En 2 años, Justicia ordenó terapia a 4.500 varones violentos, sólo el 19% obedeció

Las determinaciones fueron emitidas sólo por seis fiscalías de las nueve departamentales, el resto no activa la medida por falta de conocimiento de la norma o porque hay incumplimiento de deberes.
lunes, 22 de noviembre de 2021 · 05:00

Leny Chuquimia / La Paz

Desde 2019 hasta marzo de este año, el Ministerio Público instruyó a 4.500 hombres que ejercen violencia  que inicien un proceso de reeducación y resocialización, pero, de ese total, sólo el 19%  cumplieron con la medida, según datos de la Defensoría del Pueblo. La institución señaló que el Estado no cumple con este mecanismo que es parte de la Ley 348.

“El caso del Ministerio Público es preocupante porque  sólo seis de las nueve fiscalías departamentales emiten órdenes para que los agresores entren a  procesos de reeducación. De enero de 2019 a marzo de 2021, las y los fiscales del país instruyeron  a 4.522 hombres violentos  iniciar las terapias, pero sólo el 19%, es decir, 765 de ellos, cumplieron”, manifestó la defensora interina del pueblo, Nadia Cruz.

De acuerdo con el informe defensorial Es con ellos, el 52,9% de las órdenes fueron emitidas por la Fiscalía de La Paz, el 36,8% por la de Tarija, 8,36% por la de  Cochabamba, 1,33% por la de Santa Cruz, 0,4% por la de Beni y 0,1% por la de Chuquisaca. El  bajo porcentaje de cumplimiento de las órdenes es desalentador.

 Para la directora de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez,  urge tocar el tema porque no se puede hablar de luchar contra la violencia hacia las mujeres sin realizar una prevención real. Su institución impulsa el proyecto Hombres de Paz, que  ya rehabilitó  2.600 agresores, de los cuales, sólo siete reincidieron.

“Necesitamos que se rehabilite a los agresores y que se reconstruya su forma de pensar y de vernos como objetos. La sola  criminalización no es suficiente, si revisamos las cárceles, vamos a ver que los casos que llegan a la justicia  son los  feminicidios y   es sólo la punta de la pirámide de la violencia, el resto vive impune. Las autoridades no hacen que se cumpla la ley, menos  las órdenes de terapia”, explicó. 

La responsabilidad no es sólo del Ministerio Público. La 348 da obligaciones a varias entidades de los tres niveles del Estado. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, se evidenció que sólo siete de sus instancias departamentales coordinan acciones con  instituciones públicas y privadas para la rehabilitación.

De enero de 2019 a mayo de 2021, desde  estos entes emitieron 5.391 órdenes de terapias para agresores. Las instrucciones salieron de 79   juzgados, de los 103 que hay en el país. El resto no activa este mecanismo por desconocimiento y omisión de deberes legales por parte de las autoridades jurisdiccionales.

“En estos casos, se ha llegado al extremo de instruir procesos de reeducación con la participación conjunta entre el agresor y la víctima, en total contradicción de la norma y el principio de no revictimización. Preocupa que se le dé al victimario la  opción de elegir a su preferencia el psicólogo”, cuestionó la defensora.

Con respecto al Ministerio de Gobierno, desde la cartera se  informó  que  no se cuenta con una política específica. Sin embargo, a través del Régimen Penitenciario, entre  2018 y 2019,  en 14  de 43 centros carcelarios, se  logró que  464 reclusos  concluyan un proceso  de rehabilitación. Este programa está  dirigido específicamente para victimarios en casos de agresión sexual.

El documento  dice que sólo el 21% de los gobiernos subnacionales tienen políticas públicas para la reeducación y resocialización de los hombres violentos. Entre 2018 y 2021, estas instancias han registrado a 3.441 hombres agresores, cifra que apenas  cubre el 2,5% de los casos atendidos por el Ministerio Público.

“Este panorama no es alentador.  El  Ministerio de Justicia estaría  trabajando en una propuesta para identificar los factores de riesgo que originan la comisión de hechos de violencia contra la mujer. Servirá para elaborar políticas, programas y planes para la reeducación de los hombres violentos”, añadió Cruz.

Agregó que la información recolectada es clara y muestra que, pese  contar con normativa  para que los hombres que ejercen violencia desarrollen procesos de reeducación, los entes estatales no lograron garantizar el cumplimiento de estas medidas que son estructurales.

 


¿Qué dice la Ley 348 sobre la rehabilitación del agresor?
 
La Ley 348  para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia,  en su Artículo 31, contempla la reeducación  de los hombres que ejercen violencia. Pero ésta no se cumple.

Señala  que esta medida será dispuesta  por orden expresa  de la autoridad jurisdiccional competente, con el objetivo de promover cambios en su conducta agresiva. Aclara que  esta  terapia sustituirá la sanción impuesta por los hechos de violencia cometidos.

Estos  servicios de rehabilitación podrán organizarse mediante acuerdos gubernativos –tanto en el ámbito urbano como rural–, en centros ya existentes o en el lugar donde el agresor cumple una sanción penal. Cabe resaltar que no se trata de una conciliación o una terapia familiar, pues   en ningún caso la terapia se prestará junto a la mujer agredida.

Los responsables de estos servicios deberán reportar el inicio, el cumplimiento o incumplimiento del programa o terapia por parte del agresor a la autoridad jurisdiccional competente y al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (Sippase).

Este es uno de los puntos que más observaciones tuvo entre las propuestas para la modificación de la Ley 348. La senadora del MAS Virginia Velasco propuso  que los varones agresores sean enviados a centros de rehabilitación, en lugar de sacar a las mujeres víctimas  a hogares de acogida.
 

 


Cochabamba es  el único referente
 
Según el informe defensorial de una veintena de gobiernos municipales  a los que se les pidió información, sólo cuatro –Sucre, Villa Vaca Guzmán, Cochabamba y El Alto– cuentan con un programa municipal exclusivo  para el tema. De estos, el único que presenta estadísticas  y tiene un buen programa es Cochabamba.

La información proporcionada  por la Alcaldía cochabambina evidencia que, desde 2018 hasta inicios de 2021, se recibió en el programa a 825 hombres que ejercen violencia.

Llamó la atención que  el 45%  haya llegado  de forma voluntaria. La cifra está muy por encima del 26%  que llegó por orden del Ministerio Público o del 21%  que fue derivado por el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM). Únicamente, el 6%  corresponde a la derivación de juzgados.

De los 825 hombres  que ingresaron al programa, el 78%   concluyó el proceso y sólo el 22%  lo abandonó.

“Esto evidencia a priori la efectividad de este tipo de programas”, sostiene el informe defensorial.

En relación con  la edad de los hombres que ejercen violencia, los tres primeros lugares lo ocupan aquellos que tienen  entre 31 y 40 años (43%), los  de 21 a 30 años (37%) y los de entre 41 y 50 años (18%). Respecto al vínculo afectivo entre la mujer víctima y el agresor, en el 36%, son concubinos; en el 22%, exconcubinos; y en un 19%, son esposos.

“También se destaca la información brindada por la Gobernación de Cochabamba. Se indicó que desde 2018 se  realizaron acciones en la formación de profesionales de los  SLIM, de todo el departamento, para el trabajo con las personas que ejercen violencia. Además, se destinó 60.000  bolivianos al tema, entre 2018 y 2020”, detalló Cruz.
 

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