardía sin piedad.  Hoy, el mismo enemigo acecha de nuevo. Es la consecuencia del cúmulo de decisiones que como un búmeran vuelve a golpear cada año en septiembre.

Autoridades  visitan  zonas afectadas en el departamento de Santa Cruz, el miércoles.
Foto: Amdecruz

Otras normas incendiarias vigentes

El Decreto Supremo 3973, que fue abrogado el pasado miércoles,  no es el único ingrediente en el cóctel de normativas que favorecen al fuego en el país. La Asamblea por los Bosques y la Vida identifica al menos tres decretos y tres leyes que avivan las llamas en Bolivia:

- Ley 337 (2013): establece un régimen excepcional de perdonazo para desmontes ilegales.

- Ley 741 (2015): se autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a actividad agrícola y ganadera.

- Decreto Supremo 26075 (2001) Modificado (2019): ampliación de fronteras de producción del sector ganadero y agroindustrial sobre áreas de bosque. Permite el desmonte y las quemas legales en Santa Cruz.

- Decreto 3874 (2019): se autoriza soya transgénica asociada a la producción de biodiésel.

- Ley 1171 (2019): se autorizan quemas para actividades agropecuarias.

Los operativos  }se intensificaron en las últimas semanas.
 Foto:Armada Boliviana

- Decreto Supremo 4232 (2020): se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

El recientemente abrogado DS 3973 permitía las quemas controladas para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de Santa Cruz y Beni,

Para los sectores ambientalistas, no sólo faltan condiciones para los bomberos quienes apagan el fuego, falta además y sobre todo, voluntad política para abrogar las normativas que anualmente lo propician.