El infierno de Juan: vive 3 años acosado por Jhasmani Torrico

El mecánico intentó emprender una marcha desde Cochabamba hasta La Paz para pedir justicia al Ministro del área y al de Gobierno, pero desistió por su familia.
jueves, 11 de noviembre de 2021 · 05:00

Verónica Zapana S.  / La Paz

Desde hace más de tres años, la vida del mecánico Juan Cuéllar no es la misma. Vive  atemorizado y no puede ni dormir porque teme  por su vida y la de sus hijos, debido a que el abogado Jhasmani Torrico,  a quien  denunció por secuestro y lesiones, amenazó con lastimar a su familia.  

Cuéllar pide  la ayuda del ministro de Justicia, Iván Lima. Intentó emprender una caminata rumbo a La Paz, pero desistió  a pedido de su familia. 

El drama de don Juan comenzó en 2018. “Ese año se cumplió el plazo de mi anticrético y la dueña de la casa no me devolvió la plata (20.000 dólares), por lo que  comencé un proceso. La jueza determinó que  me devuelva el dinero y los honorarios de mi abogado. Y justo  en el transcurso de esos días, me secuestraron”, recordó.

El 6 de marzo fue secuestrado y torturado por el abogado Torrico. “Me han hecho firmar un documento  que indica que supuestamente me  devolvieron la plata. No me di  cuenta de que me sacaron  una  foto”, relató y agregó que no recibió  ningún centavo.

Indicó que todo fue planificado porque “esa gente mala” quería decir que devolvió el dinero del anticrético. “Una semana después volví a mi casa, no recuerdo siquiera cómo retorné. Estaba golpeado y todo pegado”, contó la víctima.

Dijo que   recibió  amenazas. “Me indicó que, si lo denunciaba, iban a violar a mi hija, que harían desaparecer a mi familia y que a mi hija menor la partirían”, aseguró.

Por miedo, a los dos días,  envió a su hija al exterior. “Tenía miedo de que algo les pasará  a mis dos hijas. Me amenazaron”, dijo.

El 18 de marzo se armó de valor y presentó su denuncia. Torrico fue detenido  y dos años después fue sentenciado a seis años y seis meses de cárcel por  el secuestro y  las lesiones que cometió contra   Juan.

La Fiscalía no estaba de acuerdo con esa decisión y  solicitó una condena de 13 años por el hecho. Torrico fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Paz, Chonchocoro, y luego fue llevado al hospital, donde permaneció más tiempo. Fue enviado  después al penal de San Sebastián de Cochabamba.

El  viernes, un tribunal de Quillacollo determinó la detención domiciliaria para Torrico, lo que provocó gran preocupación a don Juan  porque ahora teme por su vida. “Durante estos tres años, casi cuatro, vivo con mucha angustia,  temor y  preocupación porque temo por la vida de mis hijas. No quiero que lastimen a alguien de mi familia”, indicó entre sollozos.

Por temor,  “cada vez cambio la línea de su celular y la de su hija” para evitar recibir llamadas de extraños y amenazas.

Dijo  que  él no tiene dinero para conseguir  justicia. “Pero yo no tendría que pagar, porque yo soy la víctima”, aseguró. Relató que en una oportunidad le dijo a la jueza que él no necesita su ayuda.  “Usted tiene que hacer su trabajo y evaluar las pruebas”, recordó.

Aseguró que en pasados días, la  fiscal Faridy Arnez denunció que la medida sustitutiva se dictó pese a que la defensa del procesado no desvirtuó los riesgos para la víctima. Indicó que ahora se apeló la determinación de la jueza. “Aún no he sido notificado para conocer la fecha de la audiencia”, dijo.

Ante esa situación, Cuéllar  explicó  que el  martes intentó realizar una marcha hasta la sede de Gobierno para pedir a los ministros de Justicia y de Gobierno que analicen su caso y que ellos le ayuden para conseguir justicia.

Su  viaje sólo llegó hasta la tranca de Cochabamba porque luego de  recibir la llamada de su familia, no siguió  la travesía.

“He suspendido mi viaje por el  llamado de mi familia, porque corría riesgo de que en el camino algo me podría pasar”, dijo. Imploró a las autoridades anteriormente mencionadas su ayuda. “Pensé también  ir a Sucre para conversar con las máximas autoridades de justicia”, agregó.

Este medio intentó comunicarse con el jurista acusado,  pero no respondió su celular.

En 2019, el exviceministro de Transparencia Diego Jiménez declaró que Torrico lideraba una organización criminal de jueces, abogados y fiscales. Indicó que no sólo torturaba, secuestraba e intimidaba a litigantes, sino que dirigía y manipulaba los procesos desde su estudio jurídico en Cochabamba, Leclere & Asociados.

Dicha organización estaba conformada por cuatro policías, un fiscal y  una vocal del Tribunal Departamental de Justicia, entre otras personas.

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